Es el momento de seguir exigiendo desde la calle y ante la Comisión designada para el diálogo sobre la transición hacia la libertad y la democracia, el siguiente pronunciamiento.
La revelación de que Estados Unidos habría recaudado más de 13.000 millones de dólares provenientes del petróleo venezolano, sin que exista información pública y transparente sobre el destino de esos recursos, constituye un hecho de enorme gravedad que exige explicaciones inmediatas. A ello se suma la coyuntura política actual, con la designación por parte de actores internacionales de representantes vinculados a la gestión de estos recursos, lo que incrementa la incertidumbre y la falta de transparencia.
Exigimos la apertura de una investigación internacional independiente que permita esclarecer el origen, administración y destino de estos fondos, así como la publicación íntegra de los mecanismos financieros involucrados, a fin de garantizar la rendición de cuentas y evitar que los recursos del pueblo venezolano continúen siendo manejados sin supervisión ni control democrático.
Mientras se anuncian millonarios ingresos y se habla de una supuesta recuperación económica, los pensionados, jubilados y trabajadores venezolanos continúan condenados a sobrevivir con una pensión y un salario mínimo de 130 bolívares mensuales, congelados desde marzo de 2022 y reducidos, por efecto de la devaluación, a un ingreso incapaz de garantizar siquiera la alimentación o la compra de medicinas.
La opacidad no puede sustituir la rendición de cuentas. Si esos recursos pertenecen al pueblo venezolano, el pueblo venezolano tiene derecho a saber quién los administra, dónde se encuentran y por qué no se reflejan en la recuperación de los derechos sociales de millones de ciudadanos.
Rechazamos que la crisis humanitaria que padecen los adultos mayores y los trabajadores siga ausente de las prioridades de quienes hoy ejercen poder e influencia sobre el futuro de Venezuela.
Han pasado unos cuantos años de luchas y exigencias justas por nuestros derechos humanos y laborales y un silencio criminal ha sido la respuesta del régimen.
La recuperación económica será una ficción mientras la inmensa mayoría de los venezolanos permanezca sumida en la pobreza y privada del derecho a vivir con dignidad.
¡Basta de opacidad! ¡Basta de condenar a nuestros pensionados y trabajadores a la miseria! Venezuela merece transparencia, justicia social y el rescate inmediato de los derechos económicos y humanos de su pueblo.
Hoy, es el momento e instamos a los trabajadores y al pueblo en general, a exigir públicamente por todos los medios cívicos que sean necesarios, a la Comisión designada para el diálogo sobre la transición, representada por el parlamento del 2015 y la ilegítima e ilegal Asamblea Nacional del 2025, incluir en la agenda hecha pública el sábado 1 de agosto:
– La atención inmediata de los derechos laborales y de la seguridad social de los trabajadores activos, pensionados y jubilados, con los cuantiosos recursos existentes, según han anunciado los voceros del tutor y de los tutelados.
– La libertad de todos los venezolanos presos inocentes!
– Respeto a la soberanía popular expresada el 28 J 2024.
Si esta Comisión sirve para atornillar en el poder a quienes lo han usurpado, las señales que están dando no son buenas, se perdió este momento histórico para lograr el cambio definitivo. Por ello, está en nuestras manos lograrlo ejerciendo la presión necesaria para ello.
Comité de DDHH para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores
Es auténtico: Edgar Silva
Costa del Sol