
Las excarcelaciones no han significado el fin del castigo para muchos presos y perseguidos políticos en Venezuela.
A Héctor Ferreira lo encarcelaron durante 3 años y 7 meses. Mientras estaba preso, la DGCIM tomó Universal C.A., la fábrica que su familia había levantado durante casi siete décadas. Fue excarcelado en abril. La empresa todavía no le ha sido devuelta.
José Breijo salió de prisión gravemente enfermo y regresó a su apartamento. Allí encontró viviendo a uno de los policías que había participado en su detención. Recuperó la vivienda después del escándalo, pero prácticamente vacía.
A Williams Dávila le quitaron su vehículo cuando fue detenido en 2024. Tras meses reclamándolo, se lo devolvieron en una grúa: sin cauchos, batería, radio, radiador, asientos y otras piezas.
Y el despojo hasta se exhibe.
Vehículos utilizados por organismos del Estado circulan rotulados con una frase que parece resumir toda una política:
“ESTE VEHÍCULO FUE INCAUTADO POR EL ESTADO VENEZOLANO A UN TRAIDOR”.
Casas ocupadas. Carros desvalijados. Empresas tomadas.
Excarcelar a un preso político no basta.
También tienen que devolverles lo que les quitaron. Y, por supuesto, darles libertad plena y sin restricciones.
