Que el periodismo venezolano agonice no es un accidente climático ni una fatalidad del oficio: Es una política de Estado, deliberada y sostenida, diseñada para impedir que se constituya algo tan incómodo para el poder como una opinión pública sana, fuerte, plural y democrática. Cerrar medios, asfixiar con papel sellado y tribunales, expulsar corresponsales, criminalizar la fuente, cada gesto apunta al mismo objetivo, que no es callar a un periodista en particular, sino liquidar la posibilidad misma de que exista una diversidad de puntos de vista organizada en medios. Eso no es censura de ocasión; es ingeniería institucional.
Por eso el gremio de periodistas no debería negociar matices: Debemos exigir, por encima de cualquier otra reivindicación, la restitución plena de la libertad de prensa y del libre ejercicio de la profesión. Es, junto a la liberación de los presos políticos, la condición mínima -no la deseable, es la mínima- para siquiera pronunciar la palabra «transición». Sin esas dos cosas, lo que se negocia en cualquier mesa no es una transición hacia la democracia, es un reacomodo, un reajuste, una redecoración del mismo espacio de poder, con muebles distintos y el mismo dueño.
Y hace falta algo más, que suele quedar fuera de los comunicados: Un acto explícito de desagravio al periodismo. No basta con que el régimen deje de perseguir; hace falta que el régimen, las autoridades, los liderazgos políticos -oficialistas y opositores por igual- y la sociedad civil organizada reconozcan, en público y sin subterfugios, el daño causado a una profesión que fue tratada como enemigo por ejercer su función. Pedir permiso para informar no puede seguir siendo, en Venezuela, un acto de valentía.
El discurso oficial dirá, como siempre, que aquí hay libertad de prensa, que lo que hay son «medios responsables» y consecuencias legales para quienes «faltan a la verdad»; conviene recordar que ese vocabulario —responsabilidad, verdad, orden— es precisamente el que usan los Estados que quieren decidir qué se puede saber. Mientras ese relato no se desmonte, cualquier diálogo político seguirá siendo un ejercicio de utilería: Se cambia el decorado, pero el país sigue sin poder mirarse a sí mismo con libertad.
Conviene decirlo con la misma precisión con que se denuncia lo anterior. La relación entre el periodismo y el poder no ha sido nunca, en ninguna democracia que funcione, una relación complaciente. Es, por naturaleza, una relación tensa, incómoda y a menudo áspera, el poder tiende a ocultar, y el periodismo existe justamente para destapar. Pero esa tensión no es sinónimo de oposición ciega, visceral o irracional; es una fricción legítima. Un evento “casi institucional”, que obliga a rendir cuentas a quien manda y le exige rigor, no militancia, a quien informa. Esa tensión, cuando se respeta, no debilita a un país, por lo contrario, lo sostiene. Lo que hace el poder en Venezuela no es aprender a convivir con esa fricción natural -como debería hacer cualquier gobierno que se precie de serlo-, sino eliminarla por decreto y por miedo, sustituyendo el contrapeso por el silencio, o por un eco que apenas simula ser un medio.
Los facilitadores de ese oprobio, los malinches ideológicos que han conpirado contra el periodismo libre, tienen asegurado un extenso capítulo en la reedición de un nuevo texto Borgiano, uno que hable de la Historia Mundial de la Infamia, parte II.
*Alfredo Alvarez.*
*CNP 5289* no es un accidente climático ni una fatalidad del oficio: Es una política de Estado, deliberada y sostenida, diseñada para impedir que se constituya algo tan incómodo para el poder como una opinión pública sana, fuerte, plural y democrática. Cerrar medios, asfixiar con papel sellado y tribunales, expulsar corresponsales, criminalizar la fuente, cada gesto apunta al mismo objetivo, que no es callar a un periodista en particular, sino liquidar la posibilidad misma de que exista una diversidad de puntos de vista organizada en medios. Eso no es censura de ocasión; es ingeniería institucional.
Por eso el gremio de periodistas no debería negociar matices: Debemos exigir, por encima de cualquier otra reivindicación, la restitución plena de la libertad de prensa y del libre ejercicio de la profesión. Es, junto a la liberación de los presos políticos, la condición mínima -no la deseable, es la mínima- para siquiera pronunciar la palabra «transición». Sin esas dos cosas, lo que se negocia en cualquier mesa no es una transición hacia la democracia, es un reacomodo, un reajuste, una redecoración del mismo espacio de poder, con muebles distintos y el mismo dueño.
Y hace falta algo más, que suele quedar fuera de los comunicados: Un acto explícito de desagravio al periodismo. No basta con que el régimen deje de perseguir; hace falta que el régimen, las autoridades, los liderazgos políticos -oficialistas y opositores por igual- y la sociedad civil organizada reconozcan, en público y sin subterfugios, el daño causado a una profesión que fue tratada como enemigo por ejercer su función. Pedir permiso para informar no puede seguir siendo, en Venezuela, un acto de valentía.
El discurso oficial dirá, como siempre, que aquí hay libertad de prensa, que lo que hay son «medios responsables» y consecuencias legales para quienes «faltan a la verdad»; conviene recordar que ese vocabulario —responsabilidad, verdad, orden— es precisamente el que usan los Estados que quieren decidir qué se puede saber. Mientras ese relato no se desmonte, cualquier diálogo político seguirá siendo un ejercicio de utilería: Se cambia el decorado, pero el país sigue sin poder mirarse a sí mismo con libertad.
Conviene decirlo con la misma precisión con que se denuncia lo anterior. La relación entre el periodismo y el poder no ha sido nunca, en ninguna democracia que funcione, una relación complaciente. Es, por naturaleza, una relación tensa, incómoda y a menudo áspera, el poder tiende a ocultar, y el periodismo existe justamente para destapar. Pero esa tensión no es sinónimo de oposición ciega, visceral o irracional; es una fricción legítima. Un evento “casi institucional”, que obliga a rendir cuentas a quien manda y le exige rigor, no militancia, a quien informa. Esa tensión, cuando se respeta, no debilita a un país, por lo contrario, lo sostiene. Lo que hace el poder en Venezuela no es aprender a convivir con esa fricción natural -como debería hacer cualquier gobierno que se precie de serlo-, sino eliminarla por decreto y por miedo, sustituyendo el contrapeso por el silencio, o por un eco que apenas simula ser un medio.
Los facilitadores de ese oprobio, los malinches ideológicos que han conpirado contra el periodismo libre, tienen asegurado un extenso capítulo en la reedición de un nuevo texto Borgiano, uno que hable de la Historia Mundial de la Infamia, parte II.
*Alfredo Alvarez.*
*CNP 5289*