Convocados para discutir estrategias por la liberación de los detenidos del régimen, diputados y dirigentes de la coalición vieron desviarse la agenda cuando Freddy Superlano (Voluntad Popular) y Juan Carlos Caldera (Primero Justicia) introdujeron el asunto de la querella radicada en una corte estadounidense. La acción judicial alcanza al diputado Marcano, de PJ, y al integrante de la CAPA Goicoechea, vinculado a VP.
La cita era, en el papel, inequívoca: hablar de los presos políticos. De los nombres que se acumulan en las listas de organismos humanitarios, de las celdas del Helicoide y de Tocorón, de las madres que peregrinan por tribunales venezolanos sin recibir respuesta. Para eso convocaron este fin de semana, en una reunión presencial y de carácter reservado, a un grupo amplio del liderazgo opositor: no solo diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, sino también dirigentes partidistas, voceros del aparato administrativo y figuras de la sociedad civil que orbitan en torno a la coalición. La agenda, según fuentes que pidieron mantener su identidad bajo reserva, llevaba un solo título: libertad para los presos políticos.
La conversación, sin embargo, tomó pronto un desvío. Y el desvío llegó por un atajo incómodo. Fue el diputado Freddy Superlano, de Voluntad Popular —y, según es vox pópuli en los círculos del partido, próximo a Goicoechea—, quien introdujo en la sala la mención de una acción judicial radicada la semana pasada en una corte federal de Estados Unidos. Lo secundó, casi de inmediato, el dirigente de Primero Justicia Juan Carlos Caldera, hombre de la confianza del diputado Marcano y voz reconocida en los debates internos de esa tolda. Entre uno y otro, la reunión que debía concentrarse en los presos del chavismo terminó orbitando alrededor de un expediente abierto en Miami.
Hay algo de elocuente en ese desplazamiento. La demanda, presentada por el dirigente sindical petrolero Iván Freites quien reside en Miami desde hace varios años, tendría como destinatarios al diputado Marcano —de la bancada de Primero Justicia— y al integrante del Concejo de Administración y Protección de Activos Goicoechea, cuya trayectoria lo vincula con Voluntad Popular. Es decir: dos figuras que ocupan posiciones distintas —parlamentaria una, administrativa la otra— en el andamiaje institucional de la AN-2015, pero que pertenecen a las dos toldas centrales de la coalición. Que fueran precisamente un diputado afín a Goicoechea y un dirigente cercano a Marcano quienes plantearan el tema, y no los aludidos directamente, dice mucho sobre la coreografía de defensas cruzadas que opera, en estos casos, dentro de las familias políticas.
Las intervenciones de Superlano y Caldera, según la reconstrucción que ofrecen los testimonios consultados, se ajustaron al guión que ya empieza a perfilarse en los pasillos opositores: la querella sería un intento de litigar en jurisdicción extranjera diferencias que debieron dirimirse en los espacios institucionales de la oposición; una ofensiva judicial impulsada desde Miami contra figuras del propio campo democrático; un ruido inoportuno en un momento en que la prioridad —insistieron— debía ser la libertad de quienes permanecen tras las rejas del régimen. Otros asistentes, según las mismas fuentes, manifestaron su incomodidad con que un asunto de tal calibre se ventilara, aunque fuera de pasada, en una reunión convocada con otro propósito.
La pregunta política, en cualquier caso, quedó flotando en el aire. ¿Qué se ha roto, y dónde, para que un dirigente sindical de la talla de Freites —voz curtida en la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, en las asambleas de refinería y en los enfrentamientos con el chavismo por el destino de la industria— acuda a tribunales estadounidenses para querellarse contra un diputado de Primero Justicia y contra un integrante de la CAPA proveniente de Voluntad Popular? ¿Por qué el camino más expedito hacia una respuesta es el del federal court y no el de la propia Asamblea? ¿Y qué significa que sean los amigos y los hombres cercanos —Superlano por el flanco de Goicoechea, Juan Carlos Caldera por el de Marcano— quienes salgan a poner contexto antes de que los aludidos hablen por sí mismos?
No hubo, hasta el cierre de esta nota, pronunciamiento formal de los aludidos sobre el fondo de la acción, ni de la CAPA como cuerpo colegiado, ni del diputado Marcano ni del integrante de la comisión Goicoechea a título personal. Tampoco hubo declaración pública del demandante. Y tampoco —y esto es, quizá, lo más revelador de la jornada— se alcanzó en la reunión un acuerdo sustantivo sobre el punto que figuraba como único en la convocatoria: la libertad de los presos políticos. Las pantallas mentales de quienes salieron de la sala se llevaron, en cambio, los nombres de Marcano, Goicoechea y Freites, y las preguntas no formuladas que se posaron como una niebla sobre el debate humanitario.
Conviene, en este punto, la prudencia. Toda persona aludida en una demanda tiene a su favor la presunción de inocencia, y los argumentos que se ventilarán en sede judicial deberán probarse con el rigor que esa instancia exige. La reunión de este fin de semana no fue un juicio, ni pretendió serlo. Fue, más bien, una de esas asambleas en las que las familias políticas se descubren —incluso cuando intentan hablar de otra cosa— mirándose el rostro sin reconocerse del todo.
Quedan abiertas, mientras tanto, las preguntas que la sala no contestó. ¿Qué hechos concretos motivaron al sindicalista petrolero a buscar tutela en una jurisdicción extranjera? ¿Qué responderán los aludidos —el diputado Marcano por Primero Justicia, el integrante de la CAPA Goicoechea por el flanco vinculado a Voluntad Popular, y la propia comisión— cuando la causa avance y los argumentos deban ofrecerse no ante dirigentes afines, sino ante un juez federal? ¿Y qué dirá, llegado el momento, una opinión pública venezolana acostumbrada a ver cómo las disputas internas de su clase política terminan resolviéndose lejos de casa, en idiomas y tribunales que no son los suyos —mientras los presos políticos siguen, ellos sí, esperando una respuesta que no llega?
Por ahora, la reunión cerró sus puertas y guardó silencio. Pero el expediente, en algún juzgado de Florida, sigue su curso. Y los expedientes, a diferencia de las reuniones reservadas, hablan tarde o temprano.