La política de regularización migratoria del gobierno de Iván Duque sentó las bases para una política de Estado respecto a la crisis humanitaria en Venezuela. Aunque el rezago que dejó Gustavo Petro y el discurso de Abelardo De la Espriella le ponen frenos a la integración. Venezolanos hacia Colombia 2017.
La migración no fue un tema de la contienda electoral por la Presidencia de Colombia en 2026. De las 14 fórmulas presidenciales iniciales solo una lo incluyó someramente en su propuesta de gobierno, y ninguna de las que pasaron a la segunda vuelta. La integración de la población venezolana no fue un tema de la campaña como lo fue en 2018. Se repitió lo ocurrido en 2022: la fuerte polarización excluyó el tema migratorio.
Pero el reto de la integración migratoria no ha terminado. La falta de gestión de la administración de Gustavo Petro (2022-2026) deja un saldo negativo: 849.774 migrantes en condición irregular, el 29,80% de los venezolanos en Colombia. De ellos, 193.679 son niños, niñas y adolescente (NNA), el 6,79%, que aún tienen derecho a la regularización en el marco del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), la política pública diseñada por el expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022). El dato es extremadamente preocupante en un país en el cual el reclutamiento de menores por organizaciones criminales creció el 300% desde 2023 según los datos de Human Rights Watch.
El nuevo reto migratorio
A lo que se suma que antes de 2031 los venezolanos regularizados por el Estatuto deberán transitar al sistema ordinario y adquirirán derechos políticos para participar en elecciones locales de Alcaldes y Concejales. Esto representa un gran debate político y un gran desafío para el proceso de integración si se tiene en cuenta que la migración venezolana llega a representar en Puerto Santander el 56,90% de la población; el 51,81% en Arauca; el 43,07% en Puerto Carreño; el 33,6 % en Santa Fe de Antioquia y el 31,51% en Tibú.
El reto en materia migratoria para el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella es grande: retomar la ruta de la regularización migratoria, proteger a los NNA y construir el marco de transición del Estatuto al sistema ordinario orientando a la nación frente a los derechos políticos que adquiere la población venezolana y que les permitirá participar por primera vez en las elecciones de alcalde y concejos de 2031.
Por el momento, las señales no son positivas. El nuevo presidente se decanta por una narrativa y discurso que criminaliza la migración. Existe en la población regularizada un temor fundado de que se revierta el ETPV, como sucedió en EEUU con las medidas extraordinarias de protección. No obstante, el sistema judicial colombiano es garantista y la Corte Constitucional, a diferencia de la Corte Suprema estadounidense, ha protegido a la población en condición de movilidad humana.
Una política migratoria de Estado
El ETPV ha regularizado a 1.971.195 personas: el 53,32% son mujeres, el 31,40% son NNA, el 3,10% son adultos mayores y el 46,80% son hombres entre los 18 y los 59 años. Se trata de la política de regularización más exitosa de la región. Pero dicha política no puede ser vista solo como un acto de solidaridad de la sociedad colombiana o de altruismo de sus autoridades, que lo es. En realidad, es la respuesta lógica y pragmática ante los retos y desafíos de la emergencia humanitaria.
Colombia y Venezuela comparten una compleja frontera de 2.219 kilómetros de extensión. A pesar de los intermitentes cierres de los pasos fronterizos entre 2015 y 2022, mueve entre 35.000 y 75.000 personas diariamente. Son ciudadanos de ambos países que van y vienen por vínculos familiares, por motivos de estudio o trabajo, o para adquirir bienes y servicios. Es una de las fronteras más dinámicas del mundo y la más dinámica de Suramérica.
La diáspora venezolana comenzó con la llegada misma de Chávez al poder en 1999 y la transformación del sistema político. La migración se agudizó tras la expulsión de colombianos y sus familias venezolanas en agosto de 2015, y alcanzó su mayor pico en los años 2018 y 2019. No obstante, la migración no se ha detenido, ni los venezolanos están regresando a su país. Entre 2021 y 2024, una parte de la población venezolana que estaba en Chile, Perú, Ecuador y Colombia buscó llegar a EEUU por la ruta de la selva del Darién, entre Colombia y Panamá. Su principal destino ya no es EEUU, sino España, con todo y océano de por medio.
En Colombia vivían 23.573 venezolanos en 2014 frente a los 2.851.721 con corte a agosto de 2026, según los datos que la Bitácora Migratoria recolectó de Migración Colombia. Para agosto de 2025 eran 2.831.561, es decir, que en el último año hay un crecimiento moderado del 0,71 % (20.160 migrantes más). Es una cifra nada menor si se tiene en cuenta que el crecimiento demográfico de Colombia para 2025 es del 0,54 %, con un aumento neto aproximado de 352.000 personas.
Tres aportes de la regularización
Primero, la regularización permitió sincerar los datos en 2023. Antes del Estatuto, la autoridad migratoria estimaba que la población venezolana en Colombia era de 1.729.537 migrantes para finales de 2020. Al finalizar el Estatuto para los mayores de edad en noviembre de 2023, el Estado colombiano sabía que la población migrante en el país era de 2.875.743 venezolanos, el 5,50 % de la población para ese año.
Segundo, el Estatuto logró la plena identificación de los migrantes que se acogieron a la medida. El proceso se dividió en tres fases: registro y encuesta virtual, reconocimiento presencial y entrega del documento de Permiso por Protección Temporal. En la segunda fase, los venezolanos registraron sus huellas dactilares, se les tomaron fotografías y se reconoció su firma. La mayoría de ellos estaba en situación irregular y un número importante carecía de un documento o número de identificación en el país. Pasaron del anonimato a la plena identificación dándoles acceso al paquete de derechos sociales y económicos del Estado colombiano y haciéndolos responsables de todas sus obligaciones.
Tercero, con el Estatuto, Colombia inició un proceso de integración migratoria caracterizado por la acogida de la población venezolana en las comunidades de los diferentes territorios y municipios del país, no exento de dificultades y desafíos. La migración no es un tema pasajero ni de corto plazo: la población que ha llegado de Venezuela se suma a una sociedad que no tenía tradición de recepción migratoria. Mientras que en otros países la migración se ha convertido en motivo de ruptura política y radicalización, en Colombia la tensión política en torno a ella fue mínima en comparación con Chile, Perú o Ecuador. La integración es parte de un cambio profundo del que la mayoría de las veces no se es consciente.
Si bien la política migratoria no ha cambiado, las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella han propiciado que las acciones adelantadas por autoridades y responsables de temas migratorios del nivel local tengan efectos negativos sobre los migrantes en condición de irregularidad. Ya se están presentando operativos de expulsión sin el debido proceso en la zona de frontera, en el área metropolitana de Cúcuta, capital de Norte de Santander. Esto ha generado en los migrantes irregulares el temor a desarrollar sus actividades cotidianas e incluso a llevar a sus hijos a las instituciones educativas. Lamentablemente, como ha sucedido en otros países de la región, entre ellos el Perú, cuando el discurso de las autoridades usa narrativas criminalizadoras de la migración, los responsables se extralimitan en sus funciones y alimentan la persecución, dando lugar a brotes de xenofobia y aporofobia.
Vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, coordinador de la Bitácora Migratoria y el Radar Colombia Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, y profesor de la Universidad de la Sabana.
La entrada ¿Cambia la política migratoria de Colombia con De la Espriella, por Ronal Rodríguez se publicó primero en Emisora Costa del Sol 93.1 FM.