Yajaria Gil
La Plaza Vargas y la ribera del Manzanares no son un espacio cualquiera. Son entorno ambiental y paisajístico protegido del Centro Histórico de Cumaná, ciudad candidata a Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO.
Cuando talan sus árboles y pretenden cementar la ribera sin la autorización del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), no están “revitalizando”. Están violando la ley.
Los argumentos legales que el gobierno no puede esquivar:
1. El IPC es una instancia de consulta previa OBLIGATORIA.
Toda intervención en bienes culturales inscritos en el Registro General del Patrimonio Cultural debe ser previamente autorizada por el IPC. No es un trámite opcional. No se puede sustituir con permisos del Ministerio de Ambiente, la Alcaldía o la Gobernación. Artículo 21 de la normativa del IPC, Resolución N° 004 del 09-04-03 (G.O. N° 37.685).
2. Los permisos ambientales no cubren la protección patrimonial.
Aunque el gobierno muestre permisos de tala del MINEC o de la Alcaldía, esos documentos no reemplazan la autorización del IPC. La protección del patrimonio cultural es una competencia concurrente pero autónoma. La tala en la ribera del Manzanares, dentro del área histórica, requiere aprobación específica del IPC.
3. La tala sin autorización es un delito ambiental.
La Ley Penal del Ambiente sanciona la modificación o destrucción de bienes protegidos con prisión, multa y desmantelamiento de la obra. En áreas naturales protegidas o de valor paisajístico, la alteración o destrucción de la flora se castiga con prisión de 2 meses a 1 año o multa de 200 a 1.000 UT (Artículo 40).
4. La comunidad ya alzó la voz.
El grupo Cumaná Verde denunció la tala de árboles de 40 años sanos y criticó que se sustituya áreas verdes por cemento. La organización Los habitantes organizados del Centro Histórico de Cumaná manifestó su “más enérgico rechazo e indignación” ante la tala en Plaza Vargas y la amenaza de un terminal turístico en el Manzanares.
5. La respuesta oficial es contradictoria.
El secretario de Gobierno de Sucre, Daniel Ruiz, dijo que hay una “comisión permanente” con biólogos y ecologistas para supervisar las labores. ¿Dónde está esa comisión? ¿Dónde están los informes técnicos públicos? ¿Dónde está la autorización del IPC?
Exijamos:
· Suspensión inmediata de toda tala y obra en la ribera
· Presentación pública de la autorización del IPC
· Estudio de Impacto Ambiental completo
· Redoblamiento con las especies eliminadas
· Responsabilidad de quienes ordenaron el daño
No necesitamos esperar una carta de París. La ley venezolana ya está de nuestro lado.
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