Desde la vaguada de 1999 y ahora con el reciente doblete sísmico del pasado 24 de junio, los habitantes de El Junquito suman 26 años de calamidades continuas. Han sido generaciones sumidas en el sufrimiento sin que las promesas del «socialismo del siglo XXI» les hayan brindado una solución habitacional real y definitiva.
Hoy en día, la realidad es desoladora: una parte de los afectados malvive en carpas chinas de plástico, mientras que otra sobrevive en el denominado «Gran Hotel». Esta última es una estructura insalubre catalogada arbitrariamente con «etiqueta verde» por las autoridades, aunque la evidencia física demuestra un riesgo rojo e inminente. Se trata de una edificación digna de una película de terror: húmeda, infestada de moho, minada de grietas estructurales y totalmente contaminada, convertida en un foco permanente de enfermedades respiratorias.
Esta asignación técnica resulta insostenible frente a los hechos. El informe elaborado por las autoridades cualificadas carece de rigor y profundidad, omitiendo la gravedad real que azota a la comunidad. Al emitir un diagnóstico vago e impreciso, las instituciones omiten dar una respuesta contundente ante el evidente deterioro de los hogares y de la estructura del Gran Hotel, donde se hacinan múltiples familias mientras otras subsisten en carpas. Esta omisión deliberada viola de manera flagrante los Derechos Humanos fundamentales de los habitantes a una vivienda digna, a la salud y a la integridad personal.
Entre las carpas y el edificio sobreviven unas 26 familias (102 personas en total), incluyendo cuatro familias provenientes del sector Barrio La Toma. A pesar de la gravedad del escenario, las autoridades locales y municipales ni siquiera se han asignado la tarea de censarlas, escudándose bajo el pretexto de la «etiqueta verde». Esta actitud constituye una muestra flagrante de negligencia, inobservancia e insensibilidad humana.
Recientemente, la ONG Techo se presentó en el lugar con la disposición de instalar módulos provisionales cómodos e higiénicos para aliviar la emergencia. Sin embargo, debido a una disputa territorial sobre la propiedad del terreno entre particulares y el Estado, la ayuda no pudo concretarse, dejando a los afectados en total desamparo.
Mientras tanto, estas familias continúan padeciendo la inclemencia del calor, las lluvias y el frío de la montaña, viviendo prácticamente a la intemperie, mientras la cúpula del Estado mira hacia otro lado.
Coordinador General Red Verde Caracas.
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