Exigir la publicación en detalle del contrato petrolero firmado entre Delcy Rodríguez y la administración Trump, debe la sociedad civil unida, siendo esta una de las demandas en las que coincidieron la abogada constitucionalista Mariana Campos, el economista José Guerra y el diputado Stalin González, ponentes invitados al conversatorio Diálogos Petroleros: Análisis crítico del nuevo tablero de acuerdos entre Venezuela y Estados Unidos, que se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela.
Para el jefe del Grupo Parlamentario Libertad, abogado y especialista en comercio petrolero, Stalin González, es necesario que prevalezca la transparencia sobre las negociaciones internacionales por crudo, a once días de haberse anunciado el acuerdo y siete de su firma, y que haya claridad sobre su naturaleza como tema de interés nacional para que sus alcances sean debatidos en la Asamblea Nacional.
¿Cuál es el contenido de ese contrato? ¿Qué es lo que dice ese contrato? Porque creo que hay que separar los titulares de prensa de lo que dice el contrato, porque lo que hay son cosas que ha publicado la Casa Blanca; Jorge Rodríguez dijo lo de las regalías y es el único que ha hablado de eso (…) Aquí lo que hay que hacer es una campaña para exigir la publicación de ese contrato, porque ciertamente hay un tema en la Constitución sobre los contratos de interés nacional: si el comprometer el 20% de las reservas no es un contrato de interés nacional, entonces, qué es un contrato de interés nacional, planteó el parlamentario.
González advirtió que, entre las deudas de transparencia del gobierno venezolano con la gente, está el Presupuesto de la Nación, que sin duda también será impactado por los ingresos petroleros que se generen por los acuerdos internacionales recientemente suscritos. Ese presupuesto ha sido exigido en tres oportunidades por diputados de la fracción Libertad, sin respuesta.
Por su parte, la abogada constitucionalista Mariana Campos aportó precisiones legales sobre los artículos de la Constitución y la normativa que rige la industria petrolera venezolana, para advertir que la opacidad en el manejo de este acuerdo petrolero no permite saber en qué medida los venezolanos se beneficiarán del mismo.
Vemos que el artículo 150 de la Constitución nos habla del Estado contralor, un Estado que se controla a sí mismo a través de la independencia de poderes. Ahí vemos lo que se ha hablado sobre las aprobaciones y autorizaciones de los contratos de interés público (…) es un negocio que guarda relación con el interés nacional. Los contratos de interés nacional deben pasar por la Asamblea Nacional para ser válidos, en los casos que determine la ley; en la Constitución del 1961 no era así, ahí en todos los casos debía pasar por la Asamblea Nacional. Esto despojó, de alguna manera, a la Asamblea Nacional de la aprobación de los contratos de interés público. (…) Con el tema de las regalías y de los impuestos se observa un alto grado de discrecionalidad del Ejecutivo a través del ministerio con competencia en hidrocarburos. (…) Creo que tenemos una tarea importante de informarnos, creo que tenemos una tarea importante de hacer control ciudadano sobre los asuntos públicos. No sabemos cuáles son los términos de este contrato, de la transferencia tecnológica a Venezuela, los términos laborales para los venezolanos y cuál es el beneficio para la nación que pudiera tener este acuerdo, dijo la abogada Mariana Campos.
La intervención del economista José Guerra fue un análisis con interesantes expresiones en cifras que permitieron a la audiencia, conformada por estudiantes, profesores, autoridades universitarias y representaciones de las embajadas de Francia, Turquía y la Unión Europea, poner en perspectiva las ganancias que dejará ese convenio para el país.
Esta es una oportunidad para Venezuela (…) Venezuela tiene todas las condiciones, esa oportunidad no la podemos perder. Gana Estados Unidos abastecimiento seguro, en un país que no tiene conflictos políticos como otros países donde hay problemas tribales, ese conglomerado de problemas que mantiene cerrado el Estrecho de Ormuz, aquí no existe. El petróleo sale sin problemas por el mar Caribe rumbo a Estados Unidos, eso es claramente una ventaja del acuerdo. Y, en tercer lugar, aumentan los ingresos fiscales, aunque no en la cuantía en que están diciendo. Si usted divide 220.000 millones en participación fiscal entre 25 años le da ocho mil y tantos millones de dólares. Es un monto importante, pero no es el boom petrolero de los 70, explicó José Guerra.
Aunque prevalecieron las demandas de transparencia en las intervenciones de los invitados a este evento, también sostienen que definitivamente es un avance en la recuperación económica del país y de su principal industria, hacia el desarrollo.
Prevén que esta nueva etapa en las relaciones comerciales por crudo entre Venezuela y Estados Unidos también va a requerir cambios que se deberán impulsar desde la Asamblea Nacional en los próximos meses en materia de energía eléctrica, la Ley del Trabajo, Ley de Impuesto Sobre la Renta y otras relacionadas con los cambios que producirá el nuevo ingreso petrolero.
El problema venezolano no va a ser una disputa por la producción petrolera, va a ser por la distribución de la renta petrolera. (…) Nunca más la política petrolera de 1999 al 2017, que despilfarró en exportaciones petroleras un trillón cincuenta mil millones de dólares en subsidios, en bodegas, supermercados, vendiendo comida regalada perdidos, empresas tomadas quebradas, impagos, hoy no podemos pagar la deuda. Nunca más un acuerdo petrolero en el que los ingresos no le lleguen al pueblo venezolano, precisó el economista José Guerra.
Juan Bautista Salas – El Impulso
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