Imagen de la reunión vía zoom de los representantes de los medios de comunicación venezolanos con Dinorah Figuera. Las peticiones están contenidas en un documento consignado a los parlamentarios en el que se insiste en la restitución de las garantías para la libertad de expresión, comenzando por el fin de los bloqueos digitales y del hostigamiento penal contra periodistas.
Medios de comunicación le solicitaron a la oposición en la mesa de diálogo restituir garantías para la libertad de expresión.
Levantamiento de bloqueos, amnnistía y sobreseimiento penal, reforma del marco normativo, transparencia económica y fiscal y seguridad jurídica en las concesiones solicitaron representantes de los medios de comunicación nacionales y regionales durante una reunión con la diputada Dinorah Figuera y demás opositores en la mesa de negociación o diálogo. En el encuentro participaron directivos de nueve portales regionales, seis medios nacionales y de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión.
Estas peticiones están contenidas en un documento consignado a los parlamentarios. En el escrito se exponen cinco medidas conducentes a la restitución de la libertad de expresión, comenzando por el fin de los bloqueos digitales y del hostigamiento penal contra periodistas. También se solicita el cese de las intervenciones administrativas en Venezuela de organismos nacionales y municipales contra los medios de comunicación.
Se trata de la solicitud de varios medios de comunicación sometidos a censura mediante restricciones de acceso, cierre administrativo, persecución penal y asfixia económica. Aspiran la incorporación a la agenda de la Mesa de Negociación, de cinco medidas de restablecimiento de la libertad de expresión, con sus criterios de verificación.
Cinco exigencias de los medios ante la mesa de negociación
El documento establece cinco puntos, considerados claves para el restablecimiento de las garantías informativas, jurídicas y económicas para los medios en Venezuela:
1. Levantamiento de bloqueos web: Se pidió influir para poner fin a la presión de Conatel a los 7 proveedores de internet para que bloqueen a 56 medios y 93 dominios.
2. Amnistía y sobreseimiento penal: Cese de causas y medidas cautelares contra al menos 8 trabajadores de la prensa judicializados.
3. Reforma del marco normativo: Derogación de los artículos 27 y 33 de la Ley de Responsabilidad Social y tipos penales de la Ley contra el Odio.
4. Transparencia económica y fiscal: Papel prensa en lista de bienes prioritarios, cese de cierres tributarios y publicidad oficial transparente.
5. Seguridad jurídica en concesiones: Supresión de la revocatoria discrecional de radio y televisión abierta y regulación de cadenas oficiales.
Nutrida participación
El encuentro contó con la participación de la presidenta del parlamento, Dinorah Figuera, acompañada por los diputados Marianela Fernández, Alfonso Marquina, Marco Aurelio Quiñónez, Juan Miguel Matheus, Julio César Moreno y el secretario Marco Bozo. Por el sector informativo acudieron representantes de los medios de comunicación y organizaciones gremiales: Jesús Ramírez y Rory Daniel Branker por el portal La Patilla; Gabriel Bastidas por Monitoreamos; Gustavo Roche en representación de El Nacional; Leonardo Trechi por el canal digital VPI TV; y Rubén Ramsés por El Diario.
La representación regional e institucional estuvo integrada por Gisela Carmona, en representación del diario El Impulso del estado Lara; Maximiliano Vásquez y Omaira Labrador, por La Nación del estado Táchira y la región de los Andes; Carolina González, por El Carabobeño del estado Carabobo; Alicia Estaba, por el Correo del Caroní del estado Bolívar; Atilio Yánez, por La Mañana del estado Falcón; representación de El Tiempo del estado Anzoátegui; Carlos Pinto, por Yaracuy al Día del estado Yaracuy; Layisse Cuenca, por Diario de Los Andes; y Desirée González, directora de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión.
Restricciones y obstáculos
Los voceros expusieron que las restricciones al discurso público en el país se aplican predominantemente por la vía administrativa sin sentencias judiciales firmes ni procesos contradictorios, citando que cerca de 28% de las violaciones registradas en los informes de monitoreo corresponden a hostigamientos y medidas burocráticas.
Registros técnicos documentan 56 medios bloqueados mediante 93 dominios en siete proveedores de internet: la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), Movistar, Digitel, Inter, NetUno, Airtek y G-Network. Asimismo, recordaron que organizaciones de derechos humanos documentaron al menos 25 trabajadores de prensa privados de libertad durante 2025 y que, tras la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero de 2026, al menos ocho comunicadores continúan judicializados o sometidos a medidas cautelares.
El petitorio consignado ante la comisión legislativa comprende cinco solicitudes fundamentales con mecanismos de comprobación independiente: la primera petición exige que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) instruya a los operadores de telecomunicaciones el levantamiento de todos los bloqueos.
El escrito especifica que el bloqueo de un sitio informativo es una restricción previa y general, aplicada sin acto administrativo motivado, sin notificación al afectado y sin recurso disponible. “Se ejecuta, además, sin invocar públicamente norma alguna, de modo que el medio afectado no puede conocer bajo qué disposición se le restringe ni ante qué instancia impugnarla”.
Insistieron en que Conatel se abstenga de emitir órdenes de censura sin orden judicial firme, comprobable mediante mediciones técnicas independientes de conectividad en toda la nación.
Causas abiertas contra periodistas
La segunda medida demanda la aplicación uniforme de la Ley de Amnistía a las causas abiertas contra periodistas y trabajadores de la prensa por hechos derivados de su labor informativa, con el sobreseimiento definitivo de los expedientes, el cese de las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país, la excarcelación de quienes continúan recluidos y la publicación de los criterios de asignación judicial del beneficio, verificable mediante una relación nominal de expedientes y tribunales.
La tercera petición solicita la derogación de los artículos 27 y 33 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos —que constituyen el fundamento jurídico para bloquear páginas web y sancionar a intermediarios por contenidos de terceros. También disposiciones punitivas del artículo 20 de la Ley Constitucional contra el Odio, la Ley Libertador Simón Bolívar, la Ley contra el Fascismo, la Ley Antibloqueo y la Ley de Fiscalización de Organizaciones no Gubernamentales, sustituyéndolas por un régimen de responsabilidad limitada que dependa de mandatos judiciales firmes.
Concesiones del espectro radioeléctrico
La cuarta solicitud plantea la supresión de la discrecionalidad sobre las concesiones de radio y televisión abierta, eliminando las causales de revocatoria fundadas en contenidos del artículo 29 de la legislación audiovisual para fijar un catálogo taxativo de faltas técnicas, la publicación del registro oficial de operadores autorizados con sus fechas de vencimiento y el cumplimiento de los límites legales sobre la transmisión obligatoria de cadenas oficiales.
La quinta petición reclama transparencia mediante la publicación de un registro oficial de las fiscalizaciones practicadas contra medios por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), inspectores laborales y superintendencias de precios, así como la revisión de clausuras como la impuesta al diario La Voz en el estado Miranda; la restitución del papel prensa como insumo prioritario de importación con asignación general de divisas sin intermediación obligatoria del Complejo Editorial Alfredo Maneiro; y la publicación de los criterios y montos de asignación de la publicidad del Estado.
Los firmantes dejaron constancia ante los delegados de que estas salvaguardas institucionales deben regir y obligar por igual a cualquier administración pública futura, comprometiéndose los medios de comunicación a acatar los estándares legales en idénticos términos.
Con información de El Impulso
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