La dolarización en Venezuela no se puede improvisar, por Benjamín Tripier

Análisis de entorno.

Este análisis retoma y actualiza tres planteamientos desarrollados previamente: la dolarización total es técnicamente posible, pero no puede ser un atajo aislado; la opción superior es una secuencia institucional que debe comenzar con legitimidad política y estabilización fiscal; y la diferencia decisiva no es solo usar el dólar, sino quién define el régimen, el tipo de cambio y las condiciones de transición

El dólar ya domina una parte de la economía, pero formalizarlo exige una tasa de conversión transparente, respaldo financiero, disciplina fiscal y un gobierno con legitimidad para sostener las nuevas reglas.

Este texto actualiza y articula planteamientos previos, como parte de una línea de pensamiento consistente y propositiva. Por eso los invito a revisar mis análisis anteriores sobre este tema:

La discusión sobre dolarización volvió al centro del debate venezolano; no porque exista una decisión oficial de Caracas o de Washington, sino porque la pérdida de funcionalidad del bolívar y la extensión del dólar en la economía cotidiana han vuelto inevitable discutir cuál debe ser el régimen monetario de la reconstrucción.

Este análisis retoma y actualiza tres planteamientos desarrollados previamente: la dolarización total es técnicamente posible, pero no puede ser un atajo aislado; la opción superior es una secuencia institucional que debe comenzar con legitimidad política y estabilización fiscal; y la diferencia decisiva no es solo usar el dólar, sino quién define el régimen, el tipo de cambio y las condiciones de transición.

No se trata, por tanto, de repetir un debate entre “dólar sí” o “dólar no”, sino de diseñar una salida monetaria que estabilice precios sin hipotecar la soberanía, la producción o la legitimidad futura.

Venezuela ya opera en un régimen híbrido donde el dólar es referencia para precios, ahorro, contratos y bienes de mayor valor, mientras el bolívar conserva curso legal y concentra pagos de salarios, pensiones, impuestos, tarifas públicas y buena parte de las transacciones de bajos ingresos.

La tasa oficial se ha depreciado desde 301,37 bolívares por dólar al inicio de 2026 a cerca de 790 bolívares por dólar a finales de agosto; esa pérdida de valor confirma que la convivencia actual entre monedas no constituye, por sí sola, un programa de estabilización.

El problema decisivo: Tipo de cambio y respaldo en dólares

Una dolarización formal exige fijar una tasa de conversión única entre bolívares y dólares. Esa tasa debe determinar cómo se redistribuye riqueza entre trabajadores, pensionados, empresas, bancos, deudores, acreedores y Estado. No es un parámetro técnico menor, sino que es la decisión patrimonial más importante de toda la reforma.

Si la conversión se fijara a un tipo de cambio “demasiado apreciado” —menos bolívares por dólar que el valor de mercado— se encarecería artificialmente la economía transfiriendo pérdidas al Banco Central, al fisco o a quienes no tienen acceso a divisas. Se estimularía la importación, se perjudicaría la producción nacional y se correría el riesgo de que los dólares disponibles salgan rápidamente del sistema.

Ahora, si se fija a un tipo de cambio “demasiado depreciado” —más bolívares por dólar que el valor de mercado— se licúan salarios, pensiones, depósitos y obligaciones denominadas en bolívares, y la reforma puede alcanzar equilibrio contable, pero a costa de profundizar pobreza y devaluar aún más los activos de quienes ya tienen menor protección.

Por eso, el tipo de cambio de conversión no debe ser una decisión política discrecional ni el resultado de una imposición externa. Debe partir de una auditoría completa de la base monetaria, depósitos bancarios, pasivos del BCV, reservas utilizables, activos externos líquidos y flujo de divisas; y también reconocer el precio efectivo al que transan hogares, comercios y empresas, y no solo una cotización oficial administrada.

La economía venezolana no necesita “comprar todos los bolívares” con billetes físicos. Debe garantizar que los bolívares convertibles —efectivo, depósitos, reservas bancarias y pasivos monetarios— puedan transformarse en dólares a la tasa establecida. El monto requerido no se puede conocer con rigor sin balances auditados del BCV, del sistema bancario y del sector público. La opacidad monetaria impide calcular hoy un número responsable.

Como ilustración, si los 86.080 millones de bolívares de circulación reportados por una estimación privada para junio de 2026 fueran el único pasivo monetario relevante, su conversión a una tasa cercana a 790 bolívares por dólar equivaldría a unos 109 millones de dólares. Pero esa cifra no sirve como costo total de dolarización porque omite depósitos, reservas de los bancos, títulos del BCV, pasivos cuasi fiscales, dinero electrónico, obligaciones de empresas públicas y posibles pasivos contingentes. El número real puede ser considerablemente mayor y solo se obtendrá mediante auditoría independiente.

La fuente de esos dólares también importa. Una parte relevante del efectivo que circula en Venezuela, especialmente billetes usados de baja denominación, puede provenir de circuitos informales y mercados sin trazabilidad plena. No debe asumirse que ese efectivo deriva de exportaciones, inversión extranjera, endeudamiento externo o remesas.

Pero tampoco debe afirmarse como un hecho que proceda de actividades ilícitas sin evidencia individual. La conclusión correcta es que la composición y origen del circulante en dólares es parcialmente desconocida, lo cual obliga a una estrategia de formalización, bancarización y cumplimiento anti lavado antes de —o junto con— una dolarización plena.

La solución, por eso, no es rechazar los dólares que ya circulan, sino que consistiría en incorporarlos al sistema formal mediante depósitos simplificados, ventanas temporales de regularización con controles de origen de fondos, incentivos para bancarización, sustitución gradual de efectivo por pagos electrónicos y supervisión contra lavado de dinero. Una dolarización que ignore este componente puede estabilizar la contabilidad oficial mientras deja gran parte de la economía real operando fuera de la banca, sin crédito, trazabilidad ni protección.

Los tres caminos posibles

De estos tres caminos, el más realista en el corto plazo es el bi monetarismo ordenado, pues permite ganar tiempo, ordenar el sistema y corregir distorsiones sin forzar una conversión irreversible bajo condiciones de opacidad o baja legitimidad.

La dolarización tutelada ofrece velocidad, pero a costa de fragilidad política y social; mientras que la dolarización soberana es la opción institucionalmente superior, aunque exige un gobierno con mandato democrático, auditoría completa y un marco fiscal creíble.

La secuencia correcta, por tanto, no comienza por elegir de inmediato el régimen monetario final, sino por construir las condiciones que hagan viable cualquiera de las opciones: transparencia de balances, disciplina fiscal, formalización bancaria y protección de los ingresos más vulnerables.

Marco macroeconómico, monetario y fiscal

La dolarización no puede resolver lo que corresponde al presupuesto, a la deuda y a la productividad. Para ser sostenible necesita un programa integrado:

*En lo monetario, el objetivo es terminar con la emisión para financiar gasto público, estabilizar expectativas y crear un sistema de pagos moderno. El BCV no debe desaparecer como capacidad técnica, sino que debe dejar de ser una caja política y convertirse en autoridad de estadísticas, regulación bancaria (revisar la funcionalidad de mantener una Superintendencia de banco fuera del Banco Central), supervisión de pagos, administración de liquidez y prevención de crisis financieras. El cierre institucional sin reemplazo dejaría a la economía sin prestamista de última instancia, sin datos confiables y sin arquitectura de pagos.

*En lo fiscal, el Estado debe presupuestar sobre ingresos permanentes y no sobre renta petrolera excepcional. Debe eliminar subsidios opacos y sustituirlos por transferencias directas y temporales, vía billeteras de pago, a hogares vulnerables; publicar cuentas de empresas públicas; ordenar pasivos; y establecer reglas de uso de ingresos petroleros. Una dolarización sin disciplina fiscal no elimina el déficit: solo le quita al gobierno la posibilidad de financiarlo con emisión y puede sustituirlo por atrasos, deuda o recortes desordenados.

*En lo macroeconómico, la prioridad es recuperar oferta: electricidad, agua, combustible, transporte, telecomunicaciones, puertos, seguridad y justicia contractual. Sin esos factores, el dólar puede estabilizar precios nominales, pero no crear productividad ni empleo. La inversión extranjera exigirá, además, una reestructuración ordenada de una deuda externa estimada en un rango de 150.000 a 240.000 millones de dólares, junto con protección de activos y reglas claras sobre repatriación de utilidades.

María Corina Machado y la decisión monetaria

María Corina Machado debe sostener una posición clara: Venezuela necesita moneda estable, libertad económica y reglas que protejan el ingreso de las familias; pero una decisión tan trascendente no puede nacer de arreglos opacos, imposiciones externas ni decretos de una administración sin legitimidad electoral.

Su rol no es presentar la dolarización como solución mágica ni quedar atrapada en un debate exclusivamente técnico. Debe exigir/lograr las condiciones que hacen viable cualquier reforma seria: auditoría pública, protección de salarios y pensiones, autonomía técnica del BCV, respeto a propiedad privada, apertura bancaria, normalización de relaciones con organismos multilaterales y aprobación por instituciones legítimas.

Esta postura la diferencia tanto de quienes defienden un bolívar sin credibilidad, como de quienes promueven una dolarización de choque sin respaldo político y social. Su mensaje debe ser propositivo: primero estabilizar, transparentar y proteger; luego decidir, con legitimidad, cuál régimen monetario garantiza libertad económica y prosperidad duradera.

El rol de Estados Unidos

Estados Unidos puede facilitar el proceso, pero no debe sustituir la decisión nacional. Puede ayudar a normalizar corresponsalías bancarias, recuperar activos, reducir restricciones que bloqueen pagos legítimos, apoyar la trazabilidad de fondos, movilizar organismos multilaterales y convertir parte de los ingresos petroleros en respaldo transitorio de liquidez.

Sin embargo, una dolarización diseñada como requisito de tutela corre el riesgo de ser interpretada como otro acuerdo impuesto sobre un país sin instituciones plenamente legítimas. También deja abierta la puerta para que un futuro gobierno revise la medida, la tasa de conversión y los contratos asociados, elevando la incertidumbre que precisamente se buscaba reducir.

El rol correcto de Washington debería ser ofrecer apoyo técnico y financiero condicionado a transparencia, protección social y legitimidad democrática. No debe fijar la tasa de conversión, administrar unilateralmente los flujos venezolanos ni reemplazar el proceso institucional requerido para adoptar una moneda extranjera.

La probabilidad y secuencia recomendada

En los próximos doce meses, la probabilidad de una dolarización formal plena sigue siendo de baja a media, alrededor de 30%. Existen presión social, experiencia práctica con el dólar y necesidad de estabilización, pero no hay consenso político, datos auditados ni una autoridad con legitimidad suficiente para fijar una conversión irreversible.

La probabilidad de profundizar el bimonetarismo de forma más ordenada es *alta, aproximadamente 70%. Es probable que aumente el uso de cuentas, contratos, pagos digitales, precios y operaciones empresariales en dólares, mientras el bolívar permanece para ciertos pagos internos durante un período de transición.

Los porcentajes anteriores son una estimación cualitativa basada en las condiciones políticas e institucionales actuales, y deben ser tomados como una referencia gruesa, y no como un pronóstico cuantitativo riguroso.

La secuencia propuesta es inequívoca:

1. Auditoría independiente de BCV, bancos, reservas, activos externos, pasivos monetarios y flujos petroleros

2. Publicación de información fiscal, monetaria y financiera verificable

3. Fin del financiamiento monetario del déficit y creación de una regla fiscal transparente

4. Formalización de banca y pagos en divisas, con controles antilavado e inclusión de pequeños comercios y hogares

5. Protección temporal de salarios, pensiones y depósitos durante la transición.

6. Estimación técnica del tipo de cambio de conversión con metodología pública y participación de sectores productivos

7. Reestructuración de deuda y acceso a líneas externas de liquidez

8. Decisión final mediante instituciones con legitimidad de origen

Recomendación

Venezuela debe abandonar la ficción de que puede recuperar confianza manteniendo un bolívar sin ancla fiscal ni institucional. Pero tampoco debe reemplazar esa ficción por una dolarización precipitada, opaca o tutelada.

La estrategia correcta es una transición hacia una moneda estable fundada en disciplina fiscal, transparencia monetaria, sistema financiero formal, protección social y legitimidad democrática. La dolarización puede ser la etapa final de esa estrategia si el país la decide libremente; no debe ser su punto de partida ni un mecanismo para validar decisiones tomadas por actores sin mandato popular.

La cuestión no es simplemente cuántos dólares hacen falta para reemplazar bolívares. Es quién certifica los balances, quién fija la tasa de conversión, quién protege a quienes cobran menos, quién responde por los contratos y quién tendrá legitimidad para sostener el nuevo régimen cuando llegue un gobierno elegido por los venezolanos.

Resumiendo, este Análisis de Entorno se sostiene sobre cinco ideas de alto impacto:

1. El bolívar perdió funcionalidad como reserva de valor y el régimen actual es una dolarización informal, desigual y sin ancla fiscal

2. La tasa de conversión sería una decisión redistributiva: puede proteger o licuar salarios, pensiones, depósitos y balances empresariales

3. No se conoce con rigor cuántos dólares respaldarían la conversión por falta de auditorías del BCV, del sistema bancario y del sector público

4. La procedencia y baja trazabilidad de una parte del efectivo dolarizado obligan a formalización bancaria y controles antilavado

5. La dolarización solo es sostenible con legitimidad de origen, disciplina fiscal, respaldo externo transitorio y un marco jurídico que pueda sobrevivir a un cambio de gobierno

Contacto: Mail: btripierntn@gmail.com – Instagram: @benjamintripier  – X/Twitter: @btripier – El Nacional

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