Los expertos instan a una reforma profunda para recuperar el modelo de seguridad civil en el país, eliminando la militarización impuesta durante más de dos décadas y fortaleciendo la profesionalización institucional. Militares en un acto político.
Desmontar dos décadas de militarización, el reto para el futuro de la seguridad en Venezuela.
Especial La refundación de Venezuela: ¿cómo debe reestructurarse la seguridad ciudadana
Iván Simonovis Investigador criminal, analista de Inteligencia, experto en ciencias criminales.
Luis Izquiel Experto en temas de seguridad ciudadana y profesor de Criminología en la Universidad Central de Venezuela
Los expertos instan a una reforma profunda para recuperar el modelo de seguridad civil en el país, eliminando la militarización impuesta durante más de dos décadas y fortaleciendo la profesionalización institucional
Desmontar dos décadas de militarización, el reto para el futuro de la seguridad en Venezuela.
Especial La refundación de Venezuela: ¿cómo debe reestructurarse la seguridad ciudadana
Iván Simonovis Investigador criminal, analista de Inteligencia, experto en ciencias criminales.
Luis Izquiel Experto en temas de seguridad ciudadana y profesor de Criminología en la Universidad Central de Venezuela
Luis De Jesús El Nacional
La reconstrucción de la seguridad ciudadana será uno de los grandes desafíos en una Venezuela democrática. Expertos coinciden en que recuperar un modelo orientado hacia la protección de los ciudadanos requerirá una reforma profunda del Estado que incluya la profesionalización de los cuerpos policiales, el fortalecimiento de las instituciones, el respeto a los derechos humanos y límites claros entre las funciones de la Fuerza Armada y de los organismos del orden público.
Ese reto supone revertir un proceso que se consolidó durante más de dos décadas, en el que progresivamente los militares adquirieron mayor presencia en ámbitos tradicionalmente reservados a las autoridades civiles y policiales. Aunque la participación castrense en tareas de seguridad interna no era completamente nueva en el país, desde la llegada de Hugo Chávez al poder pasó a formar parte de una política de Estado respaldada por reformas, cambios en la doctrina y la creación de nuevas estructuras.
La Constitución de 1999 fue el primer paso del proceso. A diferencia de la Carta Magna de 1961, que circunscribía la función de la Fuerza Armada a la defensa de la soberanía y la integridad territorial, el nuevo texto constitucional impulsado por Chávez (artículo 328) amplió las competencias de la institución castrense al incorporar entre sus responsabilidades el orden interno.
Ese cambio comenzó a materializarse con el Plan Bolívar 2000, impulsado durante los primeros años del gobierno de Chávez. Miles de militares fueron desplegados para distribuir alimentos, prestar atención médica y ejecutar obras públicas y, aunque el programa fue presentado como una iniciativa social, también significó el comienzo de una presencia más directa y permanente de efectivos en espacios tradicionalmente administrados por organismos civiles.
La expansión de ese papel continuó con la creación en 2005 del Comando General de la Reserva Militar y Movilización Nacional, concebido bajo la doctrina de la defensa de la revolución y con un marcado componente ideológico.
Tres años después, la aprobación de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incorporó el calificativo “bolivariana” al nombre de la institución, creó la Milicia como un “cuerpo especial” complementario del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional.
Durante ese período también se incorporó el concepto de “guerra popular prolongada”, mientras se reforzaba la subordinación del estamento militar al proyecto político de Chávez, un golpista de 1992. La seguridad y la defensa dejaron de concebirse exclusivamente frente a amenazas provenientes del exterior y se profundizaron las teorías de un Estado que enfrentaba de forma constante supuestas amenazas internas.
En ese contexto, la creación de la Policía Nacional Bolivariana en 2009 respondió a las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional para la Reforma Policial, que entre 2006 y 2007 propuso modernizar los cuerpos policiales bajo criterios civiles, profesionales y de respeto a los derechos humanos.
Hitos de la transformación de la Fuerza Armada en Venezuela
Cronología de la expansión de funciones y el cambio de doctrina institucional desde 1999.
El proceso de reforma castrense iniciado con la Constitución de 1999 redefinió el papel de la institución, transitando de la defensa territorial a la gestión del orden interno y la ejecución de programas sociales.Cambio de paradigma constitucionalConstitución de 1961
La función de la Fuerza Armada se circunscribía estrictamente a la defensa de la soberanía y la integridad territorial.Constitución de 1999
El artículo 328 amplió las competencias incorporando el orden interno como una de sus responsabilidades fundamentales.Línea de tiempo de la transformación militar
*1999-2000 — El Plan Bolívar 2000+
*Fue el despliegue de miles de militares para distribuir alimentos, prestar atención médica y ejecutar obras públicas. Inició la presencia directa de efectivos en espacios tradicionalmente civiles.
*2005 — Comando de la Reserva Militar+
Creación del Comando General de la Reserva Militar y Movilización Nacional, concebido bajo la doctrina de defensa de la revolución con un marcado componente ideológico.
2008 — El carácter “bolivariano”+*Ley Orgánica incorpora el nombre “bolivariana” a la institución.*Creación de la Milicia como “cuerpo especial” complementario.*Incorporación del concepto de “guerra popular prolongada”.
2009 — La reforma policial (PNB)+
Creación de la Policía Nacional Bolivariana tras las recomendaciones de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (2006-2007) para modernizar cuerpos bajo criterios profesionales y civiles.Nuevos conceptos doctrinales
ENFOQUE ACTUAL: La seguridad y defensa se centran en enfrentar amenazas internas constantes.
SUBORDINACIÓN: Refuerzo de la subordinación del estamento militar al proyecto político bolivariano.
La nueva institución, sin embargo, coexistió con la presencia militar en la seguridad interna y, con el paso de los años, desarrolló una estructura centralizada y unidades con características cada vez más cercanas al modelo militar y violatorias de los derechos humanos.
Luis Izquiel, experto en temas de seguridad ciudadana y profesor de Criminología en la Universidad Central de Venezuela, recordó en una entrevista con El Nacional que el texto constitucional indica en su artículo 332 que los cuerpos de seguridad deben ser de carácter civil.
“Eso también está en la ley de los órganos de seguridad, en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Sin embargo, no se ha cumplido en los últimos años. La gran mayoría de los directores de la Policía Nacional Bolivariana han sido militares y, si vamos al resto de la policía del país, las que están en manos del gobierno, las que han sido intervenidas, también están dirigidas por militares”, explica.
Luis Izquiel, experto en seguridad, habla de la importancia de que se retome la civilidad en las distintas instituciones.
Será necesaria una “revisión profunda”
El excomisario de la extinta Policía Metropolitana, Iván Simonovis, considera que esa transformación no puede limitarse a los cuerpos policiales. Sostuvo que antes de reformar las policías será necesaria una “revisión profunda” del funcionamiento del Estado y de las instituciones públicas porque el problema trasciende a los organismos de seguridad y alcanza la forma en que opera toda la administración pública.
Sostiene que cualquier reforma deberá abarcar a todos los actores vinculados con la administración de justicia, incluidos los tribunales, el Ministerio Público, los cuerpos de investigación, las policías preventivas, los organismos de inteligencia y el sistema penitenciario.
Todo eso es un ecosistema supremamente importante porque garantiza la tranquilidad del país y el mantenimiento de una democracia, expresa en conversación con este diario.
Iván Simonovis plantea una hoja de ruta para recuperar los organismos de seguridad.
Simonovis sostiene que uno de los principales problemas del actual modelo es la falta de delimitación de funciones entre los organismos de seguridad. “Hoy por hoy están las policías involucradas en una gran cantidad de actividades, y todas hacen de todo y ninguna es responsable de nada”, afirma.
Como ejemplo, cuestiona que la Dirección General de Contrainteligencia Militar investigue delitos comunes, que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas asuma tareas propias de las policías uniformadas y que la Policía Nacional Bolivariana desempeñe funciones de inteligencia.
Para el excomisario, uno de los principales desafíos de una eventual transición democrática será definir con claridad las competencias de cada institución.
“La estructura militar tiene que ver con la soberanía del país, la seguridad del Estado, las fronteras y otros elementos. Ese es el trabajo de la Fuerza Armada, que se vincula entre lo externo y lo interno, porque tiene que evitar el ingreso de personas o estructuras por vías ilegales que pudieran convertirse en una amenaza contra los ciudadanos”, explica.
Aclara que, en ocasiones, se pueden hacer trabajos en conjunto y crear fuerzas de tarea, como cuando la policía investiga un caso en el que el despliegue de los individuos involucrados es amplio y se requiere el apoyo de capacidades específicas de la Fuerza Armada.
“Hay que redefinir las responsabilidades de cada institución, inclusive dentro de las mismas instituciones. Están la Marina, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, el Ejército. ¿Quién se va a encargar de qué? No pueden poner a la Guardia Nacional a hacer trabajos del Ejército, ni hacer trabajos de la Aviación. Cada quien tiene sus áreas de responsabilidad y, dentro de las policías, ocurre igual”, explica.
El excomisario también enfatiza que se deben establecer mecanismos de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos e irregularidades cometidas por funcionarios de los organismos de seguridad.
Pasos ideales para refundar la seguridad ciudadana, según Iván Simonovis.
Maduro consolidó formas más agresivas
Todo esto estuvo acompañado por un discurso político que ganó fuerza tras el golpe de Estado fallido de 2002 y el paro petrolero.
El gobierno comenzó a insistir en la existencia de conspiraciones, enemigos internos y amenazas desestabilizadoras, una narrativa que sirvió para justificar la lógica de confrontación con la que se abordaban temas de seguridad y conflictividad social, más cercana a la doctrina militar que al trabajo policial civil.
Durante el gobierno de Chávez no se observó el nivel de represión sistemática que distintos organismos, nacionales e internacionales, documentarían años después.
Con la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, ese andamiaje se consolidó y llevó a formas más agresivas de militarización de la seguridad y control político.
Durante años, Venezuela atravesó una profunda crisis económica que impulsó protestas masivas en las calles y aceleró la pérdida de apoyo político del chavismo.
Un informe publicado por Transparencia Venezuela advirtió en abril de 2015 sobre un creciente proceso de militarización de la seguridad ciudadana en el país y alertó que las políticas impulsadas por el régimen de Maduro corrían el riesgo de convertir los cuerpos de seguridad en herramientas de control político más que en mecanismos para combatir la criminalidad.
El documento señala que durante 2014 se incrementó la participación de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Guardia del Pueblo en tareas de seguridad ciudadana, en el contexto de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, dirigida por la militar con rango de capitán Wendy Pinto Castillo.
“Se ha afianzado la militarización de la seguridad ciudadana como una herramienta de control, ideologización y control político de los venezolanos a través de la Guardia Nacional Bolivariana y la Guardia del Pueblo, estamentos de la Fuerza Armada Nacional”, indica.
La organización no gubernamental cita datos del Observatorio Venezolano de Violencia en los que tildan a los cuerpos policiales de “desmoralizados”, debido a la falta de apoyo institucional y a los riesgos que enfrentaban los funcionarios.
El informe destaca que muchos agentes abandonaban la carrera policial para trabajar en empresas de seguridad privada y que en 2014 fueron asesinados 338 policías y militares, principalmente para robarles sus armas de reglamento, lo que representó un aumento de 18% respecto al año anterior.
Frente a la percepción de ineficacia policial para contener la inseguridad en el país, Maduro decretó a finales de 2014 la denominada Ley de Revolución Policial y creó la Comisión Presidencial para la Transformación Policial. Pero Transparencia Venezuela cuestionó que esta instancia la lideraran dirigentes oficialistas y no participaran expertos independientes en seguridad ciudadana o reforma policial.
El informe también alerta sobre posibles sesgos políticos en las intervenciones de los cuerpos policiales. Hasta enero de 2015, habían sido intervenidas 12 policías regionales y municipales, incluyendo varias en estados gobernados por la oposición, como el estado Miranda, aunque también figuraban policías controladas por dirigentes chavistas, como las de Caracas y el estado Barinas.
La ONG advirtió en ese entonces que el discurso oficial sobre seguridad comenzaba a enfocarse más en combatir supuestos “planes desestabilizadores” y amenazas políticas que en reducir la delincuencia común.
El documento menciona que conceptos como “paz social” y “convivencia ciudadana” se usaban para mezclar seguridad nacional con seguridad ciudadana.
Asimismo, Transparencia Venezuela menciona la Resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, que autoriza el uso de armas de fuego por parte de militares en el control de manifestaciones públicas, y alerta sobre el riesgo de que esas políticas reforzaran la represión de la protesta social.
El informe dice que, en la práctica, los planes de seguridad habían derivado en mecanismos de control ciudadano y señala que militares eran utilizados para supervisar supermercados, farmacias y combatir el “bachaqueo” en medio de la fuerte escasez y desabastecimiento.
En ese contexto de crisis, para el chavismo las protestas derivadas del descontento social y la disidencia política fueron presentadas como “amenazas”, lo que llevó a priorizar el control del orden público por encima de la protección de derechos fundamentales.
Bajo esa lógica, el ciudadano crítico, percibido incluso como opositor, pasó a ser blanco de persecución, hostigamiento y detención, especialmente dirigentes, activistas y periodistas.
De la narrativa a la militarización y la evolución del control de seguridad ciudadana
Análisis de la transición operativa y el discurso político sobre la seguridad pública en Venezuela.
Bajo la gestión de Hugo Chávez, la seguridad ciudadana comenzó a interpretarse desde una lógica de confrontación. Tras eventos como el golpe de Estado de 2002, el discurso oficial priorizó:*Narrativa de conspiraciones y “enemigos internos”.*Abordaje de la conflictividad social bajo doctrina militar.*Uso de la Guardia Nacional Bolivariana en tareas policiales civiles.
Instrumentos y despliegues críticos
Resolución 008610: uso de armas de fuego
Operación de Liberación del Pueblo (OLP)
El impacto letal de las FAES (2017-2018)
Impacto en derechos humanos
Solo en el año 2018, se registraron muertes atribuidas oficialmente como “resistencia a la autoridad” por las FAES: 5.287 Fallecidos.
* Fuente: Datos extraídos de informes de Transparencia Venezuela, Observatorio Venezolano de Violencia y recomendaciones de las Naciones Unidas.También surge la Operación de Liberación del Pueblo, señalada por el uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y ocupación territorial, propias de operaciones del Ejército. Miles de muertes fueron reportadas por las autoridades como “enfrentamientos”.
Otra muestra de este proceso fue la creación de la Fuerza de Acciones Especiales, un cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana fundado en 2017 y actualmente extinto. Operó con tácticas de tipo militar y estuvo enfocada en sectores populares, de acuerdo con organizaciones que durante años denunciaron graves violaciones a los derechos humanos durante sus operativos letales.
La ONU y la CIDH documentaron en informes represión con armas, técnicas y despliegues que exceden los estándares policiales, incluyendo el uso de armamentos no convencionales para el control civil.
En 2019, Michelle Bachelet, entonces alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recomendó al régimen de Maduro disolver las FAES tras expresar preocupación por las presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a ese cuerpo policial.
Solo en 2018, se les señaló como responsables de 5.287 muertes presentadas oficialmente como casos de resistencia a la autoridad. Pese a esa sugerencia y a los datos alarmantes, el dirigente chavista felicitaba públicamente a sus agentes hasta que, finalmente, desintegró el cuerpo de forma progresiva y silenciosa para así dar paso a la llamada Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas.
Formados para la guerra
Luis Izquiel afirma que una de las medidas que se deben tomar en el proceso de democratización del país es revertir la militarización de las policías porque los soldados no están formados para la seguridad ciudadana, sino para la guerra.
“Tienen otro tipo de formación y no deben inmiscuirse en tareas de seguridad ciudadana salvo cuando sea como apoyo de los órganos de seguridad ciudadana, pero no deben dirigir las políticas de policía, que es lo que muchas veces ha ocurrido en el país en los últimos años. Esto tiene ya tiempo, porque inclusive los directores de la Policía Metropolitana, extinta Policía Metropolitana, también eran en su mayoría militares o todos fueron militares hasta cierto tiempo”, recuerda.
Lo ideal, enfatiza, es que las policías tengan un verdadero carácter civil.
Expertos insisten en la necesidad de que se desmilitaricen las instituciones de seguridad ciudadana en Venezuela.
Izquiel, quien fue asesor de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y coordinador del plan de gobierno en materia de seguridad ciudadana de la Mesa de la Unidad Democrática para las campañas presidenciales de 2012 y 2013, puntualiza que una de las diferencias sustanciales entre una policía civil y otra que actúa bajo una lógica militar son las violaciones a los derechos humanos.
“Esto ha ocurrido no solo en Venezuela, sino también en Latinoamérica. Cuando los militares se involucran en temas de seguridad ciudadana, a dirigir la actuación de los órganos de policía, regularmente eso es un sinónimo de violación a los derechos humanos. Y eso ha ocurrido en Venezuela”, agregó.
Menciona informes internacionales que documentan las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los organismos venezolanos en distintas etapas y señala que la “etapa más álgida” probablemente fue la de las FAES.
La “mano dura” de los militares
Izquiel recuerda que Venezuela ha estado dirigida durante gran parte de los últimos casi 30 años por militares o exmilitares que incursionaron en el poder político y que trasladaron esa visión a los cuerpos de seguridad.
Explica que, en ocasiones, cuando los países registran altos índices de violencia, los políticos recurren al discurso de la “mano dura” y consideran que los militares son quienes tienen la capacidad para aplicarla.
“Son distintas razones. Quizás en el caso venezolano, la mentalidad militar para el control de la población haya llevado a la militarización de las policías. Además, hay que entender también que las policías en Venezuela en los últimos 27 años han sido utilizadas para reprimir protestas y perseguir a la disidencia política. Quizá no respondió tanto a una lógica de combate del crimen, sino a una lógica de control poblacional con finalidades políticas”, dice el experto.
“Hacia el futuro, los cuerpos de seguridad en Venezuela tienen que ser organismos de carácter civil, como lo establece el artículo 332 de la Constitución. Ahí está el marco del tema de la seguridad ciudadana en Venezuela. El artículo 332 establece que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y eso se repite, como dije anteriormente, en la Ley del Servicio de Policía”, reitera.
Izquiel, coautor del libro Revolución de la muerte: 20 años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela, expresa que el desmontaje de la estructura policial militarizada puede ocurrir si hay voluntad política de hacerlo porque la militarización de los cuerpos de seguridad ciudadana está en las direcciones, que establecen las líneas con las que deben actuar.
Militarización de los cuerpos de seguridad en Venezuela
Análisis de Luis Izquiel sobre el control poblacional y el marco constitucional de los órganos de seguridad.
Visión y control político
Venezuela ha estado dirigida por militares o exmilitares durante gran parte de los últimos 30 años. Esta visión se ha trasladado a los cuerpos de seguridad, priorizando una lógica de control poblacional con finalidades políticas sobre el combate del crimen.
DiscursoEl uso de la “mano dura” impulsa la idea de que los militares son los únicos capaces de enfrentar la violencia.
Función actualUso de las policías para reprimir protestas y perseguir a la disidencia política en los últimos 27 años.
Marco legal: Artículo 332
La Constitución de la República establece que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil. Este principio se reitera en la Ley del Servicio de Policía.
Fuente: Luis Izquiel, abogado y coautor del libro Revolución de la muerte: 20 años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela.
Hay que cambiar el proceso de formación
Añade que otro “punto clave” es la formación que han tenido los policías bajo el chavismo y afirma que los uniformados, además de no brindar seguridad ni generar confianza en los ciudadanos, tampoco han sido eficientes en el combate contra el crimen.“
Entonces Venezuela tiene que ir hacia una reestructuración de los cuerpos de policía que pasa por las formas de capacitación, que han sido tremendamente precarias”, expresa Izquiel.También señala que la Universidad Nacional de la Seguridad básicamente “da cursos” deficientes para graduar a funcionarios policiales. “Por eso lo que ve la ciudadanía en las calles son individuos poco preparados y hay muchísimos casos de funcionarios involucrados en hechos delictivos; de corrupción de todo tipo”, analiza.“Hay que cambiar el proceso de formación, que tiene que ser mucho más sólido.
No pueden salir funcionarios a la calle que no tengan la preparación correcta. Claramente, los cuerpos de policía fueron llenados de funcionarios no idóneos, que no cumplen sus funciones a cabalidad”, asegura.Aclara que no generaliza, pero reafirma que “todos los venezolanos” saben que la mayoría de esos funcionarios no son idóneos para formar parte de la policía. “Lo que corresponde es una profunda reestructuración de los cuerpos de seguridad donde deben salir todas esas manzanas podridas”, manifiesta.
Izquiel denuncia que en la UNES, en Caracas, dan cursos que no aportan grandes aprendizajes a los estudiantes.Superávit de policías en VenezuelaEl profesor de Criminología indica que, en los últimos 14 años, Venezuela ha incrementado sustancialmente el número de uniformados en las calles.
El país, subraya, pasó de tener un déficit de policías preventivos a registrar un superávit de funcionarios, priorizando la masificación por encima de la calidad.
El número de policías ha ascendido, según declaraciones oficiales, a más de 170.000 funcionarios de policía. Si vemos los promedios mundiales, tenemos que —esto lo ha señalado la ONU, que ha hecho un promedio de policías en cada país del mundo—, son 2,8 —casi 3 — policías por cada 1.000 habitantes. Estamos hablando de policías preventivos, que en Venezuela serían las policías nacional, estadales y municipales.
Si aplicamos el promedio mundial a Venezuela, debería haber 90.000 policías preventivos —suponiendo que hay alrededor de 30 millones de habitantes—, pero hay 170.000, analiza.