Declaración de la Alianza por la Soberanía y la Democracia – ASD
Caracas, 10 de agosto de 2026.- La reconstrucción de Venezuela solo será posible desde la soberanía y la autodeterminación, con la fuerza del pueblo y desde el respeto irrestricto a su Constitución. Sin estos tres elementos, constitutivos de la República, el interés nacional está negado. Pero ninguno de estos elementos está presente en la negociación que ha iniciado el 1 de agosto, lo que nos impide reconocerla como garante del interés general de la nación venezolana. Menos aún, cuando es una negociación tutelada y bajo sometimiento de fuerza del gobierno extranjero de los Estados Unidos.
Por ello, desde la Alianza por la Soberanía y la Democracia denunciamos que el “Plan de Rubio” es una hoja de ruta del Gobierno estadounidense, fundamentada en su interés imperialista y no en el interés de los venezolanos. Venezuela tiene su propio plan, su propia solución, incluso en el marco de la paz. Es el cumplimiento irrestricto de la Constitución nacional y el respeto a la Soberanía Popular.
Los resultados de este negociado, iniciado recientemente entre dos órganos sin legitimidad popular, ya hablan por sí solos. Mientras Donald Trump reconoce haber tomado a nuestro país como “botín de guerra”, adelanta su saqueo bajo una supuesta estabilización y recuperación económica, pero con el dominio del capital de sus amigos. Es la repetición del mismo esquema al que sometieron a nuestro país durante estos años, antes bajo el interés de los gobiernos ruso, chino, cubano e iraní y, ahora, bajo el interés del Gobierno de los Estados Unidos.
La negociación que anunciaron las dos asambleas nacionales de Venezuela tiene, además, tres fallas de origen: la falta total de legitimidad, legalidad y representatividad.
En legitimidad, han excluido la representación de la mayor fuerza del país expresada en la votación popular del 28 de julio de 2024. Han excluido, además, la fuerza de los trabajadores que exigen la restitución del salario y demás derechos laborales y, en general, a todos los ciudadanos que hoy sufren por la catástrofe del terremoto y el colapso de los servicios de electricidad y agua. Han excluido también a los familiares de los presos políticos, de los torturados y asesinados.
En legalidad, la negociación no tiene ningún respaldo en la Constitución. El plan, anunciado por una élite de 10 personas, anuncia que van a “restituir derechos” en “unos meses”, sin decir cuáles. Ni siquiera establecen mecanismos legales para la restitución de derechos, que van desde prisión política hasta derechos laborales y derechos en todo nivel. Peor aún, sin ninguna legalidad prevista, anuncian que van a designar un nuevo TSJ y un nuevo CNE, sin establecer mecanismos de legalidad para ello.
En representatividad, han excluido a toda la oposición. Quienes ahí se presentan no encarnan la diversidad de partidos y fuerzas sociales de Venezuela, mucho menos la soberanía popular de ese 70 % que votó por el presidente electo Edmundo González Urrutia, su mayor depositario y representante, ni al pueblo que ha estado en la calle estos años junto a él y a María Corina Machado, luchando por restituir la democracia.
Por tanto, para la ASD es imprescindible invertir los términos en los que se ha planteado al asunto. Lo primero, en lo que hemos llamado “Plan del Pueblo”, es iniciar de inmediato la transición política hacia un Gobierno de Salvación de la República, encabezado por el único depositario legítimo de la Soberanía Popular: Edmundo González Urrutia. A partir de ahí, se puede iniciar la recuperación de la República constitucional y, de inmediato, el plan para la recuperación urgente de los efectos del terremoto, la garantía de estabilidad política y social, la legitimidad y legalidad para las necesarias inversiones en el sistema eléctrico, el servicio de agua y en general de la infraestructura del país, la recuperación de la educación y la salud y, además, el inicio de políticas dirigidas a estabilizar la economía nacional.
Negociación con condiciones
Sin embargo, las negociaciones que se adelantan bajo la fuerza de la amenaza sobre la nación, han iniciado. Es un hecho objetivo. Y parecen ir por su lado sin que medie el interés y la participación soberana, por lo que es obligante que todas las fuerzas políticas y sociales del país nos unifiquemos en exigir a los dos partidos participantes en esa negociación, el establecimiento y cumplimiento de criterios y medidas inmediatas.
Primero: El punto de inicio de cualquier negociación es la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, civiles y militares, que hoy superan las 500 personas. Esto debe acompañarse con la derogatoria y nulidad inmediata de todas las leyes y decretos represivos: la ley del Odio, el decreto de Conmoción Nacional, la Ley “Simón Bolívar” (FAVOR COMPLETAR), para restituir las libertades democráticas consagradas en la Constitución.
Segundo: La negociación no puede desarrollarse en secreto. Esto es una abierta violación al derecho a la información, consagrado en la Constitución. Si pretenden dotarse de representatividad, deben garantizar la apertura a otros actores que pudieran reorientar el debate a los intereses de la nación. Es una exigencia inmediata que sean públicas las discusiones.
Tercero: La negociación debe exigir la inmediata restitución del salario como remuneración del trabajo, tal como lo establece el artículo 91 de la Constitución, y la restitución de todos los derechos laborales que han sido conculcados hasta hoy.
Cuarto: El CNE designado en común acuerdo, debe tener la figura de ad hoc y, mediante consulta con las fuerzas políticas que triunfaron de manera aplastante el 28J, debe contar como único mandato el convocar a unas elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales, en un plazo máximo de tres (3) meses y en este mismo 2026. Para esos comicios deben establecerse todas las garantías establecidas en la Constitución para el ejercicio de la soberanía popular y no puede haber inhabilitaciones de ninguna índole política.
Quinto: Los nuevos integrantes accidentales de los Poderes Públicos, deben ser escogidos con criterios públicos y consultados con las principales fuerzas y representantes legítimos del pueblo. Además, tendrán carácter provisional hasta que se elija una nueva Asamblea Nacional, en elecciones populares, que escoja los nuevos magistrados del TSJ, el nuevo Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo.
Sexto: Se debe restituir la legalidad y legitimidad de todos los partidos políticos y permitir la legalización de los partidos a los cuales se les negó inscripción por más de 10 años.
Séptimo: Se debe establecer el desbloqueo inmediato de los más de 50 portales digitales que el gobierno ha censurado, junto a la devolución de todos los medios impresos y audiovisuales que fueron expropiados.
Octavo: Y finalmente, debe establecerse que, inmediatamente luego de la elección presidencial, el nuevo gobierno electo asumirá el control absoluto de los ingresos de nuestro petróleo, oro y cualquier otro recurso natural que exportemos. Esos recursos deben estar nuevamente en manos venezolanas, tal como lo establece la Constitución de 1999.
Estas exigencias mínimas son la concreción inmediata de la defensa y ejercicio de la Soberanía Popular.
Pacto Ciudadano
Convocamos a todos los venezolanos a defender la República con dignidad y firmeza. La historia nos exige valentía. No podemos permitir que la nación sea reducida a un experimento político ni a un botín de intereses externos.
Por ello, planteamos un gran Pacto Ciudadano que supere la polarización, reconozca la pluralidad política y asegure la convivencia democrática. Crear las condiciones para que millones de venezolanos en el exilio puedan regresar con dignidad, aportando su talento y experiencia a la reconstrucción del país.
El pueblo venezolano es el único dueño de su destino. Ningún poder extranjero ni artificio político puede sustituir su voluntad. La salida a la crisis pasa por restituir el hilo constitucional y reconocer la Presidencia electa como expresión última de la voluntad soberana. Frente a la dictadura y la injerencia imperialista, todas las fuerzas democráticas deben confluir en la urgencia de establecer un Gobierno de Salvación de la República. El bravo pueblo venezolano, dentro y fuera del territorio, es la fuerza decisiva para llevar adelante el Plan del Pueblo, cuyo objetivo es el de reconstruir la nación y garantizar la democracia y la soberanía nacional.
Llamamos a todas las fuerzas políticas del país a defender la patria. La soberanía no se negocia. La democracia no se delega. La República se defiende con el pueblo y con su Constitución.
Nota de prensa – Jesús Puerta.