Pese a las promesas de cambios y mejoras económicas con las que comenzó el año, la realidad de los trabajadores venezolanos se resume en una cifra crítica: 0,17 dólares de salario mínimo. Ese es el valor actual de los 130 bolívares que conforman el salario mínimo legal, un monto que permanece congelado desde marzo de 2022 y que hoy representa el nivel más bajo de toda Latinoamérica. El sueldo base mensual es insuficiente incluso para costear un pasaje, y, aunque el ingreso se completa con bonificaciones, la nueva política salarial deja de lado beneficios contractuales que, en muchos casos, fueron logros de años de discusiones y luchas sindicales.
El salario mínimo en Venezuela se hunde hasta 0,17 dólares mensuales: los trabajadores sobreviven con un aumento en el olvido 10-8-2026.
Esta brecha ha profundizado lo que diversos sectores denominan la “pulverización del salario”. Según la última actualización de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), al 24 de junio el país ya acumulaba 1.561 días sin un ajuste en el sueldo base. A la fecha, el número de días se elevó a 1.607. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) confirma que la cobertura del salario mínimo sobre la Canasta Alimentaria Familiar es de apenas un 0,03 %.
Con el sueldo base congelado en 130 bolívares, el ingreso básico apenas cuenta con una cobertura ínfima, señaló recientemente Oscar Meza, director del Cendas-FVM. Los datos de esta institución para el mes de junio revelan que la canasta alcanzó los 446.304,53 bolívares. Bajo este esquema, una familia de cinco integrantes necesitó en junio 3.433,11 salarios mínimos solo para alimentarse.
La desaparición de los beneficios legales
La congelación del sueldo no solo afecta el poder de compra diario, sino que ha destruido los beneficios derivados de la relación laboral, como las prestaciones sociales y los bonos vacacionales. La estrategia gubernamental de “bonificar” el ingreso deja a los pagos anuales en montos irrisorios.
Un ejemplo de esta crisis lo vive el sector educativo. Luis Ordoñez, representante del Sindicato de Maestros de Distrito Capital, detalló que un docente de categoría 6 recibió recientemente 835,6 bolívares (1,1 dólares) por concepto de 60 días de bono vacacional. Esta realidad contrasta drásticamente con el pasado. Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, recuerda que entre 1997 y 1998 un docente podía percibir un salario base de hasta 700 dólares mensuales y bonos vacacionales de hasta 1.400 dólares.
«Nos íbamos de vacaciones a Margarita, Mérida, Puerto Cabello. Hoy, imposible, afirmó Silva. El dirigente gremial agregó que actualmente los ingresos se destinan casi exclusivamente a la supervivencia básica.
Por su parte, la docente jubilada Carmen Verastegui relató que tras décadas de servicio su situación es de precariedad. Nuestro sueldo es tan deprimente que por bono vacacional solo me depositaron 2.808 bolívares. Después de tantos años de servicio, eso es lo que recibimos, lamentó la docente jubilada de la Gobernación de Miranda.
Sobrevivir en los márgenes
La insuficiencia del ingreso obliga a los trabajadores a buscar alternativas informales. Cada quincena, María Ruiz revisa su cuenta bancaria y encuentra depositados 460 bolívares por su salario como docente activa. Aunque a ese ingreso se suman el Bono de Guerra Económica y el cestaticket, que en conjunto representan 240 dólares al mes, asegura que el dinero desaparece rápidamente entre alimentos, transporte, servicios y los gastos de sus dos hijos, de 14 y 16 años.
Ella vive en los Valles del Tuy, estado Miranda, con su esposo, quien también es educador. Para completar los ingresos familiares, todas las tardes prepara tortas por encargo, mientras su pareja se encarga de entregarlas a domicilio.
Si viviéramos solo del sueldo de maestros, no podríamos mantener a nuestros hijos. Todo está muy caro y cada vez cuesta más llenar la nevera, dijo a El Pitazo el 31 de julio.
A pesar de las dificultades, María no ha abandonado las aulas porque disfruta enseñar. “Yo sigo siendo docente por vocación. Amo lo que hago y me gusta estar con mis estudiantes, pero también sé que somos uno de los sectores más golpeados del país. Trabajamos mucho y el salario no refleja nuestro esfuerzo. Muchos compañeros han renunciado, ya que no pueden sostener a sus familias, pero yo sigo aquí, porque creo en la educación”, destaca.
Su historia refleja la realidad de miles de trabajadores del sector público, cuyos ingresos dependen cada vez más de bonos que no tienen incidencia en beneficios laborales como vacaciones, aguinaldos o prestaciones sociales.
La situación tampoco mejora para quienes dedicaron décadas a la educación y hoy están jubilados. Carmen Verastegui recibe un salario de 400,87 bolívares por quincena. Además, percibe un bono de aproximadamente 160 dólares mensuales. Sin embargo, sostiene que esa cantidad sigue siendo insuficiente frente al alto costo de la vida.
Explica que los alimentos, los medicamentos y los servicios consumen prácticamente todos sus ingresos. “Cada compra en el mercado significa hacer cuentas y dejar cosas por fuera. Vivimos tratando de estirar un dinero que simplemente no alcanza. Uno trabajó toda una vida esperando una vejez tranquila y hoy la realidad es otra”, afirma la educadora.
Roymer Durán, presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en el municipio Acevedo, estado Miranda, recordó que el gremio docente continúa exigiendo un salario digno que permita cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.
Llevamos años luchando por el respeto a la contratación colectiva y por condiciones laborales dignas. Hoy un maestro no puede vivir de su sueldo. La mayoría depende de bonos o de otros trabajos para sobrevivir. Seguiremos alzando la voz hasta que se reivindique el valor del trabajo docente y se garantice un salario que realmente alcance para vivir con dignidad, expresó.
La pérdida del poder adquisitivo no es una realidad exclusiva de los trabajadores del sector público. Empleados de las empresas privadas también aseguran que sus ingresos fueron pulverizados por la inflación.
Ana, secretaria de un centro contable en los Valles del Tuy, percibe un salario de 250 dólares mensuales. Aunque reconoce que gana más que un trabajador de la administración pública, afirma que el dinero no alcanza para nada y cualquier emergencia desequilibra el presupuesto del mes.
Una realidad similar vive Xiomara Pantaleón, empleada de un abasto administrado por comerciantes chinos, donde devenga un salario de 200 dólares mensuales. Explica que, pese a trabajar toda la semana, debe administrar cada gasto porque el dinero “no me dura ni tres días en las manos.
Reforma en el olvido
En mayo de este año, en el marco del Día del Trabajador, el ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, asomó la posibilidad de un cambio en materia laboral. Durante una entrevista televisiva, Castillo subrayó la necesidad de una “reforma integral de la Ley del Trabajo” que se adaptara a las realidades económicas actuales y modernizara las relaciones laborales. En ese momento, el funcionario defendió la política de bonificaciones como una medida “absolutamente transitoria” mientras se lograba la estabilidad.
Estamos pidiendo confianza al país; tenemos que ir incrementando el ingreso poco a poco hasta tener la fortaleza para resolver el tema salarial de fondo, precisó el Ministro del Trabajo. En esa oportunidad, economistas y sectores empresariales también hablaban de la necesidad de adaptar el instrumento legal a la realidad del país. Sin embargo, el debate parece haber quedado en el aire.
Fuentes vinculadas a la Asamblea Nacional (AN) confirman que, a pesar de los anuncios ministeriales, la reforma de la Ley del Trabajo no se encuentra actualmente en la agenda de discusión parlamentaria.
Esta parálisis legislativa ocurre en un contexto de emergencia tras los terremotos del pasado 24 de junio, en la que se prometieron créditos para la adquisición de viviendas pese a que el salario mínimo sigue siendo de 130 bolívares y el ingreso integral apenas alcanza los 240 dólares, muy por debajo de la canasta alimentaria.
De la estabilidad a la bonificación total
La involución del salario en Venezuela comenzó a acelerarse hace una década. En 2016, se aplicaron seis aumentos salariales en un intento por seguirle el paso a la inflación. No obstante, marzo de ese año marcó un hito negativo: fue la primera vez que el bono de alimentación superó al sueldo base, iniciando formalmente el esquema de bonificación.
Para 2018, en medio de una reconversión monetaria que quitó cinco ceros a la moneda, se aplicaron diez ajustes. En diciembre de ese año, el salario mínimo equivalía a unos 9 dólares oficiales. La tendencia se mantuvo hasta marzo de 2022, cuando se fijó el monto actual de 130 bolívares, que en aquel entonces representaba unos 30 dólares.
Desde 2023, la administración nacional optó por indexar bonos como el de “Guerra Económica” y el Cestaticket, pero mantuvo el sueldo base congelado. Para 2024 y 2025, mientras estos bonos subieron hasta alcanzar un ingreso integral de 160 dólares, el salario mínimo continuó perdiendo valor frente a la tasa de cambio hasta llegar a los actuales 0,17 dólares.
El Pitazo