Especialistas laborales denuncian la ilegalidad del memorándum 2792 como pulverizador de los beneficios contractuales, situación de que derivó en liquidaciones de miseria calculadas sin sustento jurídico.
Foro de Defensa Laboral prepara reclamos masivos contra despojo salarial y mal cálculo de prestaciones sociales.
El Foro para la Defensa Laboral (Fodela), organismo dirigido por sindicalista y especialistas jurídicos, informó en rueda de prensa, que tras la recolección de casos que evidencian mal cálculo de prestaciones por parte de las empresas básicas, inició un proceso de sistematización de datos y elaboración de expedientes para hacer una denuncia colectiva contra el despojo salarial.
La organización avanza con la atención de casos y recolección de documentos que evidencian un robo a los trabajadores jubilados, quienes llevan años denunciando ante las autoridades prestaciones sociales de menos de 2 mil dólares para personal que laboró durante décadas en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Vamos a seguir recogiendo los recaudos de los diferentes trabajadores de todos los sectores, estamos acompañando a los compañeros de Alcasa y Sidor que están entregando sus documentos sobre cómo los liquidaron, la odisea que han pasado con una liquidación que no llega a 1.500 dólares por 30 y 40 años de servicio, expresó Fernando Serrano, abogado y fundador de la organización.
En contexto, el Foro de Defensa Laboral nació en junio de este 2026, fundado por un equipo técnico de especialistas laborales, quienes se proponen analizar bajo qué criterios se han venido pagando los beneficios laborales a los trabajadores de Guayana, qué faltó en dichos cálculos y cuáles son las deudas que tiene la CVG con el personal.
Las reclamaciones se van a llevar a los organismos internacionales porque no podemos desgastarnos en instituciones públicas que lo que hacen es archivar los casos y tirar a la basura nuestras reclamaciones. En Venezuela las instituciones están secuestradas: no cumplen ninguna función, expresó el asesor jurídico del foro, Frank Silva.
Las convenciones colectivas están vigentes
Silva declaró ante medios de comunicación que figuras como el memorándum 2792, herramienta que exoneró a las empresas básicas de sus obligaciones contractuales, no tienen un sustento jurídico, por tanto, todo lo que han dejado de pagarle al personal es un pasivo que debe ser percibido por el trabajador.
Es una excusa que buscó el gobierno para pagarle al trabajador como le venga en gana, no tiene asidero jurídico. ¿Por qué? Porque crean el memorándum, suspenden los listines de pago y erradicaron las convenciones colectivas y sus beneficios socioeconómicos. Las convenciones colectivas están vigentes. Todos estos trabajadores tienen derecho a ser reivindicados de conformidad con los aumentos salariales que ahora llaman bonos y con todos los beneficios contractuales, aseguró Silva.
El abogado aseguró que empezarán a activar mecanismos judiciales con toda la documentación y los casos que han llegado al ente.
Más de 500 afectados
La organización confirmó que representan a más de 500 afectados, quienes han llevado sus casos a su oficina en el Edificio Majo de Alta Vista, donde aún están recabando datos y entrevistándose con quienes deseen hacer su denuncia.
El Foro de Defensa Laboral buscará lograr una indemnización para los afectados, cuyos pagos están siendo recalculados bajo lo que establecen las constituciones colectivas y conforme a la ley vigente.
En entrevista con Correo del Caroní Silva comentó el caso de Juan Martín, jubilado de Alcasa con 39 años de servicio, quien recibió unas prestaciones sociales de menos de 2 mil dólares por su labor.
Estas acciones no solo respaldarán a los jubilados, sino también para los trabajadores no requeridos a quienes les recortaron su salario a través del 2792 y les deben grandes cantidades de dinero. Hay trabajadores que tienen hasta 30 años de trabajo y les dieron 1.500 dólares de prestaciones, puntualizó Carmen García, jubilada de Sidor.
Hay que señalar que desde el año 2020 la figura de no requerido surgió como una manera de limitar el acceso a las empresas básicas en el marco de la pandemia de COVID-19. Los no requeridos cobraban menos del 50% de su salario y eran enviados a sus casas.
A más de 5 años de la pandemia, la figura sigue activa en empresas como Alcasa y Ferrominera, a pesar de que este estatus ha sido denunciado en más de 10 ocasiones por diferentes grupos de trabajadores, entes como la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro continúan sin dar respuesta.
Francesca Díaz – Correo del Caroní