El pasado 2 de agosto hombres armados irrumpieron en la comunidad Jivi Ekunay en Los Pijiguaos y secuestraron a su capitán Julio Rodríguez, de quien aún se desconoce su paradero. Las autoridades indígenas piden la intervención de la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez, la gobernadora Yulisbeth García y el alcalde Julio Cedeño.
Autoridades del Territorio Ancestral Mapoyo en el estado Bolívar denuncian desaparición de capitán e incursión de grupos armados en sus comunidades.
Autoridades legítimas, caciques y capitanes del Territorio Ancestral Mapoyo, ubicado en la parroquia Los Pijiguaos del municipio General Manuel Cedeño del estado Bolívar, emitieron un comunicado en el que alertan a la comunidad nacional e internacional sobre la escalada de violencia provocada por la presencia de presuntos integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en esa zona. En su pronunciamiento, las comunidades exigen una intervención estatal prioritaria frente a la violación sistemática de sus derechos humanos, la vulneración de sus tierras legalmente demarcadas y el deterioro generalizado de la seguridad en la región.
El documento publicado por el periodista Fritz Sánchez en su cuenta de la red social X, señala que el detonante principal de esta crisis ocurrió la noche del 2 de agosto, cuando hombres armados irrumpieron en la comunidad Jivi Ekunay y secuestraron a su autoridad legítima, el capitán Julio Rodríguez. A cinco días de su captura sin noticias de su paradero, los líderes indígenas demandan una fe de vida inmediata y el despliegue de una operación táctica conjunta por parte del Ministerio Público, los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para lograr su rescate con vida.
La situación de inestabilidad se agravó, posteriormente, el 4 de agosto durante las labores de búsqueda emprendidas por una comisión de autoridades y jóvenes en el sector Vincler. La patrulla fue objeto de un ataque aéreo mediante drones equipados con artefactos explosivos, agresión que dejó gravemente herido al adulto mayor del pueblo Jivi, Alirio Rodríguez, quien tuvo que ser evacuado de emergencia hacia el hospital de la empresa Bauxilum para recibir atención médica especializada.
Las autoridades indígenas advierten que el grupo armado mantiene sometida a la población bajo un régimen de amedrentamiento constante. Además de bloquear los accesos a los territorios tradicionales de caza, pesca y recolección -lo que compromete de manera directa la soberanía alimentaria de las familias- la presencia irregular ha forzado el desplazamiento de núcleos familiares y generados zozobra constante por el riesgo inminente de reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes indígenas y no indígenas.
¡Los pueblos originarios no queremos más visitas superficiales ni promesas vacías; exigimos justicia, cese de la violencia, respeto a la vida y soberanía en nuestro territorio ancestral!, señala el documento.
Frente a esta situación, la dirigencia local emplaza a la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez, a la gobernadora Yulisbeth García y al alcalde Julio Cedeño a romper el silencio e instruir acciones concretas. Entre sus demandas fundamentales destacan el desalojo definitivo de las organizaciones armadas, el resguardo perimetral permanente en coordinación con la gobernanza indígena y la paralización inmediata de las actividades mineras en áreas adyacentes al territorio Mapoyo, incluidas las operaciones de empresas asociadas a la Corporación Venezolana de Minería (CVM) que benefician a estas estructuras irregulares.
Exigimos al fiscal general de la República, a los órganos de seguridad ciudadana y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) una acción táctica contundente para rescatar con vida a nuestro capitán Julio Rodríguez, precisa.
Finalmente, las autoridades comunitarias piden una solicitud de intermediación a organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como a las instancias del sistema de Naciones Unidas, para restablecer la paz territorial. En su llamamiento, los pueblos originarios rechazaron las visitas institucionales de carácter superficial e instaron a los entes competentes a apersonarse en el lugar para verificar los testimonios de las víctimas y ejecutar un plan urgente de saneamiento y reforestación en las zonas afectadas.
Correo del Caroní – @Fritz_A_Sanchez