Empresarios de Santa Elena de Uairén denunciaron que viven el asedio de la Guardia Nacional Bolivariana y Senafin, a pesar de cumplir con sus deberes formales.
Acoso militar y trabas burocráticas ahogan a empresas cementeras en Santa Elena de Uairén.
Trabas operativas, inhabilitaciones injustificadas en el sistema de despacho y la vulneración del derecho constitucional al libre tránsito y al trabajo forman parte del asedio que viven, desde hace algunos meses, empresarios de Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana, al sur de Bolívar, por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (Senafin).
De acuerdo con los miembros de la Cámara de Industria, Producción y Comercio del municipio Gran Sabana, las actuaciones de estos organismos los mantienen bajo asedio a pesar de cumplir con sus deberes formales, dejando al descubierto la arbitrariedad en los procedimientos de fiscalización y distribución.
Detallaron que comisiones de la GNB acuden a sus locales a fotografiar mercancías e instalaciones, a pesar de contar con facturación legal, pago de IVA y guías de movilización debidamente selladas.
Además expusieron que se les impide la entrega directa de gandolas o medias gandolas a clientes con obras en ejecución, incluso cuando estos cuentan con sus respectivos permisos municipales de construcción.
Esta situación obliga al comerciante a descargar previamente la mercancía en el local comercial para luego volver a trasladarla, generando sobrecostos operativos insostenibles y sin ningún sustento legal.
Asimismo cuestionaron la injerencia de Senafin sobre el cemento, considerando que es un producto manufacturado e industrializado destinado a la construcción.
Aseveraron que el hecho de que la mercancía deba transitar por rutas del estado Bolívar no convierte a Santa Elena de Uairén en parte del Arco Minero del Orinoco, ni supedita el comercio formal a las regulaciones de la extracción minera.
Por otro lado cuestionaron que en la localidad existan empresas dedicadas a otros rubros que sí cuentan con código de distribución activo, marcando una clara disparidad en los criterios de asignación.
En ese sentido, la abogada María Febres, vicepresidenta de la Cámara de Industria, Producción y Comercio del municipio Gran Sabana, hizo un llamado al alcalde del municipio Gran Sabana para que, en su condición de máxima autoridad civil, haga valer la defensa de los derechos constitucionales a la libre empresa, al trabajo y al libre tránsito, estipulados en los artículos 112 y 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Acciones ante inhabilitación unilateral y retención de mercancía
La crisis de las compañías distribuidoras de cemento inició el pasado mes de mayo, cuando la Corporación Socialista del Cemento (CSC) inhabilitó de forma arbitraria y sin ninguna explicación los códigos de despacho en el sistema Sacpro a los comercializadores del sur.
No hubo notificación escrita ni procedimiento administrativo abierto, expresó en su momento el sector empresarial, destacando que al menos 17 de 19 empresas resultaron afectadas por esta medida unilateral.
Además de esa irregularidad, precisaron que más de seis cargas de gandolas por empresa -previamente pagadas en su totalidad- quedaron retenidas en las plantas.
Insistieron en que las unidades transitaban con más de 25 sellos oficiales de control a lo largo del trayecto vial antes de ser paralizadas arbitrariamente.
Ante esta medida, el 1 de junio acudieron a la sede de la CSC para hacer entrega de un comunicado dirigido a la presidencia y a las gerencias de Comercialización y Despacho, solicitando argumentos sobre dicha restricción. Sin embargo, la única justificación verbal emitida por la corporación apuntaba a investigaciones en curso por parte de la GNB, sin que existiera citación formal por parte del Ministerio Público.
Posteriormente, el 2 de junio remitieron ante el Ministerio de Industrias y Producción Nacional un informe ejecutivo sobre la situación operativa y la vulneración de los derechos de comercialización en el sur de Venezuela.
Ante la fuerte movilización gremial y las denuncias públicas sobre la situación crítica de las empresas y el desabastecimiento en comunidades fronterizas, el pasado 6 de junio se logró que hicieran entrega y despacho de las cargas de cemento retenidas.
No obstante, pese a la entrega de la mercancía cancelada, la problemática de fondo persiste, pues el bloqueo de los códigos en el sistema Sacpro continúa y el acoso en los puntos de control y locales comerciales se ha intensificado.
En ese orden, tienen previsto hacer entrega formal de un expediente de denuncias y petitorios ante la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana y la ZODI Guayana, a fin de denunciar el amedrentamiento en los locales comerciales y exigir el cese de la persecución al comercio lícito.
Hoy es el cemento, mañana será la cabilla o cualquier otro insumo básico. No podemos permitir que la arbitrariedad sustituya al Estado de derecho ni que se estrangule el aparato productivo de la frontera, concluyó la representación gremial.
Correo del Caroní