La Fiscalía cruceña investiga al expresidente por los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y otros.
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales Ayma en el marco de la denuncia presentada por el Comité pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno por los 53 días de bloqueo en el país.
Según el documento, la orden se emitió por un fiscal de materia de la Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción.
La nota indica que Morales y otras personas están investigadas por los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Por todo lo anterior expuesto y siendo imprescindible la presencia del sindicado, por ser presunto autor de los hechos delictivos denunciados, el suscrito Fiscal facultado por el Art. 226 de la Ley Nº 1970 y cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidas en la Sentencia Constitucional N° 1524/05-R de fecha 29 de noviembre de 2005, emite, manda y ordena el cumplimiento del presente Requerimiento Fiscal, dice la orden de aprehensión emitida en la ciudad de Santa Cruz.
La investigación está relacionada con las movilizaciones y bloqueos registrados durante 53 días en diferentes puntos del país, medidas que generaron afectaciones al transporte, abastecimiento y actividad económica nacional.
La Fiscalía busca establecer responsabilidades sobre la organización, convocatoria y consecuencias de estas acciones. En el marco de la investigación, varios dirigentes sociales están investigados y algunos en prisión, como el líder de la Túpac Katari, Vicente Salazar.
La medida de presión fue impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos Túpac Katari y seguidores de Evo Morales que reclamaban la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Desde el Ejecutivo, tanto el vocero presidencial, José Luis Gálvez, como el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, denunciaban un plan de desestabilización en contra del presidente Rodrigo Paz.
Erika Ibáñez – La Razón de Bolivia