Exigen que el proceso de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino –que se iniciará el primdero de agosto– garantice solución definitiva y transparente para los 372 ciudadanos que según Foro Penal permanecen tras las rejas por motivos políticos.
Familiares de presos políticos, la mayoría mujeres, se concentraron este martes en la Universidad Central de Venezuela para exigir la liberación de los detenidos y rechazar que las excarcelaciones se realicen «a cuentagotas».
Activistas de Alianza por la Libertad –colectivo que mantiene vigilia de más de 40 días frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas para solicitar el apoyo de ese país– desplegaron una pancarta con el mensaje «Libertad para todos los presos políticos» y exhibieron fotografías de sus parientes.
Gabriela Álvarez, esposa de Gabriel Guerra, camarógrafo detenido hace cinco años junto con el periodista Ramón Centeno, aseguró que las familias esperan que el diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino, anunciado para agosto, incorpore sus demandas y permita avanzar hacia una solución definitiva para quienes permanecen encarcelados por motivos políticos.
Sabemos que se viene un proceso de transición y un proceso democrático a partir del primero de agosto con una mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y la actual. Queremos que en esa mesa de negociación estemos reflejados, declaró Álvarez a Efe.
La representante del colectivo reiteró la petición dirigida al gobierno estadounidense para que respalde las gestiones orientadas a conseguir la liberación de los presos políticos, que de acuerdo con el más reciente balance de Foro Penal, 372 personas permanecen detenidas por razones políticas en Venezuela.
Familiares viajan a Caracas para demandar libertad de presos políticos
La protesta reunió a familiares que viajaron desde otras entidades del país para hacer visible su reclamo.
Una de ellas fue Magaly Sánchez, del estado Monagas, quien viajó cerca de siete horas hasta Caracas junto con su nieta para visitar a su hijo Félix Aguilera, detenido desde 2024.
Dánchez contó a Efe que destinó 40 dólares para costear el viaje y sostuvo que su hijo permanece injustamente detenido.
También participó Yamile Vidal, hermana del exalcalde del municipio Independencia, en el estado Anzoátegui, Carlos Vidal, quien solicitó su excarcelación al asegurar que fue víctima de una componenda política.
El exfuncionario fue arrestado en 2022 tras ser acusado por el entonces ministro de Petróleo, Tareck el Aissami, de liderar una red dedicada al desvío, contrabando y venta ilegal de gasolina. Años después, El Aissami fue detenido e investigado por una trama de corrupción vinculada al sector petrolero.
La movilización forma parte de una serie de protestas que familiares de presos políticos han sostenido durante los últimos meses para exigir la liberación de sus allegados. Además de concentraciones públicas, también han permanecido frente a centros penitenciarios desde que el Ejecutivo anunció en enero un proceso de excarcelaciones y posteriormente aprobó una ley de amnistía presentada por la mandataria encargada Delcy Rodríguez.
Aunque esa normativa abarca un período comprendido entre 1999 y la actualidad, limita su aplicación a 13 hechos específicos ocurridos en distintos años y excluye casos relacionados con operaciones militares, así como delitos de corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
El Nacional