Juristas alertan de la «pasividad» del Gobierno español porque el acuerdo que ha eliminado la Verja omite por completo los rellenos sobre el mar bajo su soberanía. Las torres de lujo en la plataforma construida con rellenos en aguas españolas, en mayo de 2025.
España mira hacia otro lado en el tratado de Gibraltar y «tolera» una macrourbanización de lujo en sus aguas.
Mientras más de 15.000 trabajadores transfronterizos celebran el histórico fin de 117 años de la Verja de Gibraltar tras la firma del nuevo tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido, grúas y camiones continúan vertiendo miles de toneladas de piedra sobre aguas que España reivindica como suyas. En las 1.018 páginas, los 336 artículos y los 43 anexos del pacto sellado el pasado 14 de julio no existe ni una sola palabra sobre Eastside (Zona Este), la faraónica macrourbanización gibraltareña de 1.400 viviendas de lujo y puerto para megayates que avanza a costa de sepultar más de 15 hectáreas de mar español. Que un tratado tan exhaustivo, diseñado para regular hasta el último milímetro de la nueva relación fronteriza, ignore por completo esta usurpación del espacio marítimo ha encendido todas las alarmas en el ámbito jurídico. «El Gobierno español ha mirado hacia otro lado y ha aceptado relegar esta cuestión a futuros acuerdos administrativos», advierte el experto en derecho internacional Jesús Verdú, para quien la omisión en el acuerdo político pos-Brexit representa, en la práctica, transigir con el litoral arrebatado.
Para comprender la gravedad jurídica de esta «pasividad» española es imprescindible remitirse al origen del contencioso: el Tratado de Utrecht de 1713. En virtud del artículo X de dicho acuerdo histórico, la Corona española cedió únicamente al reino británico la propiedad de la ciudad, el castillo, el puerto, las defensas y las fortalezas de Gibraltar. El texto legal no incluyó en ningún momento la cesión del istmo —sobre el que la colonia construyó su aeropuerto— ni tampoco las aguas adyacentes al Peñón, más allá de las aguas interiores del puerto histórico de la época. Por consiguiente, bajo la doctrina del derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, España niega de forma rotunda cualquier soberanía británica sobre los espacios marítimos que rodean la roca. Sin embargo, en la actual práctica diplomática, el silencio ante la expansión física de la colonia debilita la posición española.
El foco de esta controversia territorial es el proyecto Eastside, una actuación urbanística sin precedentes sobre terrenos ganados al mar en la cara oriental del Peñón, frente a la zona denominada Harbour Views Promenade, buscando extender el territorio hacia la mitad norte del puerto. En 2021, el Ejecutivo gibraltareño de Fabian Picardo —al frente de un territorio de apenas 40.000 habitantes y seis kilómetros cuadrados— adjudicó esta masiva expansión al grupo inversor TNG Global Foundation (TNG). La iniciativa prevé una inversión de 330 millones de libras esterlinas (algo más de 390 millones de euros) en una zona cuyos rellenos han sido reiteradamente denunciados por España y grupos ecologistas. El plan director de Eastside obtuvo el permiso inicial de construcción en agosto de 2022 y ya se han levantado las torres de viviendas.
El megaproyecto contempla la edificación de dos grandes muros de contención en el mar, el desarrollo de cien viviendas con precios asequibles, 400 puestos de amarre para pequeños botes y un aparcamiento para 500 vehículos, integrados con un puerto deportivo con espacio para megayates y una promoción inmobiliaria de lujo. Para ganarle este inmenso terreno al mar, un desfile incesante de camiones vierte rocas traídas desde la cantera del torcal de la Utrera, en Casares (Málaga), haciendo avanzar el cemento sobre un espacio de extraordinario valor ecológico: la Zona de Especial Conservación (ZEC) Estrecho Oriental, declarada por España en la Red Natura 2000 de la Unión Europea para proteger 23.642 hectáreas marinas desde el litoral linense hasta el extremo occidental de la península de Gibraltar.
Para el profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Cádiz (UCA), Jesús Verdú, el silencio del tratado acerca de «los rellenos y continuas ampliaciones territoriales ganadas al mar» genera una profunda «perplejidad». Recuerda que, al tratarse de aguas que la práctica jurídica considera territorio nacional y que están amparadas por la Red Natura 2000, España es la única potencia responsable ante la Unión Europea de velar por su conservación frente a unas obras que causan un severo daño al turismo y a la pesca en La Línea de la Concepción, en Cádiz.
El silencio del tratado ante los rellenos del Peñón es inaceptable y genera una severa perplejidad medioambiental. Jesús Verdú – Profesor de Derecho Internacional.
Ante las continuas denuncias ecologistas por el avance del cemento gibraltareño, el experto lamenta que el Gobierno español «ha mirado para otro lado» al aceptar que un asunto central de protección marina se delegue a futuros acuerdos administrativos. Para el profesor de la UCA, dejar la defensa del ecosistema en manos de normas secundarias plagadas de «buenas intenciones», pero totalmente carentes de obligaciones jurídicas vinculantes, resulta a todas luces «inaceptable».
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El reproche más contundente del académico se dirige a la actitud de Madrid durante las negociaciones. Verdú sostiene que «esta pasividad frente a la ocupación de las aguas resulta incongruente», puesto que el Ministerio de Asuntos Exteriores tenía el deber de haber defendido «con firmeza» el litoral imponiendo el estricto respeto ambiental europeo. Al no hacerlo, advierte, España ha optado por «tolerar una cesión en la práctica» del mar territorial, consolidando una aceptación tácita del territorio usurpado —lo que en derecho internacional se conoce como aquiescencia—. Dicho esto, sí considera «acertada» la decisión de reivindicar la soberanía general sobre el Peñón porque ello habría conducido a un callejón sin salida diplomático que hubiera hecho inviable el entendimiento.
Denuncias ecologistas y batalla judicial en suspenso
La indignación social en el Campo de Gibraltar ha sido canalizada por Verdemar Ecologistas en Acción. Su portavoz, Antonio Muñoz, denuncia sin ambages que «Gibraltar está cogiendo terreno por la cara y el tratado no dice nada». Muñoz recuerda que trasladó esta problemática directamente al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante dos reuniones celebradas en Madrid en plena negociación del pacto. Pero sus quejas recibieron la callada por respuesta.
El portavoz ecologista lamenta profundamente que «el tratado no incluya ningún argumento para defenderse ante un atentado urbanístico como el de Eastside»; una agresión que, subraya, se suma al «millón de metros cúbicos de aguas residuales al año que vierte al mar y las más de 300 hectáreas arrebatadas al mar en la Bahía de Algeciras a lo largo de las últimas décadas en una zona con especies en peligro de extinción». A ello se suma la amenaza constante del denominado ‘bunkering’ —el fondeo permanente de buques-gasolinera que suministran combustible en alta mar— y su elevado riesgo de vertidos marítimos.
Gibraltar está cogiendo terreno por la cara y el tratado no dice nada. Antonio Muñoz
Portavoz de Verdemar
La presión social derivó en abril de 2025 en la apertura de unas diligencias de investigación por parte de la Fiscalía de Algeciras, que formuló una denuncia criminal ante los Juzgados de Instrucción al apreciar «indicios racionales de ilícito penal como consecuencia de la ejecución de obras consistentes en el relleno con piedras de escombreras en la zona norte de la costa este de Gibraltar», en una zona protegida.
El Ministerio Público apreció posibles delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente por causar «graves daños en las aguas marítimas, así como en las especies que allí habitan». Sin embargo, el juzgado de La Línea de la Concepción que investigó los hechos archivó la causa en diciembre tras exigir a Verdemar una fianza de 10.000 euros para personarse como acusación popular. La Fiscalía de Medio Ambiente recurrió en apelación y el futuro judicial del caso depende de que la Audiencia de Cádiz ordene su reapertura.
El Gobierno: «Es una violación de nuestra soberanía»
Frente a las críticas por la claudicación, el Ejecutivo español mantiene que no ha abdicado de sus derechos. En la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso celebrada el 25 de junio de 2025, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío, subrayó a preguntas del PP que Eastside se proyecta sobre aguas españolas y representa «una violación de la soberanía y de la integridad territorial de España», además de una «transgresión» de la normativa medioambiental.
«Desde el inicio de este proyecto el Gobierno ha protestado formalmente ante el Reino Unido a través de nota verbal y carta en numerosas ocasiones. Esto no solo transmite nuestro malestar, sino que impide que se consolide, desde el punto de vista del derecho internacional, una aquiescencia en esa violación de la soberanía española», defendió Martínez Belío, en contra de la tesis de los juristas que ven una aceptación tácita en la omisión del tratado. El subordinado de José Manuel Albares aseguró que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «sigue recabando datos e información para determinar la viabilidad de un procedimiento administrativo sancionador, en coordinación con el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil». Un año después, nada se sabe sobre las posibles sanciones.
El Gobierno gibraltareño justifica la omisión alegando que «hay múltiples temas que no son abordados en el tratado en detalle» y sus rellenos sobre el mar serían uno de ellos. Mientras España se conforma con elevar protestas por escrito, las piedras continúan hundiéndose en el fondo marino y Gibraltar sigue expandiendo sus fronteras a costa de un Estado que, para salvar el pacto global, decidió mirar hacia otro lado.
Antonio R. Vega – ABC de España