El régimen elimina del registro de justicia las credenciales de cientos de profesionales dentro y fuera del país, que quedan sin poder ejercer la profesión sin que nadie se lo haya notificado. Juan Diego Barberena muestra su carnet de identidad profesional cancelado, este viernes 10-7-2026. Juan Diego Barberena muestra la pantalla con la falla de resultados en el registro del Poder Judicial de Nicaragua, tras ingresar su nombre y su número de credencial.
Ortega inhabilita a cientos de abogados en Nicaragua: Es una purga silenciosa.
El abogado Juan Diego Barberena tecleó su nombre y su número de credencial, el 33.313, en la base de datos del Poder Judicial de Nicaragua para confirmar algo que ya sospechaba. La respuesta del sistema fue un mensaje seco: No se encontraron resultados para esta búsqueda. Ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que controlan Daniel Ortega y Rosario Murillo, Barberena ha dejado de existir como jurista. De un tajo y sin explicaciones. Él tiene claro que se trata de una represalia política por sus críticas al régimen copresidencial desde el exilio. Pero su caso es apenas uno dentro de una purga silenciosa que, desde principios de julio, borra del registro judicial a cientos de abogados, y que alcanza sobre todo a los que litigan dentro de Nicaragua, incluso a quienes no tienen participación política o fueron afines al sandinismo.
Quedar fuera del registro de la Corte Suprema equivale a una muerte profesional, dicen los abogados consultados. Sin ese aval, un letrado no puede litigar, presentar escritos ante los tribunales ni representar a sus clientes. Y como en Nicaragua la mayoría ejerce a la vez como notario —una figura que da fe pública de contratos, compraventas, herencias y poderes—, la cancelación también los deja sin esa función, de la que muchos viven. La medida se ejecuta, además, sin papeles de por medio, lo que la vuelve casi imposible de rastrear o impugnar; no hay, hasta ahora, una resolución que notifique al afectado, ni un decreto publicado en el diario oficial, ni ninguna declaración por parte de un funcionario del régimen.
Lo primero que pensé es que me voy a morir de hambre, porque toda la vida he trabajado como litigante, narra otra de las abogadas afectadas. Pide anonimato porque sigue dentro del país. Ella se enteró de que había sido cancelada cuando, en un juzgado de Managua, le dijeron la semana pasada que no podían recibir un escrito de un cliente porque su autorización para ejercer como notaria estaba revocada.
Juan Diego Barberena muestra la pantalla con la falla de resultados en el registro del Poder Judicial de Nicaragua, tras ingresar su nombre y su número de credencial.Miguel Andrés
Abogados afectados como Rudy Siles Espinoza, también exiliado, sostienen que la purga alcanza a más de 2.000 juristas, una cifra que calculan a partir de un censo informal hecho entre colegas. El País no ha podido verificar ese número ante la ausencia de registros oficiales, pero sí corroboró de forma independiente más de una decena de casos de abogados eliminados del sistema, dentro y fuera del país.
No es la primera vez que el régimen copresidencial despoja a abogados de su ejercicio, pero sí la más masiva y opaca. En 2023, la Corte Suprema suspendió de forma definitiva a 25 abogados y notarios excarcelados, desnacionalizados y exiliados —entre ellos el escritor Sergio Ramírez, Premio Cervantes— mediante dos resoluciones firmadas por funcionarios judiciales. Esta vez no hay resolución, ni decreto en el diario oficial, ni notificación a los afectados. Es una purga silenciosa, insiste una de las fuentes judiciales.
Una ofensiva contra la justicia
La cancelación va más allá de figurar o no en el registro. Barberena tampoco pudo entrar al Sistema Nicarao, la plataforma electrónica del Poder Judicial donde se consultan los expedientes, ni acceder a las causas en las que había actuado como apoderado de sus clientes. En la práctica, quedó desconectado de cada trámite que sostenía su trabajo.
Además de opositores y de litigantes sin filiación política, la medida ha alcanzado a exasesores de la propia Corte Suprema que fueron afines al sandinismo, según fuentes ligadas al Poder Judicial. Y no se limita a borrar nombres del registro. Muchos afectados han confirmado que son víctimas de la ofensiva precisamente al toparse con otros bloqueos: no han podido presentar escritos ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos, la instancia del Poder Judicial que reparte los expedientes entre los tribunales, ni comprar el papel sellado que expende la Dirección General de Ingresos, el documento fiscal sin el cual ningún escrito ni acto notarial tiene validez legal en Nicaragua.
Para Reed Brody, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU y conocido como el cazadictadores por su trayectoria persiguiendo a responsables de crímenes de Estado, la medida sigue un patrón conocido. Ya cerraron las ONG, las universidades, los medios, las iglesias. Ahora le toca a la abogacía. Es el mismo método: eliminar, sin proceso alguno, a todo aquel que pueda interponerse entre el poder y el ciudadano, afirma.
Brody, que participó en la redacción de los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados en 1990, subraya que ninguna sanción de este tipo puede imponerse sin un proceso ante un órgano independiente. En Nicaragua no hubo proceso, no hubo órgano, no hubo nada, remarcó.
Fuentes consultadas por este diario, ligadas al Poder Judicial, aseguran que la cancelación de credenciales fue ordenada por la copresidenta Murillo y se ejecuta de forma coordinada entre la Fiscalía, la Procuraduría General de Justicia y la propia Corte Suprema. En Nicaragua ejercen alrededor de 40.000 abogados, según cálculos del gremio, aunque nadie puede precisar cuántos han sido borrados hasta ahora.
La medida se inscribe en una purga más amplia sobre el sistema judicial que Murillo dirige desde octubre de 2023, cuando la Policía tomó la Corte Suprema y destituyó a varios altos cargos. Desde entonces, renunciaron o fueron apartados una decena de magistrados, se despidió a más de mil trabajadores judiciales y una reforma constitucional redujo el tribunal de 16 a 10 jueces, todos designados a propuesta de la pareja gobernante.
Ahora, Barberena interpreta la purga de abogados como un movimiento de largo alcance. El régimen busca copar todos los espacios profesionales independientes, igual que ha hecho al restringir el ingreso a la carrera de Medicina en los últimos meses, y neutralizar a los abogados disidentes dentro del país, a quienes podría reactivarles las credenciales más adelante a cambio de acuerdos, advierte.
El temor, sostiene, opera como una herramienta más del control. Pero la lectura que más le preocupa es a mediano plazo, porque la purga apunta a sacar del juego a los juristas críticos y con formación académica que podrían tener un papel relevante en una eventual transición política. A todos aquellos juristas críticos, formados, con experiencia académica, [el objetivo] es sacarlos también del juego de cara a una futura refundación del Poder Judicial, sostiene.
Barberena, exiliado en Costa Rica, asume que su cancelación es una represalia por sus investigaciones contra el proceso de desconstitucionalización, las enmiendas que, dice, configuraron un régimen absoluto y totalitario en Nicaragua. Le molesta la arbitrariedad, pero no le quita el sueño. Lo que he aprendido, lo que investigo, lo que enseño en las universidades, eso no me lo va a quitar una anulación de facto de la dictadura, concluye.
Wilfredo Miranda Aburto – El País de España