La transición energética no se juega únicamente en redes, industrias o tecnologías: se decide cada día en millones de desplazamientos cotidianos Autobús de pedanías en Murcia.
Durante años, el debate sobre el transporte público se centró en servicio, tarifas e infraestructuras. Hoy hay un elemento añadido: Europa ha redefinido su papel en la estrategia climática, y pasa por la promoción del transporte público a una escala mayor que garantice además el acceso a los servicios públicos fundamentales. Este planteamiento supondrá un importante reto para las políticas públicas.
Entre 2026 y 2030 confluyen decisiones —electrificación de flotas, precio del carbono, cambio modal del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la movilidad como derecho— que, desde lógicas distintas y externas al gestor, imponen una misma exigencia: crecer y descarbonizarse a la vez. No se trata de decisiones del propio sector, sino de un marco regulatorio y estratégico acordado a nivel europeo y nacional que redefine su función.
Para las finanzas públicas esto implica más inversión —flotas, cocheras, recarga, sistemas— y, simultáneamente, más costes operativos. La transición no es instantánea: Convivirán tecnologías durante años y el encarecimiento del carbono afectará a parte de la operación, mientras se incrementan frecuencias y capacidad para captar demanda. Es, en esencia, un esfuerzo adelantado en costes frente a beneficios que se materializarán más tarde.
Las estimaciones del informe de Afi permiten concretar esta dinámica para el transporte urbano e interurbano: Los gastos operativos de funcionamiento crecerán en torno a un 36% hasta superar los 10.000 millones de euros anuales en 2030, mientras que la inversión necesaria entre 2026 y 2030 sumará 16.500 millones de euros, tanto para la sustitución de flota como por la ampliación de capacidad para absorber el cambio modal.
Estos retos obligan a ordenar un sistema de financiación coherente y estable que permita hacer crecer la demanda y ejecutar la inversión en plazo. No se trata de un único instrumento, sino de un marco que integre distintas fuentes de financiación y niveles de decisión estatal, autonómica y local.
La clave no es tanto el origen de los recursos, como su estabilidad y coherencia: Alinear financiación, objetivos y calendario. Pero en esta lógica, mecanismos como el ETS2 pueden dar consistencia al Fondo (FECMO) que ha definido la reciente Ley de Movilidad Sostenible.
Pocas inversiones ofrecen retornos tan claros. Cada viaje que sustituye al coche reduce emisiones, mejora la calidad del aire, disminuye la dependencia energética y amplía oportunidades de movilidad. Es una política con efectos simultáneos sobre el clima, la economía y la cohesión social. La transición energética no se juega únicamente en redes, industrias o nuevas tecnologías.
Se decide también cada día en millones de desplazamientos cotidianos. Y para que esos desplazamientos cambien, el sistema que debe absorberlos necesita una base financiera sólida y previsible donde la Administración defina claramente los recursos a largo plazo. El desafío, en definitiva, ya no es tecnológico ni climático. Es financiero.
César Cantalapiedra, Ricardo Pedraz González – El País de España