El boliviano está obligado a la resiliencia. Después de aguantar más de 50 días de bloqueo de carreteras como medida de presión para pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, ahora le toca hacer filas de hasta cuatro horas para conseguir combustible. La Cámara de Transporte de Carga Pesada ha denunciado que el 70% de sus vehículos se encuentra haciendo cola para cargar diésel. Las terminales de buses han tenido que reducir sus salidas. El Gobierno culpa a la paralización de los pasados días. Asegura estar haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles para normalizar el abastecimiento y, para aliviar la demanda, promulgó este miércoles un decreto que permite a empresas privadas importar y vender combustible a precio de mercado.
Si bien la apertura a la comercialización privada de hidrocarburos llegó al terminar el anterior Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), la norma establecía que sería transitoria y aplicable en un régimen de emergencia, cuando el Estado no podía afrontar más la subvención del combustible. Ahora, el decreto 5644 formaliza un mercado privado de combustibles que, aunque el Estado establezca un precio de referencia, permitirá que los costos se regulen de acuerdo con la oferta y la demanda.
El Estado seguirá comprando y distribuyendo hidrocarburos a través de la empresa pública petrolera a un precio regulado —sin subsidio desde la asunción de Paz—, pero convivirá con un mercado privado.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, ha defendido la norma como una diversificación de la oferta en un contexto de desabastecimiento. El sindicato de transporte público de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada del país, ha denunciado que solo está operando el 50% de sus afiliados por la escasez de diésel. La filial de Oruro de la Asociación de Comercializadores de Hidrocarburos (Asosur) publicó este jueves un comunicado en el que lamentaba que no se despache la cantidad suficiente de combustible en sus estaciones de servicio para satisfacer la demanda de la población.
Blanco niega la preocupación pública de que las arcas del Estado sean insuficientes para la compra de combustible, provocada por la recesión económica que azota al país. Asegura que la compra se hace con pagos diferidos y que el problema responde a una logística afectada por la paralización provocada por los conflictos. Sin embargo, no brinda certezas sobre cuándo acabarán las filas. No sabemos cuándo se normalizará. No les puedo dar una fecha exacta porque no me gusta especular, no tengo una bola para ver qué sucederá. El país ha estado bloqueado por 53 días y no podía llegar el combustible, dijo el miércoles en una rueda de prensa.
El titular de la cartera de Hidrocarburos señaló que se está distribuyendo un volumen de gasolina mayor al de la demanda, porque antes la gente compraba 10 o 15 litros y ahora llenan los tanques por los problemas que se tienen. Defiende que en La Paz, sede de Gobierno, las colas se están reduciendo y la espera ya no es de cuatro días, como ocurría durante las jornadas de conflicto que afectaron principalmente a la capital administrativa del país. Realizó estas declaraciones después de una reunión con sectores productivos de Santa Cruz, a los que prometió dotar de 72 millones de litros de diésel para garantizar la zafra.
El sector agroindustrial y ganadero ha recibido con expectativa la importación privada de combustible. Saludamos que cualquier ciudadano o empresario pueda importar su propio diésel, nos ayudará. Es verdad que vendrá con precios internacionales, pero no hay combustible más caro que el que no existe y hoy tenemos ese problema, declaró a la prensa local el presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales.
Otro de los argumentos que el Gobierno esgrime para justificar la escasez de combustible en las estaciones de servicio son los tiempos que toma aplicar los nuevos protocolos de control de calidad.
La nueva certificación busca ser una solución a la gasolina adulterada que el Ejecutivo admitió haber distribuido en febrero pasado y que afectó, al menos, a 70.000 vehículos que reportaron daños. Una de las condiciones de los movilizados que pedían la renuncia de Paz, plasmada en un documento, fue crear una comisión que garantice combustible limpio, además de resarcir económicamente a los perjudicados. La empresa estatal petrolera, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ha asegurado esta semana que ya fueron resarcidos cerca de 35.000 vehículos.
Caio Ruvenal – El País de España