Las organizaciones y sectores sociales respaldan reformas Políticas, pero exigen que las conquistas de los trabajadores sean intocables y se eleve a rango constitucional la discusión de las convenciones colectivas.
En el marco de los debates sobre el futuro institucional de Venezuela, diversos sectores de la sociedad civil, gremios y organizaciones políticas han emitido una declaración conjunta para fijar posición sobre el rumbo de las reformas en el país. El mensaje es claro: todo proceso de cambio político, económico y social debe tener como premisa inquebrantable el Principio de Progresividad de los Derechos Humanos y Constitucionales, así lo destacaron Arsenio Henríquez diputado por el estado Nueva Esparta y secretario sindical de partido MIN-Unidad.
La Progresividad como línea institucional
Señaló que el principio de progresividad no es una simple aspiración política, sino una tesis jurídica de obligatorio cumplimiento en el derecho constitucional moderno y en los tratados internacionales de derechos humanos. Este principio establece que el Estado está obligado avanzar constantemente en la cobertura y protección de los derechos, quedando estrictamente prohibida cualquier medida regresiva que menoscabe las conquistas sociales ya alcanzadas por la ciudadanía.
El cambio no puede significar un retroceso
Cualquier reforma legal o constitucional en Venezuela debe hacerse para ampliar derechos, jamás para recortarlos. La progresividad es la garantía de que el tránsito hacia un nuevo modelo social y económico se haga con la gente y para la gente”, señala el documento emitido.
Apertura al cambio político, pero con condiciones
La declaración expresa su total acuerdo con revisar y modificar los mecanismos de participación democráticos, entendiendo la necesidad de relegitimar y optimizar el funcionamiento institucional. Sin embargo, hay que respaldar a estas reformas teniendo seguro la protección absoluta de la estabilidad social y económica de la población.
Ratificación y blindaje de los derechos laborales
El núcleo de la exigencia se centra en el ámbito laboral. Los sectores laborales ratifican que los derechos de los trabajadores venezolanos son irrenunciables y exigieron el respeto irrestricto a: Una remuneración digna. Que responda a las necesidades reales de los trabajadores y sus familias, de acuerdo con los estándares internacionales.
Prestaciones sociales y retroactividad
Mantener y proteger el régimen de prestaciones y su derecho a la retroactividad como patrimonio del trabajador frente a los procesos inflacionarios.
Libertad sindical: Ratificar y garantizar el pleno derecho a la libre sindicalización, sin persecuciones ni tutelas estatales.
Propuesta de vanguardia: Constitucionalizar las Convenciones Colectivas
Como elemento novedoso para la agenda de transformación del país, la declaración propone la inclusión de una nueva norma en el texto constitucional. Se busca establecer la constitucionalidad obligatoria de las discusiones de las convenciones colectivas, aplicando este mandato tanto para el sector público como para el sector privado.
Con esta medida, se busca que la negociación colectiva deje de ser una concesión de los patronos o del Estado de turno, y se convierta en una obligación constitucional periódica, garantizando la paz laboral y la actualización constante de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Finalmente, el portavoz hizo un llamado a todos los actores políticos que participan en las mesas de diálogo y reforma a asumir este compromiso histórico. “No habrá estabilidad política ni crecimiento económico sostenible si se pretende edificar sobre el sacrificio de los derechos de quienes trabajan”, concluye el comunicado.
Nota de prensa