El presidente implanta la narrativa de que el narcoterrorismo está detrás de las manifestaciones, secundando las acusaciones desde Estados Unidos. Bloqueos en Bolivia.
Paz apuesta por desgastar las protestas y evita sacar al Ejército para resolver la crisis en Bolivia.
El Gobierno de Rodrigo Paz se aleja de la opción de mano dura para poner fin a las protestas sociales que desde hace un mes y medio sacuden a Bolivia. El presidente promulgó la semana pasada una ley que regula los estados de excepción, pero por ahora no ha decretado el despliegue de las Fuerzas Armadas para desbloquear las carreteras. Parece, más bien, optar por el agotamiento de los manifestantes y por desarticular los movimientos sociales que piden su renuncia a través de la detención o persuasión de sus dirigentes. La nueva Bolivia se construirá con diálogo, sin dar lugar a la violencia, sentenció el miércoles en conferencia de prensa el vocero presidencial, José Luis Gálvez.
El plan parece dar resultados, si se cree en las palabras del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien aseguró en una entrevista con radio Panamericana que el conflicto estaba entrando en su fase final. Los puntos de bloqueo en las carreteras del país pasaron de los 90 que promediaban la semana pasada a los poco más de 50 que reportó este lunes la Administradora Boliviana de Carreteras.
Las poblaciones campesinas de La Paz, las primeras en levantarse contra Paz, continúan con las medidas de presión. El dirigente campesino, Aquilardo Caricari, aseguró que cualquier apertura de diálogo entre los ejecutivos y el Gobierno será desconocido por las bases y que los líderes sindicales están negociando su libertad y el cese de la persecución judicial a costa del pueblo movilizado.
Una nueva marcha conformada por indígenas aimaras, obreros sindicalizados y choferes del transporte público se dirigió el miércoles pasado al Palacio de Gobierno, en La Paz. Al frente no estaban los rostros habituales porque algunos líderes sindicales —como Mario Argollo, de la Central Obrera Boliviana (COB), o Andrés Paye, de los mineros asalariados— se han declarado en la clandestinidad por las órdenes de aprehensión en su contra. Sí estuvo en la movilización Vicente Salazar, cabecilla de los aimaras, que, en medio de la confusión durante la gasificación por parte de la Policía, fue detenido, aunque liberado poco después.
El alto número de detenciones de ejecutivos sindicales y de organizaciones sociales hace pensar en una estrategia del Gobierno de descabezamiento o amedrentamiento. La COB denunció que policías encapuchados estaban realizando arrestos irregulares: Parece terrorismo de Estado. No pueden empezar a cazarnos para hostigar a la dirigencia, acusó días atrás Edgar Salazar, uno de los integrantes de la central. La otra vía para sacar a los líderes de la ecuación parece ser la cooptación. Desde la aprobación de la ley [de estado de excepción] se avanzó mucho en el diálogo. Se adhirieron muchos sectores a conversar (…) Estamos resguardando a los dirigentes valientes que se ponen al frente; los violentos les han quemado sus casas y prohibido dialogar, confesó el portavoz Gálvez.
Las organizaciones movilizadas han salido a protestar frente a las negociaciones entre el Gobierno y algunos ejecutivos sindicales. Así lo reprochó Severo Marca, parte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia: Las reuniones son con dirigentes que no representan al movimiento. Sabemos que muchos de ellos se están prestando al juego del Gobierno. Los que nos mantenemos leales estamos con el pueblo. Los marchistas gritan la consigna de renuncia o convulsión porque, según reclaman, sus demandas han sido desoídas y las políticas de Paz han excluido a los sectores populares.
El plan de Paz de descabezar las organizaciones mientras espera el desgaste de los bloqueadores ha provocado la impaciencia de la población paceña, que se ha visto desprovista de combustible y alimentos por más de un mes. Sin embargo, le está permitiendo aguantar más de 40 días la embestida, un largo periodo de tiempo si se apela a la historia reciente de renuncias forzadas de presidentes, como recuerda el periodista y excandidato a gobernador por La Paz, Andrés Gómez. La gente reniega contra Paz, pero no se ha sumado al pedido de renuncia [de la población rural]. La ventaja de esta estrategia es que reduce el número de muertos y la narrativa de violencia, pero el costo político está siendo enorme: pérdidas económicas y deterioro de la autoridad e imagen gubernamental.
Las manifestaciones de 2019, que denunciaban un fraude electoral por parte del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), forzaron la renuncia del expresidente Evo Morales en 21 días. En 2003, los mismos sectores hoy movilizados hicieron lo propio con el exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, en 16 días. Aunque aquella última crisis dejó un saldo de 67 muertos a causa de los enfrentamientos entre manifestantes y Fuerzas Armadas. Está claro que Paz tiene fresco el recuerdo, como confirman las palabras de su portavoz: [El expresidente y líder de la bancada ultraconservadora del Parlamento] Jorge Tuto Quiroga insiste en aplicar el estado de excepción, como hizo su Gobierno en 2001, durante la guerra del agua. Se olvida que provocó muertes y cientos de heridos. Debe manejarse como un ejemplo de fracaso de cómo se gestiona una crisis social, porque a los pocos días tuvieron que revertir la decisión.
Restableceremos el orden, pero no caeremos en la trampa de violencia y muerte que buscan los movilizados, sentenció Gálvez. Para el analista Guido Alejo, el Gobierno baraja el despliegue de las Fuerzas Armadas como su última opción. Desde hace semanas encamina un estado de excepción, pero no lo decretará a corto plazo. Sabe que el costo político puede ser contraproducente y acelerar su caída. Es un camino de no retorno, por eso a estas alturas lo veo poco factible.
Si en el terreno la estrategia de Paz es prolongar el conflicto para desanimar a los manifestantes, en lo discursivo quiere imponer la idea de que las protestas están financiadas por el narcoterrorismo. Alejo asegura que es una narrativa enraizada en el discurso del Escudo de las Américas y el asesoramiento norteamericano. Llamaba a los movilizados violentos, vándalos, pero ahora todo lo enfoca en el narco. Esto, a raíz de tuits de los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos que decían que el narcoterrorismo quiere dar un golpe de Estado en Bolivia. Paz se está alineando con una línea de colaboración mutua, dice Alejo.
El País de España