El traslado de al menos 931 reclusos del Internado Judicial de Barinas (Injuba), luego de los disturbios registrados el pasado domingo 24 de mayo, no resuelve la crisis carcelaria, sino que la agrava, advirtió Humberto Prado, abogado, activista y director ejecutivo del Observatorio Venezolano de Prisiones (Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
OVP: Traslado de 931 reclusos del Injuba agrava la crisis carcelaria.
Durante una entrevista en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, Prado cuestionó que las autoridades respondan a este tipo de situaciones trasladando a los privados de libertad a otros centros penitenciarios donde ya hay hacinamiento y alejándolos de sus familias y tribunales. Prefieren atacar la emergencia, pero no el problema estructural, dijo.
Crees que estás resolviendo el problema, pero lo estás agravando, porque estás enviando el problema a otros penales que ya están hacinados, agregó.
Asimismo, alertó sobre las consecuencias que estos traslados generan para los familiares de los detenidos, quienes muchas veces no cuentan con recursos económicos para desplazarse a otros estados del país.
El Estado debe velar por la vida de los detenidos
Prado explicó que los privados de libertad tomaron las instalaciones del Injuba para protestar por presuntos maltratos, torturas y requisas violentas atribuidas al nuevo director del recinto, según denuncias recibidas por el OVP.
Añadió que la situación empeoró luego de que se suspendieran las visitas y prohibieran el ingreso de alimentos para los reclusos.
Sostuvo que el sistema penitenciario venezolano enfrenta problemas estructurales relacionados con el hacinamiento, el retardo procesal, la deficiente atención médica y las fallas en la alimentación.
También criticó que las autoridades designen a funcionarios policiales como directores de cárceles y recordó que el artículo 272 de la Constitución establece que penitenciaristas con credenciales académicas universitarias deben dirigir estos recintos.
El Estado tiene la responsabilidad de velar por la vida de las personas privadas de libertad, expresó.
Insistió en que se debe contar con autorización judicial antes de realizar cualquier traslado y garantizar información clara a los familiares sobre el lugar al que enviarán al detenido.
Fallecidos bajo custodia
El director del OVP informó que la organización contabilizó al menos 15 fallecidos bajo custodia entre abril y mayo, tanto por hechos de violencia como por problemas de salud y falta de atención médica.
Asimismo, se refirió al caso del preso político Víctor Hugo Quero Navas, quien falleció bajo custodia en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de Caracas el 24 de julio de 2025, y cuya familia habría sido notificada casi un año después de su muerte, mientras su madre lo buscó durante meses sin obtener respuestas sobre su paradero.
Consideró que este caso debe investigarse mediante la aplicación del Protocolo de Minnesota para garantizar transparencia, debido a que distintos organismos del Estado ocultaron información sobre lo ocurrido.
Resaltó la necesidad de desarrollar un plan integral para recuperar la infraestructura, los servicios y la formación del personal penitenciario, con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
En Venezuela no hay una formación de respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, sino que forman al personal para actuar como capataz de presos y tratar a las personas privadas de libertad como cualquier despojo humano, reprochó.
María Iriarte – Fe y alegría Noticias