Las posibilidades de construir una institucionalidad ambiental en Venezuela dependen de la existencia de un contexto democrático, afirmó el sociólogo, investigador y ecologista político Emiliano Terán Mantovani.
Durante una entrevista en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, el especialista alertó que la expansión de la minería ilegal ha contribuido al desmantelamiento de una institucionalidad ambiental que ya presentaba debilidades, dando paso a un extractivismo absolutamente predatorio. A su juicio, esta dinámica representa una lógica suicida para el país por sus efectos sobre los ecosistemas.
En ese contexto, llamó a observar con atención las recientes reformas a las leyes de minería e hidrocarburos, al considerar que en cierta forma normalizan esa situación previa. A su juicio, las modificaciones plantean facilidades para la inversión extranjera y establecen disposiciones más laxas en materia ambiental.
Asimismo, señaló que algunos de los cambios legales podrían estar fuera del marco constitucional, especialmente en lo relacionado con el rol del Estado y los mecanismos de arbitraje internacional, lo que —según indicó— genera un conflicto jurídico en un escenario donde lo normativo ya está profundamente vulnerado.
Las inversiones no pueden estar por encima de la protección ambiental
Terán destacó que el país atraviesa una etapa de incertidumbre política que dificulta definir el rumbo institucional. No sabemos a dónde va el país, expresó, al tiempo que insistió en la necesidad de abrir espacios de diálogo entre la sociedad y los actores políticos para debatir estos temas.
En ese sentido, subrayó el papel de la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación para promover un debate informado y exigir el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución.
También hizo énfasis en la necesidad de replantear el modelo económico en zonas sensibles como la Amazonía venezolana, donde existen territorios en los que no debería desarrollarse actividad minera. En su lugar, planteó alternativas económicas vinculadas a la conservación y al turismo de mediana y baja escala.
Finalmente, advirtió que la captación de inversiones no puede estar por encima de la protección ambiental. De nada sirve tener inversiones si van a terminar destruyendo los ecosistemas, afirmó, al recordar la importancia de resguardar las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial por su valor estratégico para la sostenibilidad del país.
María Iriarte – Fe y Alegría Noticias
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