El cobro mensual de 15 gramos de oro por parte de la Corporación Venezolana de Minería genera rechazo en el sector minero del sur de Bolívar.
Sector minero cuestiona cuota en oro fijada por la CVM.
Una “cuota de sostenimiento”, equivalente a 15 gramos de oro mensual es lo que deberán pagar oficinas dedicadas a la comercialización de este mineral, así como casas de cambios en los municipios del sur del estado Bolívar, de acuerdo con un oficio de la Corporación Venezolana de Minería (CVM).
Según el documento, fechado en abril de 2026, este aporte estaría orientado a reforzar mecanismos de control y regularización de la actividad minera, en cumplimiento de disposiciones legales vigentes.
Sin embargo, la medida generó preocupación en el sector minero, cuyos actores advierten sobre posibles afectaciones a la actividad comercial, ya que existe doble tributación; pago a la Alcaldía por impuesto de establecimiento local y el reciente cobro por parte de la CVM.
Además, el oficio establece la obligatoriedad en el lago de la cuota, para garantizar la operatividad formal de los establecimientos, así como de estar vinculada a la emisión de certificados de registro como comerciantes de minerales.
En ese contexto, Darío Graffe, dirigente social en Guasipati, municipio Roscio, señaló que este tipo de medidas podrían tener efectos contraproducentes.
“En Guasipati, la CVM impone cobros en oro (15 g/mes) para comercializar. Más que regular, distorsiona la actividad y golpea la formalidad”, expresó.
Graffe advirtió que este tipo de políticas podría incentivar el incremento de prácticas informales, en detrimento de los esfuerzos por regular el sector minero.
Como alternativa, planteó fortalecer el rol institucional de la estatal minera: “La solución es institucional: Que Minerven compre a precio justo y con reglas claras”.
Asimismo sostuvo que esto “es consecuencia de una Ley de Minas recién aprobada, que genera caos económico en la zona sur, la cual jamás fue consultada por los verdaderos actores mineros”.
Representantes del sector coinciden en la necesidad de establecer normas claras y transparentes que impulsen la formalización minera sin afectar el equilibrio del mercado.
El Nacional
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