El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero explicó que hay casos de presos políticos que no están incluidos en la Ley de Amnistía: los policías metropolitanos, intento de magnicidio contra Nicolás Maduro (2018), ni los de la operación Brazalete Blanco, entre otros.
Así lo reveló en entrevista con El Mundo de España: Los policías metropolitanos presos desde hace más de 20 años, a quienes se les imputó por homicidio intencional [se produjeron muertos en las protestas contra Hugo Chávez antes del golpe de abril de 2002], no estarían incluidos en la amnistía. En el caso de los drones [supuesto atentado contra Nicolás Maduro de 2018], hay imputados por intento de homicidio, por lo que quedarían excluidos. Otro ejemplo, el teniente coronel Igbert Marín Chaparro [número uno de su promoción], incurso en una operación de carácter militar llamada Brazalete Blanco. Tampoco estará su caso entre los hechos que van a ser amnistiados, como me temo que ocurra también con los hispanovenezolanos Jorge Alayeto y Ángela Expósito», declaró al medio español.
Romero destacó que a la fecha, no ha sido liberado ningún preso político militar.
«Y no sólo militares, también personas relacionadas con operaciones militares: más de 400 presos políticos hoy. Todo esto hace la ley limitativa, aunque han incluido al final que la Comisión de la Asamblea Nacional va a tener cierta discrecionalidad para incorporar casos que no figuran en la ley», acotó.
Expolicías metropolitanos tienen 23 años tras las rejas
Los efectivos de la extinta Policía Metropolitana Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina son los presos políticos más antiguos del país. Ya tienen 23 años en prisión. Ellos fueron acusados por los hechos del 11 de abril de 2002, y a pesar de haber cumplido más de la mitad de su pena y tener beneficios vencidos, el sistema judicial les niega la libertad, suscribe un reporte de RunRunes.
En esa fecha, una masiva manifestación opositora en Caracas fue dirigida hacia el Palacio de Miraflores. En los alrededores del palacio (específicamente en Puente Llaguno) un grupo de seguidores oficialistas, algunos con armas de fuego, aguardaron a la manifestación. En el lugar se produjeron tiroteos y enfrentamientos que dejaron 19 muertos y cientos de heridos. Los hechos desembocaron en una breve salida del poder del entonces presidente, Hugo Chávez. Al menos nueve funcionarios policiales fueron posteriormente acusados por el gobierno por el suceso.
Héctor Rovaín (inspector jefe), Erasmo Bolívar (distinguido) y Luis Molina (patrullero) participaron en el operativo de seguridad de la Policía Metropolitana en la avenida Baralt. En abril de 2003, el gobierno los detuvo y fueron imputados por la muerte de dos de los caídos en Puente Llaguno (Rudy Urbano y Erasmo Sánchez) y por las lesiones de otras personas en los alrededores de ese lugar.
Y aunque civiles oficialistas conocidos como “los pistoleros de Puente Llaguno” fueron grabados disparando desde el puente hacia la avenida Baralt y los detuvieron detenidos inicialmente, resultaron absueltos en 2003 bajo el argumento de que actuaron en “defensa propia” contra la Policía Metropolitana. Entre ellos destacaron figuras como Richard Peñalver y Rafael Cabrices.
Entre los años 2006 – 2009 se lleva a cabo un largo proceso judicial contra los policías metropolitanos mencionados. Pese a que las experticias técnicas (criminalística y balística) no lograron vincular las armas de los funcionarios con las víctimas, el juicio prosiguió.
Anaisa Rodríguez – Noticiero Digital