El coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Oscar Murillo, ve con buenos ojos el diferimiento de la segunda discusión del Proyecto de Ley de Amnistía, en aras de generar los espacios necesarios para lograr el mejor instrumento posible.
En entrevista durante el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, el activista destacó que, el contexto actual del país nos exige a todos que las cosas se hagan bien.
Ojalá que este diferimiento, esta pausa, logre generar las reflexiones necesarias, porque yo creo que estamos en un momento muy delicado del país en el que no podemos darnos el lujo de hacer las cosas mal, hay que hacer las cosas bien. Creo que es un momento especial en el que se requiere de mucho esfuerzo y mucha voluntad política para avanzar hacia la reconciliación y hacia la paz.
Murillo aseguró que la Ley de Amnistía no debe considerarse el punto final, sino más bien el punto de inicio de un proceso de reinstitucionalización del país.
La Asamblea Nacional ya ha considerado algunos aportes de las ONG en la Ley de Amnistía
El representante de Provea destacó que, aunque no hay una única posición, la sociedad civil ha hecho aportes y la Asamblea Nacional (AN) ha considerado algunos de ellos en el proyecto que discute.
Dijo que la AN aún no ha discutido las dos observaciones de carácter conceptual que hicieron sobre la exposición de motivos de la Ley de Amnistía; por tanto, esperan que el Parlamento aún pueda considerarlas.
Sobre estas observaciones, precisó que la primera tiene que ver con atribución de culpas que no corresponde a la amnistía y que se hace a través del empleo de términos como extremismo, que a juicio de la organización de derechos humanos no favorece el espíritu de este tipo de instrumento con el que se busca superar un momento de crisis profunda que ha vivido el país.
Otra de las observaciones tiene relación con el concepto que se maneja de clemencia soberana, sobre la que aclara que la amnistía no se trata de un perdón porque no se atribuyen culpas, porque eso lejos de ayudar, puede generar divisiones y profundiza el resentimiento.
Sobre los aportes que la AN tomó en cuenta, Oscar Murillo señaló que el proyecto no incluía lapsos procesales, pero los diputados los incorporaron.
Asimismo, el proyecto incorporó una comisión nacional de verificación, aunque el representante lamenta que el Poder Legislativo controle esta figura en exclusiva; por ello, espera que, al desarrollar más adelante este mecanismo, la ley incluya a otros actores.
Y agregó que también consideraron la propuesta de incluir el principio de in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del reo). Este principio favorecería a cualquier persona sobre cuyo procedimiento carcelario surjan dudas, aplicando así la presunción de inocencia.
Esta ley tiene alcabalas que no deberían existir
Para el coordinador de Provea, este instrumento legal no debería dejar dudas sobre su ámbito de aplicación ni debería tener alcabalas y, a su juicio, tal como está redactada, en principio, las tiene.
Aunque se nos habla de que el ámbito de aplicación parte desde 1999 hasta nuestros días, en efecto, como está redactada la ley, hay al menos diez años que quedan fuera y con ello personas que no van a ser beneficiarias de la ley, explicó.
En este sentido, el activista insistió en que por esto no puede verse esta propuesta como un punto de llegada, sino un punto de partida en el proceso de reinstitucionalización del país.
Enfatizó que la Ley de Amnistía no puede ser una condicionante para las excarcelaciones, sino más bien tiene que ser el instrumento que facilite una segunda fase que permita el borrado de expedientes y la eliminación de medidas cautelares y restricciones con las que los disidentes están dejando su reclusión.
Este proceso necesita confianza
Para Oscar Murillo, es medular la construcción de confianza para sacar adelante este proceso, aunque reconoce que no es fácil, particularmente entre los actores políticos del país.
El experto considera que esta Ley de Amnistía pudiese ser un primer gesto para la construcción de esa confianza, pero para ello debe darse una discusión franca y transparente en la que no haya alcabalas.
Insistió en que, debe ser una discusión en la que se plantee una Ley de Amnistía que sea de cobertura general, que no excluya y que, al final de cuentas, no termine como una autojustificación de quienes han estado en el poder.
El activista de derechos humanos cree que no se puede permitir que, en definitiva, la percepción sea que esta ley está siendo diseñada o escrita para autojustificar la injusticia.
Por eso, el comunicador social apuntó que el meollo del conflicto político radica en la necesidad de reestructurar el sistema de justicia venezolano, el cual no ha podido contener los abusos y arbitrariedades que el país ha registrado en los últimos años.
Destacó que para que la percepción de justicia sea cierta, es necesaria la memoria, la verdad y la reparación de las víctimas.
Enfatizó que el principal objetivo, de la sociedad
Irani Acosta Villanueva – Fe y alegría Noticias