Ítala Jiménez, jubilada del Ministerio de Educación, expresó su preocupación por el mecanismo actual de pago de bonos, afirmando que los trabajadores reciben montos inferiores a los anunciados debido a la devaluación.
El lunes 17 de noviembre de 2025, representantes sindicales del sector público reiteraron su exigencia de una revisión del salario mínimo y de los bonos complementarios. Las voceras expusieron la persistente pérdida del poder adquisitivo y plantearon medidas para aliviar el impacto económico que enfrentan millones de familias venezolanas.
Los bonos los vienen pagando indexados al dólar, pero cuando el trabajador lo hace efectivo ya vienen dos puntos menos. Estamos dejando de percibir cierta cantidad de dinero, señaló.
La dirigencia propuso convertir los bonos en salario para que incidan en aguinaldos, prestaciones sociales y vacaciones, y planteó también la indexación al euro, argumentando que muchos servicios, comercios y trámites ya utilizan esta moneda como referencia, lo que aportaría mayor estabilidad al ingreso.
Una pérdida de 1.200 millones de bolívares al año
Betty Colmenares, secretaria de Finanzas del Sindicato de Trabajadores de Educación del estado Lara, calificó el ingreso actual como insuficiente incluso para cubrir necesidades básicas.
Colmenares, explicó que el bono de alimentación, que debería equivaler a 40 dólares, se paga por debajo del monto anunciado, generando una diferencia aproximada de 10 bolívares por trabajador al mes. Tomando en cuenta a los 10 millones de pensionados, jubilados y trabajadores activos del país, la pérdida mensual alcanza los 100 millones de bolívares. En términos anuales, la clase trabajadora deja de percibir unos 1.200 millones de bolívares, recursos que, según la dirigencia, deberían ser restituidos.
Salud y educación: los sectores más ignorados
El sector sindical advirtió que la insuficiencia salarial compromete directamente la alimentación, el acceso a estudios y la atención médica de los trabajadores y sus familias.
Cubrir la salud de nuestros hijos no se puede, los estudios no se pueden, lamentó Colmenares, al señalar que muchos jóvenes deben incorporarse al trabajo apenas terminan el bachillerato para colaborar con el sustento del hogar. Asimismo, recordaron que el cumplimiento del Artículo 91 de la Constitución es esencial para garantizar estabilidad social, especialmente en un contexto político marcado por negociaciones con actores internacionales.
Los trabajadores insistieron en que el Ejecutivo debe atender con urgencia sus solicitudes de aumento salarial, conversión de bonos a salario e indexación al euro. Consideran que estas medidas permitirían disminuir la presión económica que enfrentan a diario y abrirían paso a mejores condiciones de vida para el sector público y sus familias.
Carmenmilagro Aulino – El Impulso