El terrorista venezolano confeso y sus cómplices fueron puestos en prisión preventiva por la explosión mortal en una gasolinera de Regent Street, en Georgetown capital de Guyana.
Cuatro ciudadanos venezolanos y tres guyaneses fueron enviados a prisión preventiva el miércoles en relación con la explosión mortal ocurrida en la gasolinera Mobil ubicada en la intersección de las calles Regent y King, en Georgetown, que cobró la vida de Soraya Bourne, de seis años, e hirió a cuatro de sus familiares.
Comparecieron ante la jueza Faith McGusty, del Tribunal de Magistrados de Georgetown, los venezolanos Daniel Alexander Ramírez Poedemo, de 33 años —presunto autor intelectual—, Johnny Boodram, de 27 años, Alexander Bettancourt, de 44 años, y la guyanesa Krystal LaCruz, de 33 años.
Poedemo fue acusado por separado de terrorismo, en contravención del artículo 3(1) (a) de la Ley de Derecho Penal (Delitos), Capítulo 8:01.
La acusación alega que el 26 de octubre de 2025 colocó y detonó un artefacto explosivo en la gasolinera Mobil con la intención de amenazar la seguridad y la soberanía de Guyana o sembrar el terror entre la población, lo que provocó la muerte de la niña.
Los otros acusados —Boodram, Bettancourt y LaCruz— fueron acusados conjuntamente de complicidad con Poedemo en el acto de terrorismo. No se les exigió que se declararan culpables o inocentes de los delitos imputados.
El tribunal escuchó que Boodram, presuntamente, transportó a los sospechosos a la gasolinera horas antes de la explosión mortal.
Los investigadores habían informado previamente que se creía que se trataba de una operación de vigilancia, pero según el abogado de Boodram, Mikel Puran, su cliente fue contratado por LaCruz, un ciudadano guyanés que, según se dice, es un cliente habitual.
Puran declaró ante el tribunal que su cliente no tenía conocimiento del ataque planeado y que simplemente fue contratado para transportar a los ocupantes desde la Región Tres hasta Georgetown.
El asesor legal principal de la policía, Mandel Moore, compareció en representación de la fiscalía.
El tribunal, citando la seguridad pública y la gravedad del delito, denegó la libertad bajo fianza y ordenó la prisión preventiva de los cuatro acusados hasta el 12 de noviembre de 2025 para la presentación del informe.
Mientras tanto, otros tres acusados —Wayne Corriea, de 44 años; Ramesh Pramdeo, de 51; y la venezolana Jennifer Rodríguez, de 33— comparecieron virtualmente desde el Tribunal de Magistrados de Georgetown ante la magistrada Alisha George en el Tribunal de Magistrados de Leonora.
Cada uno fue acusado de complicidad en terrorismo y también se les ordenó prisión preventiva hasta el 24 de noviembre de 2025, fecha en que se reanudará la audiencia.
El abogado Bernard DaSilva, representante de Corriea y Pramdeo, argumentó que sus clientes eran taxistas comunes que, sin saberlo, fueron utilizados por los autores intelectuales del atentado.
Las dos personas a las que represento hoy, Wayne Corriea y Ramesh Pramdeo, podrían ser utilizadas como testigos por la fiscalía para fortalecer el caso contra los acusados número uno y dos, declaró DaSilva.
Señaló que su cliente, Pramdeo, fue llamado para recoger a uno de los acusados y llevarlo a un hotel en Parika, mientras que Corriea era el taxista habitual del principal sospechoso, a quien describió como un pasajero frecuente.
Le pagaban con el oro que le entregaban… le pagaban con oro para que lo vendiera y devolviera las ganancias, quedándose con su parte. Eso es todo.
Esto ocurrió en la costa oeste de Demerara; no tiene nada que ver con Regent Street. Él nunca estuvo en Regent Street ni en Georgetown, y no fue captado por las cámaras de seguridad, añadió el abogado.
DaSilva cree que sus clientes serían mejores testigos para el Estado y preferirían ayudar a avanzar en el caso contra los presuntos autores intelectuales.
Soraya Bourne de seis años fallecida en la explosión en Guyana.
Investigación policial.
Los cargos presentados el miércoles son el resultado de una exhaustiva investigación conjunta de varias agencias y del asesoramiento legal del Director de la Fiscalía Pública (DPP).
Según la Fuerza Policial de Guyana (GPF), este caso representa uno de los enjuiciamientos más importantes en materia de seguridad nacional de los últimos años.
La Policía ha sostenido que la investigación se llevó a cabo con profesionalismo, integridad y estricto apego al debido proceso, al tiempo que reafirmó su compromiso con la seguridad pública y el estado de derecho.
Consecuencias de la mortal explosión en la gasolinera
El jefe de la policía criminal, Wendell Blanhum, afirmó que Poedemo había sido identificado positivamente por sus cómplices y que había confesado su participación en el ataque, eliminando así cualquier duda sobre su implicación.
El principal sospechoso fue identificado positivamente por uno de sus cómplices. Además, como ya mencioné, el sospechoso confesó su participación en este crimen. Ya no hay dudas sobre su identificación, declaró Blanhum.
Según los investigadores, Poedemo ingresó ilegalmente a Guyana la mañana de la explosión y se cree que está vinculado a una red criminal venezolana conocida como el Sindicato.
Blanhum indicó que Poedemo llegó al país alrededor de las 8:00 a. m. del domingo, portando el artefacto explosivo utilizado en el ataque. Las cámaras de vigilancia lo captaron entrando al recinto de la gasolinera ubicada en la intersección de las calles Regent y King con dos bolsas de plástico negras voluminosas.
Momentos después, la explosión sacudió la zona, matando a Bourne e hiriendo a cuatro de sus familiares: Jenica Hooper (27), Yvonne Jonas (71), Seddia McIntosh y Reshard Lord (11), quienes se encontraban dentro del vehículo. La explosión también dañó varios vehículos y edificios cercanos.
El lunes, el presidente Irfaan Ali se reunió con las familias de las víctimas del atentado en la gasolinera, asegurándoles que se hará justicia con prontitud.
Durante una emotiva reunión con las familias, el presidente Ali les aseguró que el gobierno está dedicando todos los recursos disponibles para ayudar a restablecer la normalidad.
El gobierno cubrirá los gastos del funeral y el velatorio de Soraya, según el Ministerio de Servicios Humanos y Seguridad Social, en una muestra de compasión y apoyo continuo.
El ministerio visitó a la familia en duelo el lunes anterior para evaluar sus necesidades y ofrecerles apoyo.
En este sentido, el ministerio también prometió garantizar que la familia reciba la ayuda económica necesaria durante este difícil período y realizar visitas diarias al hospital para supervisar la evolución de los niños heridos que permanecen hospitalizados.
El gobierno de Guyana ha confirmado su intención de solicitar la pena de muerte para los responsables.
Guyana Chronicle