La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció este jueves 3 de julio, a través de su cuenta en X, la detención arbitraria de al menos cinco defensores de derechos humanos en Venezuela: Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Eduardo Torres, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda.
La organización calificó estas detenciones como injustas y exigió su liberación inmediata, destacando que nadie debería estar preso por defender derechos.
Rocío exigía rendición de cuentas al poder militar desde 2005 con Control Ciudadano, detenida junto a 5 miembros de su familia en febrero de 2024 por ‘terrorismo y traición a la patria’, señaló Provea. Asimismo, detalló que Javier Tarazona, de FundaREDES, fue detenido en julio de 2021 tras denunciar amenazas por su trabajo documentando abusos en la frontera. Eduardo Torres, abogado de Provea, sufrió desaparición forzada en mayo de 2025 y permanece aislado en El Helicoide. Carlos Julio Rojas, periodista, fue arrestado en abril de 2024, acusado de terrorismo y magnicidio, mientras que Kennedy Tejeda, de Foro Penal, fue detenido en agosto de 2024 en Carabobo, sin acceso a abogados.
Provea destacó que estos defensores enfrentan procesos judiciales sin garantías, incluyendo detenciones arbitrarias, incomunicación y falta de acceso a defensa legal. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, pidió su liberación inmediata, alertando que estos casos reflejan un patrón de persecución y represión contra quienes defienden derechos en Venezuela.
Türk también señaló que muchas personas detenidas por motivos políticos enfrentan desapariciones forzadas, aislamiento y ausencia de atención médica.
La ONG subrayó que el Estado venezolano incumple tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos de la ONU. Según Foro Penal, al menos 934 personas están presas por motivos políticos en el país. Provea exigió juicios justos, contacto con familiares, asistencia legal y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.
Luis Martínez – Noticiero Digital