31 de mayo del 20205. Acto público en la Plaza Grande del Centro Histórico de Quito de disculpas a las víctimas de esclavitud moderna por parte de la empresa japonesa Furukawa. La sentencia de la Corte Constitucional –conocida cinco meses antes- reconoce la violación de derechos constitucionales de 342 personas durante más de 56 años. Entre los agravios figuran las condiciones de vida, vivienda y trabajo indignas, así como el trato cruel.
El análisis lo realiza la abogada de las víctimas Alejandra Zambrano, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU.
5 de diciembre del 2024 La Corte Constitucional de Ecuador emite un fallo que sí puede ser considerado histórico, dice a la letra: “Por más de cinco décadas mantuvo en sus haciendas una práctica análoga a la esclavitud conocida como servidumbre de la gleba. Este sistema consistía en aprovecharse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad para que vivan en campamentos dentro de las haciendas y cosechen abacá en beneficio de Furukawa”.
Tres aclaraciones sobre este fragmento de la sentencia. Primera. Servidumbre de la gleba. Es una caracterización internacional. ¿Pero en qué se traduce en la vida diaria de los trabajadores?
Es el trabajo en tierra ajena. Más que una caracterización, es una definición internacional en la que la persona, de manera gratuita o incluso pagada, vive y trabaja en la tierra de otra persona sin posibilidad de cambiar de condición. Lo hace por la ley, el acuerdo o la costumbre. Es esta premisa de la imposibilidad de cambiar de condición, la que la vincula a la esclavitud, porque esta vida y trabajo en la propiedad de otra persona, en condiciones que restan la autonomía de la voluntad, en la existe un ejercicio de control del dueño de la tierra frente al trabajador, que impide que el trabajo se de en igualdad, que sería una relación en que mutuamente nos ponemos de acuerdo en las condiciones laborales. Aquí hay un ejercicio de poder ejercido en una extrema vulnerabilidad de la persona sometida que no tiene libertad para negociar libremente sus condiciones de vida o de trabajo. Esto es lo que se analiza principalmente, la pérdida de la autonomía.
Segunda aclaración. Fueron más de 50 años de estos abusos por parte de la empresa japonesa. ¿Por qué el Estado ecuatoriano no hizo nada durante tanto tiempo?
Fue una falta de control absoluto de cómo se daban las condiciones de trabajo en los sectores agrícolas. Recordemos que la violación de derechos, en este caso específico, ocurre en las provincias de Santo Domingo, Los Ríos, en Esmeraldas, en zonas rurales, que se encuentran muy alejadas de las carreteras principales. El factor geográfico tiene una incidencia en el abandono.
Precisamente porque el Estado no hizo nada durante el proceso, en la última audiencia ante la Corte Constitucional, reconoció que nunca habían tenido noticia, nunca se había hecho una inspección, no había un reporte o un expediente. Por eso la Corte declara la responsabilidad del Estado por omisión, por todo lo que no hizo y debió hacer. Como parte de las medidas de reparación, la Corte le dispone que del Ministerio de Trabajo debe reforzar todos sus mecanismos de control en las zonas rurales con base en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que éstos deben adaptarse a las condiciones locales. No se pueden hacer los mismos controles en la ciudad que en el campo y tienen que existir protocolos que permitan identificar a esos inspectores que están ante prácticas análogas a la esclavitud.
Debemos tener presente que las prácticas análogas a la esclavitud tienen formas taimadas. Es decir, se utilizaban contratos de arrendamiento de predios rústicos, que son legales y reconocidos por la legislación civil del país. Así, el argumento de la empresa es que estas personas que estaban en sus haciendas no eran sus trabajadores, sino que tenía unos arrendatarios, y eran ellos los que contrataban a su vez al personal. La Corte identifica que el esquema de intermediación es uno de los factores que internacionalmente se reconoce como recurso para este tipo de prácticas delictivas.
En todo caso ¿podemos descartar totalmente cualquier tipo de connivencia entre representantes del Estado y la empresa japonesa?
Es difícil creer que el Estado no haya tenido ninguna noticia. De hecho, nosotros conocimos que hubo en una época un ministro del Trabajo que incluso le otorgó una certificación de buenas prácticas laborales a Furukawa. Quiero decir que sí había una cercanía entre el este poder económico empresarial y el gobierno. Asimismo, se detectaron puertas giratorias en el último periodo. Por ejemplo, quien era viceministro de Agricultura, una cartera del Estado con la competencia para poder iniciar un proceso de expropiación por estas prácticas de precarización. Luego ese viceministro pasó a ser gerente de producción de la empresa. Un caso más. Un abogado que representaba la empresa por unos reclamos administrativos luego pasó a ser inspector de trabajo.
Tercera aclaración La empresa Furukawa reaccionó en primera instancia mal a la sentencia. Se dijo que se ponía en riesgo la existencia de la empresa y la de sus trabajadores; que era imposible pagar indemnizaciones para enriquecer a las víctimas. Entretanto cambió totalmente de opinión y acepta pagar, indemnizar y todo lo demás. ¿O no es así?
No es del todo cierto. Es mi apreciación como abogada de las víctimas y que he estado en el caso desde el día uno. Creo que el discurso se mantiene inalterable. Cada vez que Furukawa tiene la oportunidad vuelve a señalar a las víctimas, que ya están declaradas en sentencia, como invasores. Reiteran que la sentencia es injusta.
En enero de este año realizaron una simulación del acto de disculpas públicas que establece la sentencia. La Corte les dio el texto que tenían que leer y les dijo estrictamente, cómo debía implementarse ese acto. Primero, no se invitó a las víctimas. Nunca se avisó ni planificó, porque no se puede imponer una fecha, tenía que ser consensuada. Simplemente un día llegaron a la hacienda Isabel, que es el lugar determinado por la Corte, con un grupo de policías, con un medio de comunicación, un notario y con gente que estaba allí. Trabajadores que no son las víctimas. Dieron lectura al documento, lo transmitieron y e informaron a la Corte que ya habían cumplido.
Creo que este acto dice mucho de su actitud. Además, luego de leer el texto, el actual gerente volvió al rechazo. Que ellos no eran responsables, que la sentencia es injusta pero que no les queda de otra. O sea, una disculpa condicionada. Ese no es el estándar de una disculpa que debe ser inequívoca. Luego que si van a cumplir pero que están insolventes. En resumen, me parece que tratan de cuidar su imagen empresarial, diciendo que son respetuosos de las decisiones de la corte. Pero finalmente sus acciones dicen lo contrario.
Agreguemos un punto más a este asunto. Una de las razones que esgrime la empresa es que le ha pedido a la Corte Constitucional que le permita vender 17 haciendas para juntar parte de los 41 millones de dólares que tienen que pagar y que lo ha hecho durante cuatro oportunidades y la Corte todavía no responde.
Es que lógicamente tienen que analizarlo con toda la cautela. No por nada la Corte tomó dos decisiones bastante inéditas para asegurar el cumplimiento. Una es imponer prohibición de enajenar y otra la medida, la intervención. Que se designe un interventor por parte de la Superintendencia de Compañías para un control minucioso de las disposiciones.
Sería muy ligero pensar que, sin más, solamente porque lo piden, porque dicen que hay unas promesas de compraventa sobre las que no tenemos conocimiento, ¿a quién le prometieron vender? ¿A qué precios? Sería irresponsable por parte de la Corte tomar esa decisión precipitadamente, sin contar con toda la documentación para asegurar que esa medida podría llevar a que las trabajadoras realmente logren su reparación.
Alcanzamos ahora un punto fundamental del caso y es que existe una suerte de evitación por parte de las autoridades ecuatorianas del término racismo. ¿Hubo realmente racismo?
Nosotros lo señalamos desde el primer día. Uno de los argumentos de la demanda es el racismo y discriminación, porque el 70% del grupo de afectados pertenece al pueblo Negro, son población afrodescendiente.
Hay otro factor allí de discriminación que afectaba aproximadamente al 98% del grupo, que es la pobreza y la pobreza extrema. Ese argumento fue recogido por la Corte Constitucional y dentro de su sentencia lo califica de racismo estructural y hace un análisis del contexto histórico de todo el tema de la historia de discriminación en contra de la población afrodescendiente. Allí está una de las causas por las cuales ocurre este tipo de violaciones tan graves a los derechos humanos.
Cuando llevamos este tema al acto del sábado pasado, el 31 de mayo, deberían haberse incluido los elementos de racismo y discriminación para considerar realmente satisfecha la medida de disculpas públicas. Uno de esos era el reconocimiento del abandono, otro, que los cientos de víctimas, por más de 50 años, habían estado sometidas y que la mayoría era población afrodescendiente. Sobre eso no se dijo absolutamente nada.
Algo que he notado en estos seis años de acompañar este caso es aquello de lo que nadie quiere hablar, es algo negado por que la gente. A todos los niveles, no solamente desde el Estado, los medios de comunicación. Recuerdo una entrevista a una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, en la que una comunicadora conocida del país le entrevistaba. La funcionaria de la Defensoría hablaba de la presencia mayoritaria de población afrodescendiente, de la discriminación. La comunicadora le dijo No, no es por eso, es porque son personas y no se les puede tratar, no pueden estar sometidas a estas condiciones de vida. Pero no es porque sean del pueblo negro. Prevalece la resistencia a mencionarlo.
Lo que no se nombra no existe. Si no se lo reconoce, si el Estado no acepta y lo llama por su nombre, discriminación estructural, que permea tanto a las estructuras del Estado institucionales como a las privadas, nunca se tomarán medidas que combatan las causas de origen. Serán medidas superficiales, entrega de bonos que, por supuesto son necesarios, en este caso por la situación de pobreza. Pero si la intención de la Corte es erradicar las formas análogas a la esclavitud, no hay otra salida que no sea enfocarse en el tema del racismo estructural y que viene muy de la mano con el abandono.
Escuchamos últimamente, por todo este contexto de inseguridad, el abandono estatal, que se da por la falta de presencia de las instituciones que impide que las personas tengan acceso a derechos. Realidad que se experimenta sobre todo en las zonas rurales. Ese abandono no es de un periodo de gobierno, estamos hablando de 498 años. Es allí en donde están las causas que explican las formas análogas a la esclavitud.
Usted ha dado parte de la de la respuesta de lo que quiero consultarle. Me da la impresión que cuando se piden disculpas públicas es para que todo el país tome conciencia de lo que ha pasado. Cuando la Corte Constitucional saca una sentencia realmente histórica para beneficiar a las víctimas, se espera que todos estos gestos permeen la sociedad ecuatoriana y se tome conciencia de la de la gravedad de lo sucedido y se intente que no vuelvan a repetirse acciones de esa naturaleza. ¿Estamos por el buen camino?
El acto de disculpas públicas, que es el primero de los que corresponden al Estado, tuvo una planificación adecuada en cuanto a la logística. Primero porque fue el Estado quien se hizo cargo de traer a las personas y poner todos los medios para que ellos asistieran. Son 340, se requería una organización más o menos significativa. Hubo también reuniones, incluso con la propia ministra, para consensuar la fecha, el lugar. Hubo un trato adecuado, respetuoso y eso es lo que corresponde. La historia de mis defendidos es que cuando nos hemos acercado a la institucionalidad, a los juzgados, a las salas de audiencias en Santo Domingo, siempre éramos vistos con sospecha. Si las víctimas llegaban antes de mí, no les dejaban entrar, los tenían afuera. Entonces, definitivamente son actos de racismo, porque tenía que llegar la abogada, tenía que llegar yo, el otro abogado que les defiende para que nosotros les autoricemos o presionemos a las autoridades administrativas del Consejo de la Judicatura para que se le diese un trato digno, para que se habilite una sala, un monitor, un audio y que las personas puedan escuchar su audiencia, su juicio.
El tema de las disculpas públicas establece una diferencia. Hubo trato cordial, cálido. Yo me he reunido y he hablado con casi todos mis defendidos, que son 123, y ellos eso sí lo sintieron
Ahora, en cuanto al discurso de la ministra, el sentimiento es de decepción. Las víctimas esperaban sobre todo compromisos, qué está haciendo y qué va a hacer el Estado para protegerlos. Más cuando la empresa está diciendo a todos los vientos que no tiene para pagar, que están insolventes. El Estado tiene que activarse con más fuerza. Y eso no se escuchó. La ministra no dijo ni una sola palabra acerca de compromisos concretos, cómo va a proteger a este grupo de 300 personas hasta que la empresa les pague.
José Zepeda Varas – Periodista de Radio Media Naranja y de Razones de la Palabra – Teléfono: 0031653348852 – Correo: zepedavaras@gmail.com – zepedajose@hotmail.com