El pasado domingo 1ero de junio, 100 millones de electores mexicanos fueron convocados para elegir a 2.682 jueces, todos los federales y a locales en 19 de los 32 estados. Eso incluyó a los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia, dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistraturas de sus cinco salas regionales y los cinco integrantes del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial.
Así, México pasa a ser el segundo país del mundo en elegir por voto popular a prácticamente todos los miembros de su Poder Judicial desde su nivel más alto. El otro caso es Bolivia que lo hace desde 2009.
Esa reforma, impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante el sexenio (2018-2024), y coronada por su sucesora y heredera política, Claudia Sheinbaum, busca, según sus promotores, reformar un sistema de justicia plagado por la corrupción y al servicio (se ha dicho) de los intereses de los ricos y poderosos. Como ejemplo de su viabilidad exhiben el caso de su vecino del norte, donde buena parte de los jueces y fiscales, locales y estatales, son seleccionados por el voto popular.
Sus críticos, entre los que destaca el ex presidente Ernesto Zedillo, consideran, en cambio, que en realidad se trata de una estratagema mediante la cual el partido oficial, Morena, busca eliminar el último gran freno a su poder.
Este ha sido el centro del debate público durante bastantes meses, solo opacado por las amenazas de comerciales de Donald Trump.
Aunque durante su mandato presidencial López Obrador calificó, en no pocas ocasiones, como corruptos a los jueces en sus matutinas ruedas de prensa, siempre acató sus fallos. En 2023, el Tribunal Supremo bloqueó algunas de sus decisiones como, por ejemplo, su intento por controlar el Instituto Nacional Electoral (INE) o poner a la Guardia Nacional bajo mando militar.
Su respuesta ante esos reveses consistió en empeñarse en sustituir a los jueces por medio de la votación popular. Fue el inició de su última gran batalla política; el colofón de lo que bautizó como la Cuarta Transformación. Pero a ojos críticos se puede concluir que en la práctica ha sido la desembocadura lógica y natural del proceso de instauración de una nueva hegemonía política en ese país.
Fundado por AMLO, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) nació en 2014 fruto de la división del PRD, el partido que bajó el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, a su vez, unió a las seis principales fuerzas de la izquierda mexicana en 1989. Hizo su primera incursión en las elecciones legislativas de 2015 donde alcanzó los 3,3 millones de sufragios (el 8 % de la votación nacional) y se colocó como cuarta fuerza partidaria del país. Desde entonces su ascenso ha sido vertiginoso. Los sufragios de 2018 no solo consagraron a López Obrador como presidente de México con una cómoda ventaja, sino que, además, le otorgaron mayorías a su movimiento en las dos cámaras del Congreso y la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México a Sheinbaum.
Así pues, Morena se ha convertido en una máquina de ganar elecciones y acumular poder. En 2018 sólo controlaba los gobiernos de 5 de los 32 estados; ahora controla 24 y tiene mayorías en las legislaturas estatales.
El año pasado Sheinbaum, en alianza con otros factores de izquierda, ganó en 31 de las 32 entidades federales y le sacó 30 puntos de ventaja a su más cercana competidora. En ese proceso Morena y sus aliados se quedaron al borde de obtener los 2/3 del Congreso, casi los necesarios para aprobar reformas constitucionales.
Como en México el Poder Legislativo se instala unas semanas antes de la toma de posesión del presidente, AMLO aprovechó esa mayoría para promulgar en el mes previo a la transición de mando una serie de enmiendas constitucionales que modificaron el sistema judicial. Así, la mayor parte de los cargos judiciales pasaron a ser electivos, el número de magistrados de la Corte Suprema se redujo de 11 a 9 y se creó el Tribunal Disciplinario, con amplios poderes para investigar y destituir a los jueces, y cuyas decisiones serán inapelables.
Varios juristas mexicanos han manifestado la preocupación de que esta instancia se conforme con jueces leales a Morena que luego sometan al resto del poder judicial a la línea oficial.
Sin embargo, la presidenta ha dicho que ese tribunal ayudará a impedir que los jueces estén “legislando” y ha defendido el proceso argumentando que se les quita a los burócratas el poder de elegir a los jueces. “Queremos que elija el pueblo, porque eso es democracia”.
De hecho, estos peculiares comicios judiciales han sido impulsados por la abrumadora popularidad de Sheinbaum (algunas encuestas le otorgan hasta el 80% de aceptación), aunado a maquinaria política de Morena y ante los ojos impotentes de su oposición hecha añicos.
No obstante, el pasado domingo la participación popular en el citado proceso se quedó muy lejos de las expectativas de sus promotores. Apenas el 13% de los habilitados a sufragar lo hizo en medio del desconocimiento generalizado de los candidatos.
Hasta el momento de escribir esta nota, el recuento del INE indica que, de los nueve miembros de la Suprema Corte de Justicia, todos elegidos ahora por voto directo de la ciudadanía, Hugo Aguilar Ortiz se perfila como su próximo presidente. Se trata de un abogado originario del estado de Oaxaca, desconocido nacionalmente, que no ha desempeñado previamente cargos como juez, magistrado o fiscal, pero cuya trayectoria profesional se ha centrado en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y en la promoción de la justicia comunitaria. Fue asesor en los diálogos de San Andrés con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1996. Nunca ha militado en ningún partido político, pero fue propuesto por el Poder Ejecutivo y su nombre figuró en las listas de votación promovidas por Morena.
En cambio, las magistradas Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, sí son abiertamente afines a Morena, fueron reelegidas y continuarán en sus cargos hasta más allá de 2030, encabezando el tribunal de forma rotativa a partir de 2027.
De modo que todo apunta a que la nueva composición de la Suprema Corte mexicana tendrá una mayoría de ministros alineados ideológicamente con el partido gobernante.
Viéndolo desde afuera, uno no sabe si este paso es fruto de una gran ingenuidad por parte del morenismo o de una retorcida artimaña para concentrar más poder. Porque resulta ser que en las sociedades democráticas las mayorías no son eternas, cambian. Los que hoy son mayoría, mañana pueden volverse minoría, y viceversa, por decisión de la voluble voluntad popular. Y así como ahora la mayoría elige jueces de una determinada inclinación política y/o ideológica, mañana podría hacerlo en sentido contrario. A menos que, los que hoy detentan el poder político en México, favorecidos por la mayoría, estén cambiando las reglas y a los árbitros a fin de no perder ese poder cuando se encuentren en minoría.
Pedro Benítez – @PedroBenitezF – Al Navío