El presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre este secuestro que se presentó en el Valle del Cauca. El país quiere que los niños no sean víctimas de los criminales.
Como no ocurría hace décadas, el país nuevamente está hablando de secuestros, masacres, inseguridad, crecimiento de grupos criminales y la crueldad de quienes están delinquiendo.
Por esa razón, en el Valle del Cauca, y en Colombia en general, hay un clamor para que se deje en libertad a Lyan Hortúa, un niño de 11 años que fue sacado a la fuerza de su casa en el sector Potrerito, zona rural de Jamundí, por hombres armados pertenecientes a la sangrienta estructura disidente Jaime Martínez.
Ya se completan quince días del rapto y a pesar de los llamados de diferentes sectores de la sociedad, el menos sigue en manos de las disidencias de las Farc.
A lo largo de estos días se han hecho plantones en Jamundí, el Gobierno Petro ha repudiado el hecho y tanto la Iglesia Católica como como la ONU se han ofrecido para negociar la liberación del menor, pero nada ha ocurrido. El respeto al Derecho Internacional Humanitario es una obligación ineludible para todos, dicen en un comunicado conjunto.
Revista Semana de Colombia