La ONG Espacio Público reportó que en marzo se registraron ocho casos que resultaron en 13 violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Entre estos se cuentan cinco actos de censura, tres casos de hostigamiento judicial y dos detenciones. El informe detalla que, de las 16 víctimas, hay tres periodistas, dos medios de comunicación y dos páginas web, sumando 43 víctimas en el primer trimestre del año.
El periodista Román Camacho fue detenido el 4 de marzo en un centro comercial de Sucre, Miranda, y trasladado a una sede del CICPC en El Hatillo. Liberado el 6 de marzo con medidas cautelares, enfrenta cargos por incitación al odio y difusión de “noticias falsas”, según el SNTP. Otro caso destacado fue el allanamiento del apartamento de la periodista Charito Rojas en Valencia el 18 de marzo por la GNB y el Ministerio Público, vinculado a una orden de captura de 2024 por supuesta estafa.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) revocó el 14 de marzo los permisos de operación de Supercable, argumentando violaciones a los derechos de los usuarios. La empresa afirmó haber actuado dentro de la ley y anunció que apelará la medida, que afecta a miles de usuarios. Además, tras críticas de Diosdado Cabello a la agencia EFE, su página web fue bloqueada por los principales operadores de internet en el país, según VE sin Filtro.
El estudiante Juan Francisco Alvarado fue detenido el 20 de marzo en Cojedes por la GNB, presuntamente por publicaciones en Facebook, y llevado a un comando en Portuguesa. Por otro lado, el gobierno redujo la jornada laboral pública el 24 de marzo por una “emergencia climática”, afectando el acceso a la justicia, como en el caso de Rocío San Miguel, cuya audiencia fue diferida nuevamente.
Nueve de los 10 victimarios señalados están ligados al Estado: seis instituciones y tres cuerpos de seguridad. Espacio Público advierte que estas acciones limitan el derecho a la información y agravan la situación de los derechos humanos en el país.
Luis Martínez – Noticiero Digital