Sala de Apelaciones de la CPI ordena la reanudación de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela
La Corte Penal Internacional (CPI) desestimó este viernes los argumentos de Caracas contra la reanudación de la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y autorizó al fiscal, Karim Khan, a seguir las pesquisas como parte del caso abierto en noviembre de 2021.
La Sala de Apelaciones de la CPI decidió rechazar los motivos de recurso presentados por el Gobierno de Nicolás Maduro, quien aseguró en noviembre pasado que “nunca han ocurrido” crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino “un puñado de incidentes” que Caracas ya investiga en tribunales nacionales, y no necesita que lo haga la justicia internacional.
La Sala de Cuestiones Preliminares autorizó en junio del año pasado al fiscal a reanudar su investigación, al considerar que los “procesos penales internos” de Caracas “no reflejan suficientemente el alcance” del caso y hay “periodos de inactividad inexplicables”.
Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones CPI: La decisión que dictaré fue adoptada por unanimidad, no encontramos error alguno en la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, el 16 de diciembre de 2021 el fiscal notificó su decisión de investigar el caso de Venezuela.
El 3 de abril de 2023 Venezuela notificó su apelación.
“La sala de apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnada (…) La sala de apelaciones no encuentra motivos convincentes que le lleven a apartarse de este fallo (…) La sala de apelaciones no encuentro error alguno en las conclusiones de la sala de cuestiones preliminares (…) La sala de apelaciones observa que no existe la expectativa en esta etapa del procedimiento de que el fiscal tenga que notificar a los Estados de todos los actos que pretende investigar especialmente en aquellas situaciones en que la Corte que cubren un gran número de presuntos actos criminales. En estos casos el fiscal podría no estar en condiciones de identificar la totalidad de las posibles causas abarcadas en una revisión amplia y de comprometerse en una fase tan temprana del proceso investigarlas, no constituye en sí un error de la Sala Preliminar de basarse en la información del fiscal relativa a actos criminales respecto a los cuales el fiscal no manifieste la clara intención de investigar, siempre y cuando esa información junto con otra información aportada por el fiscal aporte los parámetros generales de la situación y detalle suficientes respecto a los grupos o categorías de personas relacionadas con la actividad criminal pertinente”.
Entre los argumentos expuestos por el Estado venezolano para apelar, figura que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI incurrió en “errores de hecho y de derecho que vulneran disposiciones fundamentales” del Estatuto de Roma, entre ellos la supuesta desestimación de pruebas que demostrarían la “productiva” labor del sistema de justicia de Venezuela.
Durante una de las audiencias de apelación, la fiscalía de la CPI cuestionó que Venezuela haya demostrado “impacto” en las investigaciones mientras que el canciller venezolano volvió a negar que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad en el país.
Durante este tiempo la fiscalía de la CPI ha mantenido sus facultades investigativas debido a que la Sala de Apelaciones negó que hubiera efectos suspensivos sobre las facultades, como pidió el Estado venezolano.
En 2023, durante su tercera visita a Venezuela, el fiscal Khan y Maduro firmaron un memorando de entendimiento de cooperación y trabajo conjunto para concretar la conformación de una oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la CPI en el país.
En 2021, la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
CPI negó apelación del gobierno de Maduro: investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela continúa
Los jueces recordaron que el fiscal Karim Khan no está en la obligación de notificar al Estado venezolano de todos los actos que pretende investigar, especialmente aquellos que cubren un gran número de presuntos actos criminales
La Corte Penal Internacional negó este viernes la apelación del gobierno de Nicolás Maduro que pretendía impedir la investigación por los crímenes de lesa humanidad que presuntamente se cometieron en Venezuela.
«La decisión de la Sala de Apelaciones que dictaré es: adoptado por unanimidad. La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnada», declaró Marc Perrin De Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI.
Los jueces recordaron que el fiscal Karim Khan no está en la obligación de notificar al Estado venezolano de todos los actos que pretende investigar, especialmente aquellos que cubren un gran número de presuntos actos criminales.
«Jueces de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional confirman por unanimidad sentencia del 27 de junio 2023 que autorizó al Fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación. La investigación por crímenes de lesa humanidad sigue», informó la organización no gubernamental Provea.
«Aplaudimos esta decisión contra crímenes cometidos por la dictadura de Maduro y reconocemos su relevancia ante una nueva ola de persecución hacia personas defensoras de derechos humanos en Venezuela y el cierre del espacio cívico», manifestaron la Federación Internacional por los Derechos Humanos y Provea.
Afirmaron que la decisión de la CPI es «de enorme trascendencia» para las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos en el país.
En su escrito de apelación, Venezuela enfocó seis motivos para fundamentar su solicitud, en la que aseguró que el país nunca han ocurrido crímenes de lesa humanidad, sino «un puñado de incidentes» que supuestamente las autoridades venezolanas ya están investigando, por lo que considera que no es necesaria la intervención de la justicia internacional.
La Corte Penal Internacional, sin embargo, ha detectado que los procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance y ha destacado que hay períodos de inactividad inexplicables en la presunta «búsqueda de justicia».
Marc Perrin De Brichambaut dijo asimismo que la Sala de Apelaciones no encontró que en las actuaciones relativas a presuntos actos de torturas o tratos crueles e inhumanos, vinculados al arresto o a la detención, no se demuestra que se haya llevado a cabo alguna investigación por parte de las autoridades competentes.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional notificó el 16 de diciembre de 2021 a todos los Estados partes su decisión de iniciar una investigación en la situación de Venezuela.
El 16 de abril de 2022, la Fiscalía recibió de Venezuela una solicitud a efectos de que se inhibiera su investigación con base en que Venezuela está supuestamente investigando a sus ciudadanos en relación con los presuntos actos punibles.
El 4 de diciembre de 2022, la Fiscalía presentó una solicitud a la Sala de Cuestiones Preliminares en la que pedía autorización para reanudar su investigación sobre Venezuela.
El 27 de junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares dictó decisión impugnada por la que autorizaba al fiscal a reanudar la investigación en la situación de Venezuela.
El 3 de abril de 2023, Venezuela presentó su notificación de apelación y el 14 de agosto del mismo año interpuso su apelación contra la decisión impugnada. En el transcurso de este proceso la Sala de Apelaciones recibió presentaciones escritas del fiscal de la CPI y de la oficina del defensor público para las víctimas, así como observaciones de víctimas y del panel de expertos internacionales independientes de la Organización de los Estados Americanos.
El 7 y el 8 de noviembre de 2023, la Sala de Apelaciones celebró una audiencia en la que representantes de Venezuela, la Fiscalía y el defensor público de las víctimas efectuaron presentaciones orales con respecto a determinadas cuestiones identificadas por la Sala de Apelaciones.
En la Corte de Apelaciones estuvo presente una delegación del régimen socialista, encabezada por Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.