Con 104 votos se aprobó el informe que recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lasso.
La aprobación del informe no vinculante que recomienda el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, reavivó un viejo tema en la opinión pública: la muerte cruzada. Según el caso, el Primer Mandatario o la Asamblea Nacional pueden utilizarla en cualquier momento. A pesar de esto, los expertos explican que hay requisitos constitucionales y sociales que sustentarían esta decisión.
Para el sociólogo y politólogo Martín Ribadeneira, la muerte cruzada es una estrategia que tendría un impacto negativo en la imagen de Guillermo Lasso. “Es la tercera vez que la oposición busca un mecanismo para removerlo del cargo. Este factor negativo se une a los bajos niveles de popularidad de Lasso, una resaca económica que dejó el paro de junio pasado (2022) y el incremento de violencia a escala nacional. Todo esto es un escenario óptimo para que el uso de la muerte cruzada por parte del Presidente sea interpretado como una medida dictatorial”, señala el académico.
El Comercio de Ecuador
El Parlamento de Ecuador pidió un juicio político para Guillermo Lasso
Si el pedido de los legisladores es admitido en todas las instancias volverá al Congreso de Ecuador, para iniciar el juicio que podría demorar un mes
El gobierno de Ecuador calificó el sábado de intento de “desestabilización” un informe del Congreso que recomendó un juicio político al presidente Gillermo Lasso por aparente corrupción.
El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador decidió este sábado con mayoría de votos apoyar un informe de una comisión legislativa que recomienda someter a juicio político y destitución al presidente Guillermo Lasso, a quien acusan de presuntos delitos contra la seguridad del Estado, entre otros.
Con 104 de 137 votos el pleno del Congreso allanó el camino para un enjuiciar al mandatario, al aprobar el sábado el “Informe del Gran Padrino: Delitos contra la Administración Pública y la Seguridad del Estado”, realizado por una comisión anticorrupción.
“No es un acto de fiscalización sino de evidente desestabilización”, expresó después el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, en un video.
El Congreso investigó a Lasso a raíz de que el portal La Posta reveló una supuesta estructura de corrupción montada en empresas públicas por Danilo Carrera, cuñado del mandatario.
Audios difundidos por ese medio involucran supuestamente a Carrera, quien no ha ocupado cargos en el gobierno, así como a Hernán Luque, exdelegado del presidente en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresa Públicas (EMCO).
El pleno de la Asamblea Nacional una vez más le ha fallado al país al acoger un bochornoso informe de la comisión ocasional, que en la forma carece de validez jurídica y no es vinculante, agregó Cucalón.
De acuerdo con el ministro, el documento no contiene evidencias de que el mandatario haya cometido actos de corrupción, por lo que estimó que “no hay mérito alguno para un juicio”.
Sin embargo, la oposición en el Congreso consideró que Lasso fue advertido de la supuesta trama de corrupción y no actuó para frenarla.
La aprobación del informe no implica el inicio de un juicio político. Para llegar a esa instancia debe haber un pedido formal, apoyado por 46 asambleístas (la tercera parte de los diputados).
La solicitud luego debe ser estudiada por la Corte Constitucional, que da vía libre o no a su trámite en el Congreso. Para dar paso a la destitución se requiere el voto de dos terceras partes (92) de los asambleístas.
En un primer intento del Legislativo por cesar a Lasso en junio pasado, en medio de violentas protestas indígenas, la oposición no alcanzó los votos necesarios.
AP