El organismo de derechos humanos cuestionó los dichos del primer mandatario sobre Venezuela; “Afirmar que los problemas en Venezuela están mermando es un grave diagnóstico”, se sostuvo
El organismo internacional de derechos humanos Amnistía Internacional envió una dura carta al presidente Alberto Fernández en la que observa con preocupación sus declaraciones sobre Venezuela. Ayer, el primer mandatario señaló que “muchos” de los problemas de ese país “se han ido disipando con el tiempo”.
Carta de Amnistía Internacional
Buenos Aires, 19 de abril de 2022
Dr. Alberto Fernández
Presidente
Presidencia De La Nación
S/D
De nuestra mayor consideración,
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, a los efectos de hacerle llegar nuestras preocupaciones respecto de algunas de sus declaraciones del día de ayer en el marco de la visita oficial del Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en relación con la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Amnistía Internacional es un movimiento de 10 millones de personas presente en más de 150 países que trabaja en favor del respeto y la protección de los derechos humanos en todo el mundo, incluyendo Venezuela. Desde hace años, Amnistía Internacional viene documentando y denunciando la crisis y las violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela. Los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias por motivos políticos, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza, han sido sistemáticas y generalizadas, por lo que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La emergencia humanitaria compleja y la falta de acceso a derechos económicos y sociales para la gran mayoría de la población ha hecho que al menos 6 millones de personas hayan huido de Venezuela. Esta emergencia se mantiene a tal nivel, que al menos 2.7 millones de personas recibieron ayuda humanitaria tan solo entre enero y agosto de 2021, y si bien existen cambios en las dinámicas económicas del país con una dolarización de facto, esto no refleja un impacto real en el goce de derechos económicos y sociales básicos que siguen siendo inaccesibles para la mayoría de la población venezolana. Asimismo, la política de represión continúa y existen mínimos avances para luchar contra la impunidad, recordando que, según la ONU, el sistema de justicia venezolano, lejos de sancionar las violaciones de los derechos humanos, ha servido como herramienta para cometerlas. Frente a esta realidad, sus recientes declaraciones que refieren a que “los problemas en Venezuela se han ido disipando” resultan sumamente preocupantes.
Más recientemente, en 2022, Amnistía Internacional documentó a través de un informe conjunto con Foro Penal y Centro para los Defensores y la Justicia, una escalada de la política represiva del gobierno hacia las personas defensoras de los derechos humanos y las y los trabajadores humanitarios que fueron objeto de detenciones arbitrarias por motivos políticos, evidenciando patrones de persecución política en el país. Como parte de esta arremetida a la sociedad civil, está la detención arbitraria y prolongada de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes y preso de conciencia, quien ha estado bajo custodia del Estado desde julio de 2021, acusado de cargos infundados de ‘terrorismo’, mientras necesita atención médica crítica que no recibe. Resulta de suma importancia recordar que la detención de Javier Tarazona no es un caso aislado, sino que pertenece a una política bien documentada que utiliza tanto el discurso público como las detenciones para criminalizar a los defensores de derechos humanos en Venezuela.
La notoriedad y gravedad de esta crisis ha llevado a que la Corte Penal Internacional esté investigando algunos de estos hechos y a anunciar la apertura de una oficina de su Fiscalía en el país. La ONU mantiene un riguroso escrutinio de la situación a través de la Misión de Determinación de los Hechos, cuya labor sigue siendo de incalculable importancia para víctimas y sobrevivientes de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos.
En este contexto, y a pesar de varios compromisos asumidos, hasta la fecha no se puede afirmar que las recomendaciones estructurales de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estén siendo implementadas a cabalidad ni -lo poco que se ha reformado en estos años- demuestra un compromiso de parte de las autoridades venezolanas de dejar sin efecto la política de represión que han instaurado en el país. Por el contrario, el gobierno de Venezuela continúa restringiendo el acceso a los Procedimientos Especiales pertinentes y a la Misión de Determinación de los Hechos. Como miembro y presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Argentina no debería dejar duda sobre su compromiso con los derechos humanos, incluidos el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas. En particular, debe redoblar sus esfuerzos para exigir al gobierno de Venezuela que ponga fin a la política de represión; que permita que los defensores de los derechos humanos realicen su trabajo de forma segura; que permita el acceso pleno y sin restricciones a la Misión de Determinación de los Hechos sin más demora, y que invite a las Relatorías Especiales sobre ejecuciones extrajudiciales y sobre tortura y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, a visitar el país.
Por todo lo expuesto, instamos al gobierno de Argentina a que, en sus esfuerzos por apoyar una salida a la crisis en Venezuela, tenga presente la realidad que se vive en el país y se asegure de que la respuesta nacional y regional reconozca y priorice la situación de derechos humanos en Venezuela.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,
Mariela Belski
Directora Ejecutiva
Amnistía Internacional Argentina