Después del proceso y tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó la victoria de Nicolás Maduro sin mostrar los resultados mesa por mesa, hubo 48 horas de protestas en casi toda Venezuela que se saldaron con 25 fallecidos y más de 1.500 personas detenidas, entre ellas mujeres (200), adolescentes (129) e indígenas.

  

También han sido encarcelados dirigentes políticos opositores de alto y bajo perfil, activistas y defensores de derechos humanos e incluso trabajadores de la prensa que hicieron cobertura de esas manifestaciones.

Cidh denunció terrorismo de Estado en Venezuela

La Cidh y su relatoría especial de la Libertad de Expresión denunciaron la semana pasada prácticas de «terrorismo de Estado» que estarían cometiendo funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por la represión a las protestas.

En un comunicado conjunto dijeron que «el régimen en el poder está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder. Venezuela debe cesar las prácticas violatorias de derechos humanos inmediatamente, restablecer el orden democrático y el Estado de derecho», exigieron el 15 de agosto pasado.

Además, recordaron que durante las protestas la actuación de las fuerzas de seguridad repite patrones de violaciones a DDHH que en el pasado identificó el organismo.

Entre ellas se encuentran las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso arbitrario de la fuerza, persecución judicial y hostigamiento contra personas percibidas como opositoras y personas voluntarias electorales; censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica; y obstáculos a la labor de defensa de derechos humanos.

Un día después de ese pronunciamiento, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución no vinculante en la que pidieron al CNE la publicación de las actas de las mesas de votación y los resultados desglosados.