Según el dirigente agrario Nicolás Espinoza, el gremio de los productores del campo espera por derogación de la actual Ley de Tierras, que fue aprobada en el 2001, que ha significado la caída del aparato productivo agrícola y, a su vez, la aprobación de una nueva ley, que fue introducida por los productores del campo en 2016.
La afirmación la hizo en el programa de Televen, dedicado a las regiones, dirigido por el periodista Carlos Croes.
¿Cómo está el sector agrícola?
-El sector agrícola, como todos los sectores, tiene una crisis. En el caso del sector transporte su ABC es aceite, caucho y batería. En el caso del sector agrícola es seguridad jurídica, seguridad personal y el financiamiento. De esas tres cosas la que más preocupa es la seguridad jurídica; pues si no hay esa garantía, no hay la posibilidad de incrementar la producción; que es lo que no garantiza la Ley de Tierras Agrícolas, que fue promulgada el 10 de noviembre de 2001, que más bien lo que fomenta es la inseguridad jurídica.
-Esto ha traído como consecuencia la disolución de la propiedad privada. Esta fue una ley, que no fue reglamentada; de modo que le ha permitido al Instituto Nacional de Tierras que haya ocupado, expropiado tomado cerca de seis millones de hectáreas, propiciando la caída de la producción. De esas casi seis millones de hectáreas, dicho instituto sólo ha pagado un 25%, quedando pendiente un 75%.
Señaló Espinoza, al ser consultado por el tipo de sujeto, que ocupa estas tierras, respondió que son personas, apoyadas por el gobierno, a quienes les otorga una carta agraria, para que produzcan, sólo que no le prestan ni financiamiento ni asistencia técnica. Esas fincas tomadas están casi destruidas y sin producción. Se pierden porque esta gente no tiene los elementos suficientes para reactivar la producción.
¿Los dirigentes agrarios acaso han planteado a las autoridades esta situación?
-Sí, la hemos planteado a todos los niveles. Pero eso requiere de varios factores. Hemos dicho que aquí hay que hacer una nueva Ley de Tierras; cuyo proyecto lo introdujimos en la Asamblea Nacional el 16 de septiembre de 2016, y en la cual se consagra la propiedad pura y simple de todos los productores. Porque, si no hay seguridad jurídica, por el problema del desconocimiento de la propiedad, los otros elementos no se dan.
Interrogado por el ambiente que ha reinado en los períodos legislativos, con respecto a la posible aprobación de esta ley, indicó que la Asamblea de 2015 no le hizo mayor caso, y que bajo la actual Asamblea de 2021, se creó una comisión de revisión de la misma con los dirigentes agrícolas. Pero que hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada. Todavía rige la ley de 2001.
Seguidamente, Espinoza abordó el tema de la seguridad personal y, en ese sentido, dijo que los productores eran víctimas de robos de animales, de piezas de las maquinarias, de equipos agrícolas, secuestros, pago de vacunas a la delincuencia rural; lo cual, a su modo de ver, aleja la inversión en el campo, y que en el caso del robo del ganado hay la denuncia, de que se roban unas 800 mil reses al año; lo que incide en la producción de leche y de carne; sufriendo el pueblo sus consecuencias.
-Estas son reses que no van a la producción nacional, que son robadas, cuyo destino, además del consumo humano, va al mercado negro, a precios de remate. Nosotros hemos denunciado esta situación también a todos los niveles. En el Guárico existen 21 asociaciones de productores a nivel de municipios y localidades; pero no hemos tenido el apoyo institucional. No se ha podido erradicar este delito de abigeato
Al referirse al tema del financiamiento al productor del campo, indicó que “tenemos seis años que no se cuenta con la intermediación financiera por parte de la banca nacional; ya que este sector está sometido a un encaje legal de 73%, de acuerdo a la Ley del BCV”. Calificó de bárbaro el aumento de dicho encaje por parte del Ejecutivo Nacional; lo cual deja a la banca sin recursos, para la intermediación, lo que ha incidido asimismo en la caída del aparato productivo agrícola.
-El constituyente de 1999 estableció un articulado bien específico para el sector agrícola, que no existía en la Constitución de 1961, sobre todo, el 305; donde se establece que el Estado es el responsable de la soberanía alimentaria. Lo cual significa que el Estado debe fijar políticas públicas eficientes, para que haya un incremento en la producción nacional.
Consideró prioritario abocarse a esta disposición constitucional, para que se fomente la recuperación del campo agrícola; pues, si no se hace, no puede haber crecimiento del sector, y trajo a colación el hecho, de que el artículo 306 de la Constitución establece la obligación, para el Estado de prestar apoyo financiero y técnico al productor.
-Si nosotros reactivamos al sector agrícola, estaríamos reactivando la economía de 17 estados, cuya actividad fundamental es la agrícola y pecuaria; porque se incrementa la producción, se incentiva el trabajo y, además, se cumple con una función social, que es produciendo los alimentos, que el país requiere.
¿Es Caracas un importante centro de consumo alimenticio?
-Caracas tiene varios mercados, como el de Coche, Quinta Crespo, Guaicaipuro, que atraen un importante porcentaje de la producción agroalimentaria. Asimismo, lo es toda la región central del norte que, además de Caracas, comprende los Bajos y los Altos Mirandinos, el estado La Guaira y, por supuesto, Maracay, Carabobo; hacia el oriente Barcelona.
Al serle consultado por la figura de Felipe Gómez Alvarez, indicó que fue un ministro de Agricultura del gobierno de Jaime Lusinchi y quien, a su juicio, logró el respaldo de todos los gremios agrícolas (Fedenaga, Fedeagro), además de políticos. Recordó que cada quince días Gómez Alvarez evaluaba con todos los gremios la evolución de la situación en el campo; lo que dio lugar a que sea considerado uno de los mejores ministros de la República civil.
-Hoy en día hay un divorcio entre los gremios y las políticas oficiales, que se han diseñado, y que son políticas mal orientadas y mal implementadas, sobre todo, a raíz de la aprobación de la Ley de Tierras, que ha sido un desastre. Todos los entes del sector financiero estatal, como Bandagro, el Fondo de Crédito Agropecuario, que prestaban asistencia al productor, por decreto agropecuario, desaparecieron.
Recordó al Fondo de Crédito Agropecuario como un banco de segundo piso, que le daba recursos a la banca comercial, para el financiamiento de las fincas con pago a plazos de quince o veinte años. Durante el diálogo manifestó pertenecer a la Federación Nacional de Ganaderos, (Fedenaga), mientras el periodista le recordaba que este gremio fue fundado por Oscar de Guruceaga.
-Yo recuerdo –se dirigió al periodista-, que tú tenías una columna en El Universal, que se titulaba Agro y Cría. Esa columna tuya era la guía agrícola de toda la semana. Estamos hablando de la década de 1970.
Finalizó señalando que no obstante las dificultados, los productores agrícolas están dispuestos a trabajar, siempre y cuando hayan cambios en la política económica hacia el sector.
Enrique Meléndez – Nota de Prensa