La siguiente es la declaración completa del Gobierno de Guyana y los antecedentes sobre el tema que nos ocupa.
Hace UNA semana, el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana emitió una declaración denunciando las nuevas y agresivas medidas adoptadas por Venezuela en apoyo de su reclamo territorial infundado e ilegal sobre la región del Esequibo de Guyana.
Estas nuevas medidas incluyeron un supuesto referéndum nacional para ratificar la aparente decisión del gobierno venezolano de retirarse del presente proceso judicial en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y proceder unilateralmente a incorporar la región del Esequibo a su propio territorio nacional como parte integral de Venezuela.
Guyana caracterizó apropiadamente está clara amenaza de agresión territorial como: Nada menos que la anexión del territorio de Guyana, en flagrante violación de las reglas más fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA y el derecho internacional general.
La declaración de Guyana añadió que: Tal toma del territorio de Guyana constituiría el crimen internacional de agresión. Tras la declaración de Guyana, CARICOM emitió una enérgica denuncia de las medidas de Venezuela, apoyando plenamente la soberanía y la integridad territorial de Guyana.
Ayer (lunes), en respuesta al siniestro plan de Venezuela para apoderarse del territorio guyanés, Guyana buscó la protección urgente de la Corte Internacional de Justicia, presentando ante la Corte una Solicitud de Medidas Provisionales.
En esa Solicitud, Guyana solicita al tribunal una orden que impida a Venezuela tomar cualquier medida para apoderarse, adquirir o invadir, o afirmar o ejercer soberanía sobre la región del Esequibo o cualquier otra parte del territorio nacional de Guyana, en espera de la determinación final del tribunal sobre la validez del Laudo Arbitral que estableció la frontera terrestre entre nuestros dos estados, y la naturaleza final y vinculante de esa frontera.
Guyana no tiene dudas sobre la validez de ese Laudo Arbitral y de la frontera terrestre, que Venezuela aceptó y reconoció como frontera internacional durante más de 60 años.
Debido a la urgencia del asunto, Guyana ha solicitado al tribunal que programe audiencias orales sobre su Solicitud lo antes posible antes del 3 de diciembre de 2023, la fecha que Venezuela ha fijado para su falso referéndum. Guyana insiste, al igual que CARICOM, los Secretarios Generales de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, y toda la comunidad internacional, en que la controversia sobre la validez del Laudo Arbitral y la frontera terrestre debe ser resuelta por la Corte Internacional de Justicia. , que asegurará una solución justa, pacífica, vinculante y permanente a este asunto, de conformidad con el derecho internacional.
De hecho, el propio tribunal ha determinado, en dos autos separados, que tiene competencia exclusiva para resolver este asunto, y que así lo hará. En dos ocasiones Venezuela ha objetado formalmente la jurisdicción del tribunal, y en ambas ocasiones el tribunal rechazó abrumadoramente las objeciones de Venezuela.
Mientras tanto, en espera de la audiencia oral sobre su solicitud y la emisión de la orden del tribunal, Guyana insta a CARICOM y a la comunidad internacional a continuar recordando a Venezuela sus obligaciones bajo el derecho internacional, incluida su obligación de aceptar la jurisdicción de la CIJ, defender su caso ante el tribunal, y cumplir con los fallos y sentencias del tribunal.
En abril de este año, la Corte Mundial dictaminó que el caso que Guyana presentó ante ella buscando afirmar la validez del Laudo Arbitral de 1899 que estableció los límites entre ese país y Venezuela era admisible.
Esto significó que el tribunal podría seguir adelante con la audiencia del caso sustantivo sobre sus méritos, sobre si el laudo arbitral de 1899 que estableció las fronteras de los dos países es válido y vinculante.
El fallo marcó la segunda vez que la corte internacional rechaza las objeciones jurisdiccionales planteadas por Venezuela.
Guyana presentó su caso ante la CIJ en marzo de 2018, desafiando a la República Bolivariana de Venezuela, no participante, por su desacuerdo sobre la validez legal y el efecto vinculante del Laudo de 1899.
Venezuela sostuvo que la CIJ no tenía competencia para conocer el caso y se negó a participar en el proceso judicial.
El país de habla hispana había afirmado que es el único heredero indiscutible de la región del Esequibo y del Principio Monetario del Oro.
Aunque Venezuela había afirmado que la CIJ no tenía competencia para conocer el caso sustantivo, dio un giro de 180 grados tras el fallo del tribunal de diciembre de 2020 sobre ese aspecto del caso. Venezuela, en esa ocasión, sostuvo que Guyana no tenía legitimación activa en el asunto. El tribunal rechazó por unanimidad la objeción de Venezuela.
Guyana busca una sentencia definitiva y vinculante que establezca que el Laudo Arbitral de 1899, que estableció la ubicación de la frontera terrestre entre la entonces Guayana Británica y Venezuela, sigue siendo válido, y que la región del Esequibo pertenece a Guyana y no a Venezuela.
Guyana Chronicle