
Fuera de polvo y paja, hay tres cosas que decir respecto a un primer análisis del significado de la resolución ministerial que hoy sacude la modorra de la Gestión y la Política Pública de la Educación Venezolana (GPPEV).
1. Que formalmente el Ministerio Del Poder Popular Para La Educación produce una Resolución mediante la cual se establece el horario de clases en todas las instituciones educativas públicas y de administración privada del subsistema de educación básica y media https://tugacetaoficial.com/gaceta-oficial-venezuela-42505-del-15-11-2022/.
2. En términos reales, según lo vemos en nuestro trabajo de producir una Memoria Histórica de la Educación, altera la administración del funcionamiento académico de la Educación Básica, en la dirección de ordenar esa administración para ajustarla a las restricciones financieras que impone la reducción del gasto público del Estado, en clave de una Política real de abandono de las obligaciones constitucionales para con la Educación de las mayorías. El achicamiento del Estado se mueve hoy así, cuando el país no se recupera de los efectos de dos años de incidencia de la pandemia del Covid-19 y el desarrollo de lo que se ha llamado el colapso institucional del Sistema Educativo Escolar, que lesionó de forma muy grave la Educación como derecho humano constitucionalmente sancionado.
3. Políticamente, la GPPEV, en esta resolución todopoderosa y tal cual ocurrió con el operativo de reparación de escuelas ordenado en los BRICOMILES que articuló a la estrategia electoral del 1×10 al funcionamiento de la Educación como instrumento de acción en función de los intereses de la élite que gobierna. Este decreto también lo hace, al lado de ajustar la Educación a las restricciones financieras del gobierno y encarar el crecimiento de la desescolaridad estimada por ENCOVI-UCAB en 1.500.000 personas, articula el sistema educativo escolar a una estrategia electoral diseñada por Chávez y Farruco Sexto para movilizar las huestes partidarias: el Punto y Círculo.
De ese modo se rompe la inercia abúlica que había mostrado la alta burocracia respecto a la reforma educativa necesaria, después de lo que ha ocurrido con la crisis económica y política en desarrollo y los efectos perversos de la Pandemia de Covid-19. Y lo hacen a su manera, en correspondencia a una GPPEV íntimamente articulada al abandono de las obligaciones constitucionales del Estado para con el Sistema Educativo Escolar Venezolano. El decreto busca más el ahorro salvaje que la posibilidad de relanzar un sistema que hoy está en franco estado de colapso, según todos los indicadores que impactan la opinión pública nacional e internacional. Va la Educación Nacional aguas abajo de lo que luce sensato en el conjunto de recomendaciones que hace la Pedagogía Nacional y las organizaciones internacionales que se ocupan de la Educación, principalmente UNESCO, el BID y Banco Mundial, entre otras. Sensato para garantizar la inclusión educativa que sanciona la Constitución para la Educación Básica y la Universitaria.
Se conecta el decreto no tanto con lo necesario para superar la postración estructural que tiene el Sistema, sino con las necesidades electorales de la élite de poder al definir los cambios alrededor el una estrategia típicamente partidista como es el punto y círculo. Desde la perspectiva analítica que ponemos a prueba para hacer esta Educación contextualizada con pretensiones históricas, podemos decir que el acontecer educativo durante el año 2022 se ha movido en aguas bien contradictorias. Por un lado, el país en su totalidad, totalitariamente gobernado, es impactado por un discurso formal de gobierno en sentido y dirección de un modelo socialismo de tipo comunitario, según se pudo apreciar en la revolución dentro de la revolución que siguió a la muerte de Presidente Chávez. Su expresión más acabada es la Ley Orgánica de las Comunas recién refrescada por la Asamblea Nacional unicolor, que tiene por objeto desarrollar y fortalecer el Poder Popular estableciendo las normas que regulan la constitución, conformación, organización y funcionamiento de la Comuna, como entidad local donde los ciudadanos en el ejercicio del Poder Popular, ejercen el pleno derecho de soberanía y desarrollan la participación protagónica mediante formas de autogobierno para la edificación del Estado Comunal. Lo cual, más pronto que tarde se traducirá, si conocemos la mecánica ideológica que rige, en el establecimiento de una campaña pedagógica oficialista por la Educación Comunal y hasta comunitaria, por supuesto, también en el plano estrictamente formal, circunscrito esencialmente al mundo de la propaganda oficial y oficialista.
Por el otro lado, es contexto más eficiente para la Educación real, esa que tenemos fuera de la discursividad bien intencionada, se define por una estrategia política de carácter (neo)liberal que separa al Estado de la Economía real, la que genera ingreso fiscal contable. Se achica al Estado, dejando los servicios públicos al libre albedrío de la corrupción y la iniciativa privada poco comprometida con el destino de país. La Educación se deja a su suerte, separándola de los compromisos más caros del Estado y el Gobierno, se reducen los costos (principalmente salariales), salvo aquellos que pueden hacer de la Educación instrumento utilitario de gobernar para seguir gobernado. Sin asomo de remordimiento por el colapso cualitativo y cuantitativo que muestra la Educación de administración oficial. Se habla con cualquiera que tenga interés económico y se cede soberanía con quienquiera que pague, sean los violentos de Colombia, sean las empresas petroleras del aborrecido imperio o cualquier capital golondrina que ofrezca posibilidades para engordar la caja de la elite dominante. Se amarra al factor trabajo, principalmente el que trabaja para los servicios públicos, a ganar en bolívares y vivir en dólares, para beneficio de sectores económicos que solo prosperan con la expansión artificial de consumo tipo economía de bodegón (importadora) como la ensayada desde el 2019.
Ese es parte del marco que hay que tomar en cuenta para un acuerdo por la educación que ayude a superar las desventajas que tiene el país democrático frente a los procesos electorales que vienen.
Disculpen la redacción a mano alzada.

