Recientemente fue difundido un comunicado de la denominada Central Bolivariana Socialista de
Trabajadores (CBST), donde confirman su apoyo a las políticas del Gobierno – las que justifican
plenamente –, acusan de “contrarrevolución tarifada” a los que manifestamos en contra de tales
políticas y sus efectos y lanzan amenazas de violencia callejera.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y del Frente Nacional de Lucha
de la Clase Trabajadora (FNLCT), ante las afirmaciones del referido comunicado y la gravedad de
los hechos que se están suscitando, hemos decidido pronunciarnos para darle respuesta categórica,
llamando al conjunto de las fuerzas del movimiento de las y los trabajadores a acompañar y sumarse a
este pronunciamiento, aunque entendemos que la mejor respuesta es incrementar y fortalecer la lucha
unitaria de la clase trabajadora en defensa de sus derechos.
1. El capitalismo en el mundo y en Venezuela. Doble discurso, doble moral.
Los autores del panfleto de la CBST, como suele hacerlo la cúpula del PSUV-Gobierno, presenta en
primer lugar un discurso aparentemente de “izquierda” afirmando que está en crisis “el modelo
neoliberal que domina al mundo capitalista”, centrando sus esperanzas en un imaginario “mundo
multipolar” como la salvación de los pueblos. Es decir que estos falsos “izquierdistas” de la elite
sindical de la CBST no ven la crisis del sistema capitalista mundial sino la crisis de la “hegemonía
neoliberal”. Pero resulta que el sistema capitalista, en su fase imperialista actual, está en una profunda crisis que agudiza sus contradicciones internas, generando conflictos y guerras (como la guerra RusiaUcrania) y ampliando la brecha de las desigualdades sociales en todo el planeta.
Para nosotros, la existencia del modo de producción y distribución capitalista (determinado por la
contradicción capital-trabajo) es el origen de todas las injusticias y calamidades que vive la clase obrera y los pueblos del mundo y, por cierto, ninguna salida reformista dirigida por timoratos gobiernos “progresistas” que se ponen al servicio del sistema, podrán superar las condiciones de explotación y opresión que padecen millones de hombres y mujeres de nuestras naciones.
Bajo su enfoque acomodaticio, la CBST no concibe racionalmente la lucha de clases ni el papel
transformador que le toca jugar a la clase trabajadora, la única clase social capaz de hacer una
verdadera revolución en alianza con los campesinos pobres y los sectores populares en general,
revolución que nunca se ha hecho en Venezuela. Por cierto, llama la atención que la cúpula de la CBST
cuestiona al neoliberalismo en el resto del mundo, pero es cómplice del programa de ajuste neoliberal
que aplica el actual gobierno venezolano.
2. La burocracia de la CBST no explica las verdaderas causas de la crisis en Venezuela.
No dicen que el origen de la crisis está en que nunca hemos dejado de ser una economía capitalista
dependiente y que el rentismo petrolero colapsó porque no ha sido superado, a pesar de los discursos
retóricos. Las medidas coercitivas imperialistas (las criminales sanciones) no fueron el origen de la
actual crisis, sino que agudizaron la crisis estructural propia de una economía mono-exportadora y multi-importadora, con burguesías parasitarias tradicionales y nuevas alimentadas con la renta
petrolera, que ha sido dilapidada irresponsablemente, sin que exista ningún plan de desarrollo industrial soberano.
Entre 1999 y 2014 los ingresos percibidos por exportaciones petroleras fueron 960.589 millones de
dólares, un promedio de 56.500 millones de dólares anuales durante 17 años ¿Qué se hizo con esa
inmensa suma? Del 2003 hasta el 2013 fueron asignados directamente más de 300 mil millones de dólares al sector privado. A través del fraude masivo con las importaciones y la remisión de ganancias al exterior, sectores burgueses incrementaron sus activos depositados en el exterior en más de 110 mil millones de dólares en el mismo periodo de tiempo. Eso sin contar los grandes recursos apropiados por los corruptos instalados en diversas instancias del Estado venezolano: génesis de las mafias de nuevos
ricos y la mal llamada “burguesía revolucionaria”. Es decir, que una masa descomunal de divisas se
fugó al exterior y la perdió la nación venezolana, sin que se realizara un plan de inversión para el
desarrollo de fuerzas productivas, ni para asegurar al pueblo la satisfacción de las más importantes
necesidades de alimentación, salud, educación, salarios, empleos dignos, seguridad social, servicios
públicos de calidad, haciendo de Venezuela una nación altamente vulnerable.
Venezuela no ha conquistado soberanía frente al sistema financiero internacional. La deuda externa
creció en un 200% en 20 años, pasando de 49 mil millones de dólares en 1999 a 154 mil millones de
dólares en el 2018. Durante el Gobierno de Nicolas Maduro los compromisos de deuda llegaron a
alcanzar un 55% de los ingresos por exportación petrolera en el 2015 y en el período del 2013 al 2017,
este gobierno canceló por deuda externa unos 109 mil millones de dólares. Es decir, que mientras se le
pedía sacrificios al pueblo trabajador, el gobierno se ufanaba de cumplir “puntualmente” pagos
exorbitantes por concepto de deuda al sistema financiero internacional. Así tenemos que la desinversión
en la industria petrolera y en las empresas básicas de Guayana, entre otras entidades productivas del
Estado, tiene su origen en la transferencia a manos llenas de la renta petrolera al sector privado
nacional e internacional, por vías directas e indirectas, sin ninguna contraprestación para la nación ni para el pueblo venezolano, situación que luego se potenció con la caída de los ingresos petroleros.
3. Un programa de ajuste neoliberal es la respuesta del Gobierno a la crisis: más pobreza,
desigualdades, injusticias.La actual crisis nacional, tiene entonces su origen fundamental en el colapso del capitalismo dependiente y del modelo de acumulación del rentismo petrolero, en medio de una gestión de gobierno al servicio de los capitalistas parasitarios y de las mafias corruptas. Crisis que se agrava luego con las agresiones cometidas por los gobiernos imperialistas de Estados Unidos y Europa contra la nación venezolana, no porque aquí haya una revolución ni nada de eso, sino porque están en juego los intereses de los monopolios gringos y europeos en disputa con los capitales rusos y chinos.
Pero cuando la crisis se manifiesta y se agrava golpeando fuertemente al pueblo trabajador ¿cuál es la
respuesta del gobierno de Nicolás Maduro? La misma de todos los gobiernos burgueses: un plan de
ajuste neoliberal (muy parecido al del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y el segundo gobierno
de Caldera), iniciado en el 2018 con el cínico “Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad
Económica”:
a) Privatizaciones de empresas públicas (previa quiebra de estas).
b) Desregulación de la economía: desmontaje de todos los controles de precios, costos y ganancias
(manos libres a comerciantes inescrupulosos), promoción del salvaje libre mercado.
c) Acentuación de un sistema tributario regresivo y antipopular: excepción de impuestos a la gran
burguesía (sobre todo para estimular las importaciones y atraer inversiones parasitarias), incremento de impuestos al consumo (IVA, impuestos al pago en divisas, peajes por doquier
d) Reducción agresiva del gasto público (deteriorando servicios públicos y desmejorando al personal
que trabaja para el Estado).
e) Destrucción del valor de la fuerza de trabajo e imposición de la desregulación laboral: extrema
reducción y congelamiento de salarios y pensiones; pulverización de las prestaciones sociales, quiebra
de las cajas de ahorro y los fondos de pensiones (el de PDVSA fue saqueado); desmantelamiento de las
convenciones colectivas (memorando-circular 2792 del Ministerio del Trabajo e Instructivo de la
ONAPRE); supresión de la libertad sindical y el derecho a huelga; despidos masivos, abiertos y
simulados con aval y complicidad del Ministerio del Trabajo (aplicación fraudulenta del 148 de la
LOTTT, entre otras formas); se generaliza el fraude en las relaciones de trabajo: subcontratación,
tercerización, individualización y mercantilización laboral; desmontaje de la protección a la salud y
seguridad en el trabajo; mayor autoritarismo y abuso patronal contra trabajadores y trabajadoras con
anuencia y aceptación de las autoridades; entre muchas otras situaciones que precarizan y deterioran
como nunca la calidad de vida de las y los trabajadores (activos y jubilados) y de sus familias.
Para que tengamos idea del proceso de destrucción del salario real en nuestro país: para mayo del 2012
el ingreso mínimo de un trabajador o trabajadora (salario mínimo más cestaticket de alimentación)
representaba el 153 % de la Canasta Alimentaria y para junio del 2022 representa apenas el 7,10 % de
la Canasta Alimentaria.
También tenemos la dolarización de facto, cínicamente promovida por el Gobierno de Maduro como
una “válvula de escape” ante la hiperinflación, pero que acentúa la indefensión de la gran masa de
trabajadores y pensionados que perciben salarios y pensiones en bolívares, mientras que las mercancías
en general son cotizadas en dólares. Desde la perspectiva de la economía política, la única mercancía
que no se paga en dólares en Venezuela es la mercancía fuerza de trabajo.
La política laboral antiobrera pretende ser justificada en las sanciones ilegales imperialistas, pero al mismo tiempo vemos como el Gobierno protege y mima a los capitalistas parásitos del Estado y a los
“emprendedores” de bodegones, casinos, gigantescos y lujosos supermercados y servicios de
“delivery” con un personal sin protección, donde no se aplica la LOTTT ni la LOPCYMAT y se sobreexplota y abusa impunemente de la fuerza de trabajo, mayoritariamente integrada por jóvenes.
Y mientras que a las y los trabajadores al servicio del Estado se les confisca parte importante de sus
remuneraciones con la aplicación del Instructivo criminal de la ONAPRE, condenándoles a vivir en la
miseria, altos funcionarios del Estado se pasean en camionetas importadas de última generación,
convertidos en magnates que ahora viven en mansiones y tienen propiedades inimaginables. No es nada
difícil saber cuáles son los intereses que defienden ahora esos burócratas. Todo eso lo justifica y
defiende el comunicado de la CBST.
4. Prácticas antidemocráticas y autoritarias acompañan las políticas antiobreras y antipopulares.
Como sucede siempre que se aplican planes de ajuste neoliberal, el Gobierno acentúa prácticas
antidemocráticas y autoritarias propias de todo Estado burgués reaccionario, con la finalidad de aplastar cualquier atisbo de resistencia obrera y popular a políticas que profundizan injusticias e inequidades.
Quieren tener a trabajadores y trabajadoras sin derechos que se conformen con tal situación. Para ello
ejercen de manera creciente represión, hostigamiento, despidos, chantajes, criminalización y
judicialización de quienes osen protestar, denunciar, confrontar y poner en evidencia que todo el
discurso de la supuesta “revolución” “gobierno obrerista” “socialismo bolivariano” es puro y simple
fraude.
Eso explica porque el Presidente de la República, en un discurso patético, llama a meter preso a todo el que salga a marchar en protesta contra los bajos salarios y el instructivo de la ONAPRE. Y el
presidente de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) amenaza con despedir, suspender y mandar a la
cárcel a los trabajadores siderúrgicos que se vieron obligados a realizar un paro de labores para exigir cumplimiento del aumento salarial prometido por el mismo presidente de la empresa y rechazar que han sido desmejorados y que cientos de obreros “no requeridos” son sometidos a la miseria y la
indefensión total, situación que también padecen los que laboran en el resto de las empresas básicas de
Guayana.
En situación similar se encuentran las y los trabajadores de la salud, quienes luego de arriesgar la vida en lucha contra la pandemia, son víctimas de un generalizado acoso y hostigamiento gerencialpolicial/militar, siendo acusados de robos de medicamentos e insumos sin que medie investigación alguna, con hechos indignantes contra la integridad física y moral del personal en hospitales y centros de diagnóstico integral.
Vemos también como decenas de trabajadores y trabajadoras, incluyendo líderes sindicales, han sido
judicializados y enviados a prisión por meses y hasta años, sin respeto al debido proceso, por defender
derechos laborales, efectuar reclamos o realizar denuncias de hechos de corrupción, o usados como
chivos expiatorios para proteger a verdaderos delincuentes. Es evidente la intención intimidatoria hacia el conjunto de la clase trabajadora, cuando se trata como peligroso delincuente o, aún peor como
terrorista, a un asalariado que se ha enfrentado al patrono público o privado y encuentra que toda la
maquinaria policial-penal del Estado se abalanza en su contra para destruirlo moralmente, cuando no
físicamente. Un instrumento concebido para la abominable criminalización obrera y popular, es la
inconstitucional “ley contra el odio”, empleada reiteradamente para tales fines.
Ahora nos topamos con el comunicado agresivo y amenazante de la cúpula de la CBST, donde
prometen un “fulminante plan de combate”, pero no contra los patronos que violan los derechos de las
y los trabajadores, ni contra los burócratas corruptos, ni contra las políticas antiobreras, ni siquiera contra los propiciadores de injerencias imperialistas (como Guaidó y su camarilla que andan libres y dialogando con el gobierno). No, el “fulminante plan de combate” de la CBST será contra las y los trabajadores que se atrevan a realizar protestas.
Pero como ya es costumbre de los que abusan de su poder, la amenaza va precedida de una satanización
para pretender justificar el ataque. Dicen que los asalariados y jubilados que protestamos por nuestros
derechos, somos todos tarifados al servicio de poderosos enemigos del Gobierno y que además estamos
organizados en “bandas armadas”. Realmente ignoramos si alguno de los que sale a protestar es
financiado por alguien, lo que sí podemos afirmar es que nosotros no somos financiados por nadie, así
como no son financiados los cientos de miles y millones de trabajadoras y trabajadores desmejorados,
despedidos, con salarios miserables, maltratados por los patronos y el gobierno. Tampoco son gente
armada, porque lo que perciben como remuneraciones no les alcanza para alimentarse, mucho menos
para comprar armas. Lo que si está bien claro es que las protestas, enérgicas pero pacíficas, contra el
despojo de nuestros derechos laborales y humanos, son todas legítimas y necesarias, respaldadas
además por el artículo 68 de la Constitución que garantiza el derecho a la manifestación pública, de
manera pacífica y sin armas.
Denunciamos que la violencia contra el que proteste se ha iniciado, pero no la ejecutan líderes
sindicales de la CBST ni trabajadores convencidos de que hay que defender al gobierno, no, la ejecutan
grupos de motorizados armados, pagados por el gobierno, que les denominan “colectivos”, pero que
realmente son bandas mercenarias organizadas para amedrentar y agredir a ciudadanos y ciudadanas
del pueblo trabajador que exigen respeto por sus derechos, no agreden a ricachones ni a delincuentes.
Los represores civiles, tarifados por la cúpula gubernamental y auspiciados por la burocracia sindical
pro-neoliberal, actúan al margen de la Constitución y son una amenaza a la ciudadanía.
Para justificar su “fulminante plan de combate” la CBST también dice que los que protestan están
resucitando a la “extinta CTV”, pero resulta que fue el gobierno a través del Ministerio del Trabajo
quien “resucitó” a la CTV y demás centrales sindicales de la derecha opositora, a través de sus diálogos tripartitos avalados por la OIT. Tales mecanismos tripartitos, montados por el gobierno con apoyo de los centros imperialistas, le dan fuerte protagonismo a Fedecamaras y a determinadas direcciones sindicales patronales (no por casualidad excluyen a la CUTV y organizaciones de base no
confederadas), con la finalidad de legitimar las políticas neoliberales, políticas que le aseguran a los capitalistas máxima ganancia al menor costo, sacrificando los derechos y la dignidad de la clase
trabajadora.
Por eso, las cúpulas de los empresarios, del Gobierno y de los sindicaleros, necesitan segregar y
exterminar a las organizaciones sindicales no controlables y opuestas al plan neoliberal. En algo no se
equivoca la aristocracia de la CBST en su comunicado facistoide: son una odiosa élite sindical, distante y desconectada de la realidad que padece la clase trabajadora.
5. Nuestra respuesta: luchar unidos sin dejarnos intimidar ni manipular.
Ante toda esa situación es necesario responder con la unidad de acción más amplia de todas y todos los
trabajadores, activos y jubilados, afectados y amenazados por la masiva violación a la Constitución que
comete el gobierno nacional en lo concerniente a derechos humanos, civiles, sociales, laborales y
políticos. El terrorismo de Estado contra el pueblo trabajador debe ser enfrentado con la valentía
colectiva y unitaria de millones de hombres y mujeres que, al margen de sus simpatías políticas,
necesitan hacer respetar sus derechos vulnerados y luchar por lograr una vida mejor. Por ello, apelamos
también a la solidaridad proletaria del sindicalismo clasista internacional.
Ahora más que nunca es necesario fortalecer a las organizaciones sindicales que tienen total
independencia y autonomía frente al capital, al Estado y a los partidos que sirven a la patronal pública o privada.
La falsa polarización (chavismo-oposición) solo sirve para manipular y dividir al pueblo trabajador; la
verdadera división que existe en la sociedad venezolana (como en toda sociedad capitalista) es entre
patronos y trabajadores, entre burguesía y clase obrera, entre explotadores y explotados, entre opresores y oprimidos, entre los que están arriba disfrutando del poder y los que estamos abajo pisoteados por los poderosos. Está claro, cada vez más claro, que el Estado y el actual gobierno no están del lado de los explotados y oprimidos, sino de los explotadores y opresores.
¡Unámonos y seremos invencibles!
¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden!
Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV)
Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT)
Caracas, 1 de julio del 2022