Análisis de entorno.
La tutela externa puede reducir determinados riesgos inmediatos, pero no sustituye indefinidamente a las instituciones nacionales… que en el caso de Venezuela están tan destruidas y corrompidas, que habrá que construirlas casi desde cero
Venezuela se encuentra ante una paradoja: Estados Unidos mantiene una relación directa con el gobierno provisional de Delcy Rodríguez y, al mismo tiempo, reconoce públicamente a María Corina Machado, lo cual no es necesariamente una contradicción de política exterior. Más bien puede ser la administración de dos recursos diferentes, uno que permite gestionar el presente y el otro que plantea la legitimidad que se necesita para una solución duradera.
El problema no es que Washington converse con ambas, sino cuál es la secuencia que pretende construir, cuánto tiempo puede sostenerla y qué ocurre si sus interlocutoras dejan de cumplir las funciones que él les atribuye.
Rodríguez se reunió con Trump en Nueva York y prometió elecciones. Machado, mientras tanto, había enfrentado nuevos obstáculos para regresar. Reuters informó que funcionarios estadounidenses habían pedido aplazar su retorno y se habían opuesto a sus esfuerzos de reingreso después de los terremotos de junio, información desmentida por Marco Rubio ante una pregunta directa: “Esa prensa miente”.
La coexistencia de interlocución gubernamental y reconocimiento opositor genera una diferencia que obliga a separar las palabras de los mecanismos. Un elogio presidencial no es una garantía de entrada, así como una reunión no es necesariamente un calendario electoral. Una promesa de diálogo tampoco asegura participación efectiva.
Una dirigente que pretende entrar al proceso, no esperar su desenlace
En el artículo publicado el 4 de octubre en el New York Post, Machado expone un propósito que va más allá de volver físicamente a Venezuela. Afirma que debe acompañar a los ciudadanos, canalizar pacíficamente las tensiones sociales, fortalecer la organización cívica y contribuir a un acuerdo nacional entre civiles y militares; también vincula esas tareas con una fecha electoral y con la reconstrucción institucional y económica.
Su planteamiento contiene una objeción de fondo a una transición administrada exclusivamente desde arriba. La sociedad no puede ser incorporada al final, cuando otros hayan decidido el arreglo, sino que debe participar en la construcción de las condiciones que lo harán sostenible. Más que nada porque ese es el aprendizaje de tantos años del manejo del país por cúpulas, élites, camarillas, roscas, o como quieran llamarle a lo que EEUU junto con Delcy, Dinorah y Jorge están haciendo, a su antojo, con la pobre y sufrida Venezuela.
La lectura más consistente de ese análisis no es la de una dirigente que regresa únicamente para protestar, ni la de una figura que vuelve a pacificar aceptando cualquier fórmula. Es la de un liderazgo cívico que pretende conectar participación, acuerdos y capacidad futura de gobierno.
La paz, en ese marco, no significa inmovilidad, sino que significa la posibilidad de canalizar el conflicto mediante derechos e instituciones; porque la estabilidad no se mide solamente por la ausencia de incidentes, sino por la existencia de reglas que permitan resolver diferencias sin recurrir a la fuerza.
El control sirve para operar, pero no reemplaza la confianza
El vínculo con Rodríguez le permite a Washington abordar decisiones inmediatas. Durante su visita se discutieron asuntos como la deuda y el cambio político; sin embargo, la exposición internacional no se tradujo en una fecha electoral firme ni en los acuerdos económicos concretos que se esperaban.
Ese resultado tiene una dimensión económica importante: una administración puede facilitar operaciones, mantener interlocución con empresas y anunciar oportunidades, y otra cosa es construir confianza para comprometer capital durante décadas.
Machado desarrolla precisamente esa diferencia. Sostiene que las inversiones de gran escala requieren contratos duraderos, cumplimiento, protección de la propiedad y un régimen competitivo. Su cálculo de más de cinco millones de barriles diarios con unos US$ 200.000 millones de inversión debe leerse como un planteamiento de potencial y condiciones, y no como una previsión asegurada.
La relación entre economía e institucionalidad no es decorativa; es un contrato que pierde valor si su ejecución depende de una protección personal (la de Trump) que puede desaparecer. La inversión necesita saber qué autoridad decide, qué normas se aplican, cómo se resuelven controversias y qué continuidad tendrán esas reglas.
La tutela externa puede reducir determinados riesgos inmediatos, pero no sustituye indefinidamente a las instituciones nacionales… que en el caso de Venezuela están tan destruidas y corrompidas, que habrá que construirlas casi desde cero. Por eso se justifica el temor de las empresas internacionales a firmar cualquier acuerdo con un “gobierno” interino cuyas decisiones, casi seguramente, serán revisadas, modificadas y hasta derogadas.
Dependencias diferentes
Es tentador presentar a Rodríguez como una figura que obedece y a Machado como una figura que decide por sí misma. La distinción contiene una intuición sobre sus relaciones con Washington, pero resulta insuficiente para explicar la situación como un todo.
Rodríguez puede depender fuertemente del respaldo estadounidense y, al mismo tiempo, tener restricciones internas, como por ejemplo el liderazgo de Diosdado Cabello. Una autoridad puede comprometerse con un acuerdo sin controlar completamente a quienes deben ejecutarlo.
Machado puede valorar una alianza estratégica con Estados Unidos y discrepar sobre las condiciones o el tiempo de la transición. La cooperación no elimina su necesidad de responder a los ciudadanos ni convierte toda diferencia en una ruptura.
Si bien no hay base para afirmar como hecho jurídico que la libertad personal de Rodríguez dependa de una decisión de Trump, lo que sí está documentado es una fuerte influencia estadounidense sobre su administración. Así como la viabilidad de un eventual gobierno de Machado no dependería solamente de la Casa Blanca; sino que necesitaría mandato, capacidad estatal, recursos, seguridad y relaciones internacionales.
Personalizar en exceso la transición puede ocultar su fragilidad. Las relaciones entre dirigentes importan, pero no reemplazan las reglas que deberían sobrevivirlas.
Una mesa posible, todavía no es un acuerdo
Una reunión entre Rodríguez y Machado es concebible. Washington podría encontrar utilidad en acercar a quien administra el gobierno provisional con quien reclama una salida electoral y ofrece una perspectiva de reconstrucción.
Pero esa posibilidad no debe transformarse en noticia antes de existir. Las fuentes disponibles no confirman una reunión acordada, un entendimiento sobre el regreso o una decisión de Trump de imponer una negociación entre ambas.
Si la reunión se produce, habrá que evaluar su contenido; porque una conversación que abra derechos, compromisos y un calendario puede ser un instrumento de transición; o, por el contrario, también puede convertirse en administración de la continuidad con una conversación que termine en una fotografía y una invitación a esperar.
El punto decisivo no sería que se sienten, sino qué queda establecido después y quién, con el peso suficiente, puede hacer seguimiento y comprobar su cumplimiento.
También habría que resolver la representación del proceso; porque ninguna mesa entre dos personas puede sustituir por sí sola a la ciudadanía, las instituciones electorales, otros sectores políticos o las garantías de quienes no participan directamente.
El escenario inverso
Todo análisis serio debe contemplar que los actores no hagan lo que se espera de ellos. Si sectores del chavismo rechazan una competencia efectiva o la entrega del poder, la resistencia puede adoptar formas menos visibles que una rebelión abierta. Puede aparecer como dilación, obstáculos administrativos, incumplimiento o condiciones que preservan ventajas decisivas.
En ese caso, el respaldo estadounidense a Rodríguez tendría que medirse por su capacidad de producir resultados, y no por la calidad de la relación personal. Si puede negociar, pero no ejecutar, su utilidad como interlocutora se reduce.
El otro giro posible es que Machado no acepte la secuencia propuesta por Washington. Podría discrepar sobre el regreso, el plazo electoral o las garantías, sin renunciar a una alianza estratégica con Estados Unidos.
Los desacuerdos previos sobre su retorno muestran que esa posibilidad no es puramente teórica; lo cual no prueba una ruptura futura, pero sí que los intereses no son idénticos, ni en la forma, ni en el fondo, ni en los tiempos.
Si ambas resistencias aparecen simultáneamente, la administración estadounidense se encontraría con una dificultad mayor. La interlocutora gubernamental podría no entregar lo comprometido y la dirigente democrática podría no aceptar una espera indefinida.
La presión externa podría promover una renegociación, lo cual también podría prolongar el interinato si Washington considera que el costo de acelerar el proceso es demasiado alto. Si bien no hay evidencia suficiente para asegurar cuál de esas decisiones prevalecería, podemos adelantar que en las “mesas de negociación” de Jorge con la oposición, ellos siempre mintieron para quedarse… y esta vez no tiene por qué ser la excepción… Todo parece indicar que, por las buenas, el chavismo no entregará el poder.
Y para cuando EEUU lo compruebe (porque desde aquí lo hemos advertido en una infinidad de oportunidades), tendrá que comenzar de nuevo, o desplegar otro raid con el del 3E pasado.
Las señales pequeñas que merecen atención
Una señal débil es un indicio temprano, observable pero todavía ambiguo, de un posible cambio en la relación entre Washington, el gobierno provisional y la oposición verdadera liderada por MCM. No confirma un desenlace, pero justifica vigilarlo y preparar escenarios antes de que se vuelva evidente.
• La primera señal es el desacople entre reconocimiento y acceso. Trump elogió a Machado, pero los obstáculos reportados a su regreso no habían sido reemplazados por una garantía pública equivalente. Eso aconseja observar decisiones ejecutadas (o no ejecutadas), y no solamente declaraciones.
• La segunda es la promesa electoral sin fecha firme. Puede ser el comienzo de una negociación o una fórmula para ganar tiempo. El elemento que permitiría distinguir ambas interpretaciones sería un calendario acompañado de reglas, responsables y cambios comprobables… que aun no está a la vista, ni siquiera como una intención por parte de Washington.
• La tercera es la definición de Rubio de una elección libre y justa como culminación del proceso. Si bien constituye un criterio público importante, todavía no se ha convertido en un plazo operativo.
• La cuarta está en la insistencia de Machado en integrar a la sociedad y buscar un acuerdo entre civiles y militares. Esa formulación amplía el horizonte del debate, pero no confirma acuerdos reservados ni adhesiones que no estén documentadas.
Una señal débil sirve para formular preguntas y preparar escenarios. Pierde utilidad cuando se la presenta como certeza.
La transición necesita una salida verificable
El riesgo mayor no es que existan conversaciones, sino que se mantenga indefinidamente un sistema de conversaciones sin desenlace institucional.
Una transición necesita algo más que interlocutores útiles; necesita derechos efectivos, un calendario verificable y una relación clara entre compromisos y consecuencias. También necesita protección de civiles, debido proceso y mecanismos independientes para documentar el cumplimiento.
El regreso de Machado tendría relevancia nacional si amplía la participación y permite transformar tensión social en un cauce institucional. No la tendría en la misma medida si se limita a una presencia tolerada, condicionada y sin derechos efectivos.
La interlocución con Rodríguez tendría valor de transición si produce apertura comprobable. Si solamente conserva la capacidad de operar y negociar, puede terminar estabilizando el interinato en lugar de superarlo.
Estados Unidos posee una influencia considerable, pero no omnipotencia. Puede facilitar, presionar y respaldar garantías, pero no puede fabricar por sí solo la confianza nacional ni sustituir la participación de los venezolanos.
La prueba del proceso será si convierte la influencia externa y el control operativo en instituciones que ya no dependan de ellos. Ahí se decidirá si Venezuela está transitando hacia una democracia o aprendiendo a convivir con otra forma de provisionalidad.
La manipulación de responsabilidades y las promesas sin cumplimiento
El regreso de María Corina Machado debe analizarse también frente a un riesgo con antecedentes concretos. El gobierno puede intentar convertir su presencia en explicación del descontento y atribuirle problemas que preceden a su llegada.
No hay que olvidar que, en agosto de 2024, Maduro responsabilizó a la oposición por un apagón nacional sin presentar evidencia que respaldara la acusación. Ese antecedente justifica considerar como riesgo para MCM la repetición de imputaciones políticas ante fallas de servicios, protestas o incidentes de seguridad.
La historia de las negociaciones obliga igualmente a desconfiar de la equivalencia entre sentarse y resolver:
1. En República Dominicana, durante 2017–2018, el proceso no culminó en un acuerdo definitivo y quedó paralizado en medio de desacuerdos sobre las condiciones electorales y la convocatoria gubernamental
2. En Oslo y Barbados, en 2019, se discutieron alternativas electorales, pero el proceso se estancó y el gobierno chavista abrió un diálogo paralelo con sectores opositores minoritarios
3. En México, iniciado en agosto de 2021, el gobierno chavista suspendió las conversaciones en octubre por la extradición de Alex Saab; la reanudación de noviembre de 2022 produjo un acuerdo social, no una solución política integral
4. El Acuerdo de Barbados de octubre de 2023 estableció compromisos electorales, pero la ratificación de la inhabilitación de Machado en enero de 2024 fue denunciada como una vulneración de esas garantías; Estados Unidos la calificó como incompatible con el compromiso de celebrar una elección competitiva
Si bien son antecedentes distintos, todos convergen en una advertencia: La existencia de una mesa no asegura continuidad, cumplimiento ni apertura efectiva.
Por eso, el regreso de Machado y cualquier nueva negociación deben evaluarse mediante trazabilidad. Qué se acordó, quién lo aceptó, qué autoridad debe ejecutarlo, en qué plazo y cómo se verifica. Su participación en una mesa no la convierte en corresponsable de decisiones unilaterales del gobierno ni de la gestión de servicios que no administra.
Las acusaciones de sabotaje requieren investigación independiente, evidencia comprobable y debido proceso, y no una repetición propagandística como ha sido práctica usual y frecuente del chavismo. A la vez, ninguna denuncia sobre manipulación debe sustituir el examen de los hechos.
Lo que se acuerde dentro de la mesa tendrá que contrastarse con lo que ocurra fuera de ella. Una promesa de apertura acompañada de restricciones arbitrarias, represalias o incumplimientos no constituye un avance verificable.
La protección de Machado y de los ciudadanos, la preservación de la participación pacífica y el cumplimiento documentado de compromisos deben ser condiciones del proceso, no concesiones revocables de la contraparte.
Contacto: Mail: btripierntn@gmail.com – Instagram: @benjamintripier – X/Twitter: @btripier
La entrada El regreso y los límites de una transición administrada, dijo Benjamín Tripier se publicó primero en Emisora Costa del Sol 93.1 FM.