Análisis de entorno.
No es una discusión de personas. Es una discusión de diseño. Cuando una transición se apoya en quienes controlaron el sistema anterior, estos tienden a proteger sus redes, recursos y márgenes de impunidad. Ninguna alianza táctica con actores de esa naturaleza garantiza fracaso por definición, pero sí exige controles, plazos, transparencia y contrapesos que hoy no se ven con suficiente claridad.
Nueve meses después de la captura de Maduro, la estrategia de estabilidad con el chavismo gobernante no ha producido elecciones, transparencia ni mejora suficiente para la vida cotidiana. EEUU todavía puede corregir el rumbo, porque el costo social y político aumenta con cada día/semana/mes de demora.
Desde la captura de Nicolás Maduro, el dilema venezolano fue simple: usar la ruptura para abrir una transición democrática con legitimidad popular, o administrar la continuidad del poder bajo una nueva fórmula. La decisión de Estados Unidos fue privilegiar una transición tutelada, sostenida en el interinato de Delcy Rodríguez, el canal de negociación con sectores del chavismo y acuerdos económicos de rápida ejecución.
El resultado, hasta ahora, 9 meses después, no confirma que esa estrategia esté funcionando. La promesa era estabilidad para luego alcanzar libertad; lo que se observa es estabilidad incompleta, apertura selectiva y continuidad de las palancas reales de control: burocracia, seguridad, justicia, contratos, información, economías ilegales y control territorial.
La libertad puede llegar. Venezuela conserva una mayoría social que quiere cambio, una oposición con legitimidad electoral y una referencia política clara en María Corina Machado. Pero el camino se está haciendo más largo, más costoso y más incierto de lo que hubiera podido ser si el interinato hubiese recaído desde el inicio en Edmundo González y MCM, con respaldo internacional para organizar una transición de restitución democrática.
Porque MCM tenía (y aún tiene) los planes y la gente para hacerse cargo casi inmediatamente, en la consciencia de que el chavismo era beligerante, pero no contaba con el apoyo de EEUU… bueno… esa premisa cambió porque ahora el chavismo cuenta con apoyo de EEUU, lo cual complicaría una transición. Pero la confianza de que EEUU finalmente reconsiderará sobre a quién apoya (libertad o chavismo) sigue vigente…
No es una discusión de personas. Es una discusión de diseño. Cuando una transición se apoya en quienes controlaron el sistema anterior, estos tienden a proteger sus redes, recursos y márgenes de impunidad. Ninguna alianza táctica con actores de esa naturaleza garantiza fracaso por definición, pero sí exige controles, plazos, transparencia y contrapesos que hoy no se ven con suficiente claridad.
La advertencia que se fue confirmando
Los análisis publicados durante el año anticiparon cinco riesgos que hoy se ven más definidos:
1. El chavismo 3.0 no era una transición, sino una adaptación
La hipótesis era que el chavismo podía mutar: menos discurso ideológico, más pragmatismo; menos confrontación con Washington, más disposición a negociar petróleo, deuda, minería, seguridad y acceso financiero. Pero esa mutación no significaba, por sí misma, democratización.
El problema no era que Delcy Rodríguez hablara con Estados Unidos. Venezuela necesita relaciones internacionales, inversión, asistencia técnica y acceso a mercados. El problema era que la apertura económica podía ocurrir sin apertura política: petróleo primero, libertades después; contratos primero, elecciones después; reconocimiento práctico primero, legitimidad democrática después.
Eso es lo que está ocurriendo. El discurso de Delcy en la ONU prometió elecciones, pero sin fecha, calendario, reforma electoral, habilitación de candidaturas, condiciones para la diáspora, observación internacional ni garantías explícitas de alternancia. La fórmula “en el momento correcto” deja el reloj en manos de quienes controlan el aparato de Estado.
El chavismo 3.0 no necesita parecerse al chavismo más agresivo para conservar poder. Le basta con administrar la transición, seleccionar interlocutores, negociar con actores externos y mantener bajo control los instrumentos que importan: seguridad, justicia, dinero, información, permisos, archivos y territorio.
2. La alianza con redes opacas debilita la transición
El principio era y sigue siendo sencillo: lo que mal anda, mal acaba. Ningún proyecto de reconstrucción puede descansar de manera estable en acuerdos opacos con personas o redes asociadas a corrupción, represión, narcotráfico, minería ilegal, contrabando o captura institucional.
La discusión no debe ser moralista ni ingenua. Toda transición compleja requiere interlocución con sectores del poder existente. El problema empieza cuando la interlocución se convierte en sociedad política o económica, cuando los operadores cuestionados conservan capacidad para administrar ingresos, escoger beneficiarios, proteger activos o condicionar decisiones públicas.
Las referencias a vínculos entre negocios, intermediarios petroleros, operadores de minería, estructuras de seguridad y redes del chavismo no fortalecen la confianza; la deterioran. Tampoco la fortalece la libertad de movimiento de figuras como Diosdado Cabello o Gustavo Gonzalez López -o la ausencia de información verificable sobre sus límites, responsabilidades y capacidad real de actuación- mientras se anuncia una supuesta transformación institucional.
El mensaje que recibe el ciudadano común es devastador: cambió la cúpula visible, pero siguen intactos quienes saben dónde está el dinero, quién controla las armas, qué archivos comprometen a quién y cómo se mantienen las redes de protección.
No hay reconstrucción posible si el Estado formal convive con un Estado informal de operadores, intermediarios, mafias y estructuras coercitivas.
3. Petróleo y minería no sustituyen legitimidad
La apuesta estadounidense parece haber supuesto que el petróleo podía ser un ancla de estabilización: inversión, recuperación de producción, flujo de divisas, empleo, seguridad energética y una relación funcional con Caracas. En principio, no era una mala idea, porque Venezuela necesita capital, tecnología, servicios, electricidad, diluyentes, infraestructura, financiamiento y mercados.
Pero el petróleo venezolano no es rápido, ni barato, ni simple. Las reservas no equivalen a barriles disponibles. La mayor parte requiere inversión pesada, mejoramiento, transporte, mantenimiento, seguridad jurídica, energía, mano de obra especializada y años de ejecución. La meta de 1,5 millones de barriles diarios no se alcanza con anuncios: exige una secuencia técnica, financiera y operativa que puede tardar años.
Además, los grandes inversionistas no comprometen capital de largo plazo cuando no conocen el texto de los contratos, la protección frente a litigios, el régimen de regalías e impuestos, la relación con la deuda, la repatriación de dividendos, el arbitraje, la seguridad física ni quién tendrá legitimidad para ratificar los acuerdos en un futuro gobierno.
Y la espada de Damocles del cuestionamiento a la legitimidad de las decisiones tomadas bajo un gobierno interino ilegal e ilegitimo, las cuales, al menos van a ser revisadas por el siguiente gobierno legítimo que llegue.
La reciente presencia de ejecutivos internacionales en Caracas mostró interés exploratorio, pero no decisión definitiva de inversión. Las empresas quieren entender el activo; y todavía deben decidir si confían en el país. El golf, las conferencias y las reuniones abren puertas; no sustituyen Estado de derecho.
La minería tiene un problema aún mayor. Sin trazabilidad, protección ambiental, control territorial y debida diligencia, el oro y otros minerales no son una fuente limpia de financiamiento sino un riesgo reputacional, legal y geopolítico. El caso del oro venezolano muestra que no basta con extraerlo o trasladarlo: hay que demostrar que no financia crimen organizado, destrucción ambiental, corrupción o violaciones de derechos humanos.
El mismo razonamiento aplica al petróleo en negro, al combustible, al contrabando y a las exportaciones informales. Mientras estas fuentes de financiamiento directo sobrevivan, el chavismo gobernante no dependerá completamente de acuerdos transparentes ni de instituciones democráticas. Tendrá caja propia, y quien tiene caja propia conserva autonomía frente a cualquier presión externa.
La vida diaria no mejoró
El venezolano de calle no evalúa la transición por comunicados desde Washington ni por discursos ante la ONU. La evalúa por ingreso, servicios, seguridad, libertades, costo de vida y expectativa de futuro.
Los principales indicadores sociales siguen describiendo un país que no salió de la crisis:
• Hay oferta comercial, pero no recuperación masiva del poder adquisitivo
• La economía está dolarizada de hecho, pero los ingresos de buena parte de los trabajadores, pensionados y empleados públicos siguen atrapados en bolívares débiles
• La brecha cambiaria, el acceso desigual a divisas y la fragilidad de servicios básicos siguen trasladándose a precios
• Electricidad, agua, combustible, transporte, conectividad y salud continúan afectando productividad y calidad de vida
• La pobreza de ingresos y la dependencia de remesas, bonos, endeudamiento informal y trabajos precarios siguen definiendo la vida de millones de hogares
• Persisten presos políticos, restricciones a medios, controles sobre organizaciones sociales y un aparato de seguridad cuya transformación no es visible
Los anaqueles abastecidos no son sinónimo de bienestar. La pregunta relevante no es si hay alimentos, sinocuántos días puede comer una familia con su ingreso disponible. El análisis previo destacó que la canasta alimentaria familiar superaba ampliamente la capacidad adquisitiva del salario mínimo y que la normalidad comercial era desigual: las grandes cadenas representan una parte menor del consumo, mientras bodegas, abastos y mercados populares absorben la mayor demanda y enfrentan mayores costos, fallas eléctricas y limitaciones de reposición.
La conclusión es incómoda: para muchos venezolanos, la situación económica, social y política sigue siendo igual o peor que antes del 3E. Puede haber cambiado el lenguaje diplomático y puede haber mejorado la expectativa de algunos sectores empresariales, pero todavía no se ha modificado la estructura de vulnerabilidad cotidiana.
Estados Unidos del respaldo inicial al desgaste
La política de Estados Unidos entró con aceptación porque representaba ruptura, posibilidad de orden y expectativa de que el poder externo sería usado para abrir libertades. La captura de Maduro parecía crear una oportunidad extraordinaria: desmontar el aparato represivo, proteger a la población, recuperar instituciones, abrir la economía bajo reglas y convocar elecciones competitivas.
Ese capital político se está agotando.
Washington tiene razones legítimas para evitar un vacío de poder. Le interesan seguridad regional, migración, narcotráfico, grupos armados, deuda, protección de activos, energía, estabilidad caribeña y reducción de la influencia de actores externos. El problema no es que tenga intereses; es que esos intereses corren el riesgo de separarse de la legitimidad democrática.
Una estrategia de estabilidad sin fecha electoral puede parecer prudente desde Washington, pero desde Venezuela se interpreta como prolongación del chavismo con aval estadounidense. Esa percepción daña a Trump, compromete la coherencia de Marco Rubio, alimenta frustración en la diáspora y reduce la disposición social a aceptar sacrificios en nombre de una transición que no muestra destino ni plazo.
Rubio tiene un problema adicional: su autoridad política en el tema descansa en haber defendido libertad, derechos humanos, lucha contra el crimen transnacional y oposición al chavismo. Si termina asociado a un arreglo que preserva a redes cuestionadas y posterga la competencia electoral, deberá explicar por qué la política que prometía desmontar una estructura criminal terminó administrando su continuidad.
Todavía existe margen para un viraje. No se necesita abandonar toda interlocución con el interinato; se necesita condicionar la relación a hechos verificables:
• Fecha electoral pública y calendario completo
• Reforma o sustitución del CNE con rectoría creíble
• Registro electoral auditado, con incorporación efectiva de la diáspora
• Habilitación de candidatos, restitución de partidos y cese de persecución
• Liberación plena de presos políticos
• Garantías de retorno y actividad política para MCM, dirigentes, periodistas y exiliados
• Publicación y auditoría de contratos petroleros, mineros, financieros y de deuda
• Depuración progresiva de cuerpos de seguridad e inicio de una reforma de inteligencia democrática
• Trazabilidad de ingresos petroleros y mineros mediante mecanismos auditables
No son condiciones ideológicas. Son condiciones mínimas para que la inversión sea sostenible, la deuda se pueda renegociar, los activos estén protegidos y la estabilidad no dependa de acuerdos personales.
MCM y el punto de inflexión
La presencia de María Corina Machado dentro de Venezuela puede ser el factor que cambie la dinámica. No porque una persona pueda sustituir instituciones, sino porque puede devolverle a la sociedad el centro de la decisión.
Sin MCM en el país, el proceso se vuelve más manejable para quienes negocian desde arriba: Washington, el interinato, operadores económicos, sectores del chavismo y una oposición fragmentada o sin respaldo popular comparable.
Con MCM dentro, la transición deja de ser un expediente diplomático y vuelve a ser una exigencia nacional de libertad, voto, organización y alternancia.
El retorno tiene riesgos reales. Puede ser bloqueado, condicionado, judicializado, vigilado o usado como demostración superficial de “apertura”. También puede provocar tensiones, expectativas desmedidas e incidentes que beneficien a quienes quieren mostrar a la oposición como factor de inestabilidad.
Por eso no debe ser un regreso simbólico. Debe estar asociado a una agenda de hechos medibles: libertad plena de movimiento, capacidad de reunirse y organizarse, protección a dirigentes regionales, acceso a medios, restitución de derechos políticos, calendario electoral y observación internacional.
La idea central sigue siendo válida: MCM no debe regresar para legitimar un acuerdo opaco ni para tomarse una foto con quienes administran el interinato. Debe regresar para transformar el apoyo popular en presión cívica, organización territorial, vigilancia electoral y exigencia de fecha.
Los tres escenarios
La situación no está cerrada. Venezuela puede todavía llegar a una salida democrática, pero la probabilidad relativa de cada escenario está cambiando.
| Escenario | Descripción | Probabilidad estimada | Señales a vigilar |
| 1. Corrección democrática | EE. UU. condiciona cooperación; MCM regresa con garantías; se publica calendario; se abre competencia electoral y se auditan acuerdos estratégicos | 30% | Fecha electoral, reforma del CNE, liberaciones, habilitaciones, contratos públicos, retorno libre de MCM |
| 2. Estabilidad administrada | Delcy mantiene interinato; avanzan acuerdos económicos parciales; hay apertura selectiva, pero sin elección competitiva cercana ni depuración real | 40% | Mesas sin resultados, elecciones sin fecha, acuerdos petroleros opacos, tolerancia limitada a oposición, continuidad de aparatos coercitivos |
| 3. Aumento de protesta y conflictividad social | La falta de salida política, deterioro cotidiano y exclusión de MCM producen movilización creciente, protestas dispersas y presión social difícil de contener | 30% y en aumento | Bloqueo del retorno, represión, caída del ingreso real, fallas de servicios, protestas sectoriales, fractura del chavismo y desgaste de EE. UU. |
El tercer escenario merece atención especial –el cual no es inevitable ni tampoco deseable- porque un levantamiento popular sin conducción, sin objetivos compartidos y sin mecanismos de protección puede producir violencia, represión, fragmentación o abrir espacio a grupos armados y redes criminales.
Pero tampoco puede descartarse que, si se prolonga la contradicción entre promesas de libertad y continuidad real del poder, la protesta social suba de intensidad.
La variable más importante es la combinación de tres factores: frustración económica, cierre político y ausencia de una salida electoral creíble. Cuando los tres se acumulan, la sociedad deja de esperar. La protesta puede empezar por salarios, agua, electricidad, alimentos, pensiones, transporte o presos políticos; luego se conecta con la demanda de cambio político.
La responsabilidad de todos los actores democráticos debe ser evitar que esa presión derive en violencia. La movilización útil es cívica, pacífica, organizada y vinculada a una exigencia concreta: fecha electoral, garantías, derechos y reglas. La violencia solo beneficiaría a quienes quieren justificar más control y más demora.
Qué hacer ahora
La salida no requiere inventar otro proceso, sino corregir el existente:
1. Fijar una fecha presidencial. El plazo técnico razonable para registro, diáspora, CNE, observación y campaña está entre seis y diez meses. Sin fecha, toda mesa es dilación
2. Convertir a MCM en prueba de apertura. Su retorno libre, actividad política plena y seguridad verificable deben ser condiciones de la relación con Washington, no un asunto accesorio
3. Separar inversión de opacidad. Petróleo, gas, minería, deuda y activos requieren contratos públicos en sus términos esenciales, auditoría, reglas fiscales y revisión por autoridades legítimas
4. Cortar las fuentes de financiación informal. No habrá transición sólida mientras sobrevivan estructuras de oro ilícito, droga, combustible, contrabando, extorsión y petróleo negro
5. Reformar seguridad e inteligencia. Preservar capacidades contra crimen organizado, pero desmontar policía política, control de archivos por redes partidistas y estructuras de represión
6. Proteger el ingreso y los servicios. La transición debe hablar de salarios, pensiones, electricidad, agua, medicamentos, transporte y empleo. La democracia sin mejora material pierde capacidad de convocatoria
7. Restablecer la coherencia estadounidense. Seguridad, energía y migración son objetivos compatibles con democracia; no deben ser sustitutos de democracia
Cierre
Venezuela no está condenada a que esto termine mal. El país tiene recursos humanos, apoyo social para el cambio, vínculos internacionales, diáspora, capacidad empresarial y una mayoría que desea una vida normal. La libertad sigue siendo posible y, en perspectiva histórica, probablemente terminará imponiéndose.
Pero el costo de llegar tarde puede ser salvaje. Cada mes de transición sin fecha permite que continúen la pobreza, la emigración, la inseguridad, la corrupción, la destrucción institucional y el desencanto con quienes prometieron ayudar.
El problema no es que Estados Unidos tenga presencia; el problema es que esa presencia se convierta en administración de una continuidad que los venezolanos ya rechazaron. El problema no es negociar con actores del sistema anterior; el problema es hacerlo sin límites, sin transparencia y sin una ruta definida para que el poder vuelva a los ciudadanos.
Lo que mal anda, mal acaba, no tiene por qué ser destino. Puede ser advertencia. Todavía hay tiempo para un golpe de timón: Pasar de la estabilidad administrada a la transición verificable; de acuerdos reservados a reglas públicas; de elecciones prometidas a elecciones convocadas; y de una Venezuela manejada desde arriba a una Venezuela decidida por los venezolanos.
Contacto: Mail: btripierntn@gmail.com – Instagram: @benjamintripier – X/Twitter: @btripier
La entrada La transición desviada en Venezuela y el costo de corregirla, por Benjamín Tripier se publicó primero en Emisora Costa del Sol 93.1 FM.