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La salud mental del venezolano está en riesgo por los bajos sueldos y las consultas  psicológicas impagables

Psicología Venezuela

 

La salud mental de los tachirenses está en peligro debido a los bajos salarios de los especialistas de la red pública, lo que anula la posibilidad de recibir atención gratuita de calidad.

Ante el déficit en dicha área de salud, las familias recurren a consultas psicológicas y psiquiátricas privadas, pero se consiguen con tarifas inalcanzables para la mayoría, cuyos ingresos dependen exclusivamente de un salario mínimo.

Se expone un sistema que desatiende, tanto a quienes necesitan la terapia como a quienes están formados para ofrecerla, dejando la salud mental a la deriva en un contexto de vulnerabilidad.

Alfonso Amaya, psicólogo tachirense, manifestó que mientras que el índice referencial de honorarios profesionales establece que una consulta psicológica digna ronda los 30 dólares, las instituciones públicas ofrecen tablas salariales de 4 dólares mensuales como sueldo base, complementado con bonificaciones.

Cuando una institución pretende retribuir semanas de intervención, contención de crisis y evaluación clínica con un monto simbólico, ignora los años de especialización, responsabilidad emocional y ética que exige la disciplina, denunció el especialista.

Amaya explicó que la decadencia del sistema genera un efecto dominó peligroso, en el cual se normaliza el desgaste del cuidador, disminuye la calidad de los diagnósticos y se incrementa la indefensión de la población. Asimismo, señaló que este fenómeno ocurre en una sociedad que necesita, hoy más que nunca, espacios de escucha seguros y competentes.

Fuga de talento al sector privado

El gremio advierte que pagar el trabajo a precio de miseria termina expulsando al talento especializado del sistema público.

Esta fuga de cerebros priva a la población de atención de calidad y frena la intervención en una sociedad civil afectada por altos índices de suicidio detalló Amaya.

El especialista de salud mental reiteró que la exigencia de dignificar el honorario del psicólogo no debe ser vista como un capricho gremial o una simple demanda laboral. Por el contrario, considera urgente el reconocimiento económico justo para poder garantizar la salud mental y la estabilidad del colectivo.

Especialistas instan a los nuevos profesionales a tener amor propio, sentar un precedente y exigir el reconocimiento del sector público para que no continúen los malos tratos ni la desestimación de la especialidad en salud mental.

Interrupción de tratamientos

Jaime Pineda, familiar de un paciente de salud mental, relató que tras iniciar el proceso terapéutico con consultas fijadas en 60 dólares cada una, se logró cumplir solo con 4 sesiones, al no contar con el dinero que se requería.

Explicó que recientemente se beneficiaron con la asistencia humanitaria en la Cruz Roja de la Urbanización Los Naranjos, gracias a recomendaciones de especialistas que en un principio habían atendido el caso de su familiar.

Pero no todos los pacientes con problemas de salud mental corren con la misma suerte, muchos quedan totalmente desprotegidos por falta de información, apoyo institucional o desatención familiar.

Tiempos de espera que matan

La crisis asistencial ha encendido las alarmas. Esperanza Salas Nieto, defensora Comunal de Derechos Humanos de la Parroquia Pedro María Morantes, denunció de manera categórica las demoras del sistema de salud pública para procesar casos críticos.

Las instituciones públicas que ofrecen atención psicológica o psiquiátrica dan las consultas para después de meses. En una emergencia de depresión, la consulta debe ser para ya. Derechos humanos es también salvar una vida sentenció.

Asimismo, la activista hizo un llamado urgente a las autoridades sanitarias para que dejen de lado apreciaciones personales y cumplan de forma estricta con las garantías consagradas en la Constitución de la República de Venezuela.

Exigió la creación de equipos interdisciplinarios guiados por la nueva psicología, con enfoques en la crianza respetuosa y la atención digna. No podemos divorciarnos del derecho humano de una persona con depresión o condición psiquiátrica, concluyó.

Ismary Bustamante – La Prensa Táchira.

 

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