Análisis de entorno.
No llegaron solamente por petróleo. Llegaron por migración, seguridad regional, narcotráfico, frontera, influencia de China, Rusia e Irán, deuda, activos externos y control de un país con las mayores reservas petroleras “probadas” del mundo.
Venezuela asume una nueva etapa tras megaacuerdo petrolero con Estados Unidos – Ministerio de Hidrocarburos.
Desde agosto de 2025, cuando Estados Unidos elevó el bloqueo, endureció el control sobre flujos petroleros, financieros y comerciales, y convirtió a Venezuela en un asunto de seguridad hemisférica, la conclusión era previsible: los gringos llegaron para quedarse… Mucho tiempo.
No llegaron solamente por petróleo. Llegaron por migración, seguridad regional, narcotráfico, frontera, influencia de China, Rusia e Irán, deuda, activos externos y control de un país con las mayores reservas petroleras “probadas” del mundo.
El petróleo fue la puerta de entrada; el objetivo más amplio es ordenar una pieza geopolítica que durante años funcionó como fuente de inestabilidad regional.
La diferencia entre 2025 y hoy es que Washington pasó de presionar desde fuera a influir desde dentro. Licencias, sanciones, flujos financieros, empresas energéticas, protección de activos, acceso a mercados y acuerdos políticos son ahora instrumentos de intervención directa.
La reforma de la legislación de hidrocarburos, la flexibilización de licencias y la apertura a capital estadounidense y occidental muestran que la relación dejó de ser exclusivamente sancionatoria: se transformó en una relación de tutela, negociación e intereses compartidos.
Eso no significa que Venezuela haya recuperado soberanía económica ni que haya iniciado una transición democrática consolidada. Significa que se abrió una fase donde el país puede recibir inversión y cooperación, pero también puede comprometer activos, renta futura y decisiones estratégicas antes de resolver su déficit de legitimidad, instituciones y transparencia.
La pregunta central no es si Estados Unidos permanecerá, porque la respuesta es categórica: Sí permanecerá. La pregunta debería ser, bajo qué reglas lo hará: ¿para sostener un enclave petrolero con estabilidad administrativa, o para ayudar a construir una Venezuela democrática, productiva e integrada
Perfil político: poder operativo sin legitimidad suficiente
Venezuela dejó atrás la parálisis política absoluta, pero no ha alcanzado una transición plena. Existe una administración interina con capacidad de tomar decisiones operativas, abrir conversaciones con actores externos y firmar acuerdos. Sin embargo, las palancas fundamentales siguen concentradas en las estructuras heredadas: burocracia, cuerpos de seguridad, justicia, empresas estatales, reguladores, control territorial y manejo discrecional de recursos.
La mesa política, con Jorge y Dinorah, abrió una posibilidad, pero todavía no prueba una transformación. Los anuncios de reforma judicial, liberaciones parciales, amnistía, restitución de derechos o futuras elecciones solo tendrán valor si se traducen en normas públicas, aplicación verificable y garantías para todos.
Mientras no exista una fecha electoral, partidos plenamente restituidos, inhabilitaciones eliminadas, prensa libre, presos políticos liberados y capacidad de movilización sin amenazas, la apertura seguirá siendo parcial.
El riesgo principal es la normalización de una transición sin fecha: un interinato que gana duración porque ofrece a Estados Unidos orden, petróleo y cooperación, mientras la competencia democrática queda postergada. La llegada de capital extranjero puede reforzar esta dinámica si se usa como prueba de éxito administrativo antes de que existan reglas legítimas.
La propuesta política debe ser concreta:
• Convertir cada compromiso de la mesa en un tablero de cumplimiento: norma, responsable, fecha, evidencia y sanción por incumplimiento.
• Exigir liberación plena de presos políticos, no solo cambios de centro de reclusión o medidas cautelares.
• Restituir derechos políticos, partidos, organizaciones sociales, medios y capacidad de campaña.
• Separar progresivamente justicia, órganos electorales y cuerpos de seguridad de la lógica partidista.
• Fijar un calendario electoral verificable, con observación internacional independiente.
• Evitar que acuerdos sobre petróleo, deuda, activos o privatizaciones de hecho sustituyan la legitimidad que solo puede dar el voto.
El retorno libre de María Corina Machado es la prueba más visible. No bastará con que pueda entrar al país: debe poder recorrerlo, hablar, organizarse, reunirse y competir sin expedientes, vigilancia, restricciones ni amenazas. Una apertura que permita su llegada, pero no su actividad política, sería una autorización administrada, y de ninguna manera significaría una transición.
Perfil de opinión pública: La encuesta AtlasIntel de agosto 2026
La encuesta Latam Pulse Venezuela de AtlasIntel (en alianza con Bloomberg), realizada entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2026, ofrece una radiografía actualizada de la percepción ciudadana. Delcy Rodríguez registra 60,5 % de desaprobación (frente a 24,6 % de aprobación), una mejora marginal respecto al 64,5 % de julio, pero todavía muy lejos de los niveles de febrero.
La gestión del gobierno es calificada como “mala” o “muy mala” por el 57,9 %; mientras que María Corina Machado sigue liderando la imagen positiva (53 %), aunque bajó desde el pico de 72 % de julio. Edmundo González y Lorenzo Mendoza se ubican en 47 % y Marco Rubio alcanza 43 % de valoración positiva.
Sobre el acuerdo petrolero con Estados Unidos, la opinión está dividida: 37-38 % en contra, 35 % a favor y alrededor de 27 % indecisos. El 50 % considera que el pacto beneficiará más a EE. UU. que a Venezuela, mientras que solo el 10 % cree que Venezuela saldrá más favorecida.
Casi la mitad de los encuestados (47 %) sostiene que la administración actual carece de legitimidad suficiente para negociar acuerdos de largo plazo sobre recursos naturales. Estos datos confirman el diagnóstico del perfil político: existe capacidad operativa y cierta apertura, pero el déficit de legitimidad y la percepción de asimetría en los acuerdos energéticos siguen siendo un lastre.
La popularidad de Machado y el rechazo a la gestión interina refuerzan la urgencia de un calendario electoral verificable y de garantías reales de competencia política.
Perfil social: Más oferta, misma fragilidad
La vida cotidiana no se define por los anuncios de Miraflores, Washington o las empresas petroleras, sino que se define por el ingreso disponible, la electricidad, el agua, el transporte, el precio de alimentos, el acceso a salud, la seguridad y la posibilidad de mantener a la familia sin depender de remesas, bonos o economía informal.
Esa vida cotidiana en 2026 sigue marcada por una combinación de fragilidad estructural, expectativas frustradas y nuevos shocks (la salida de Maduro en enero y los terremotos de junio). Las encuestas de este año, especialmente AtlasIntel/Bloomberg (agosto) y Meganálisis (mayo-agosto), muestran una recuperación comercial visible en algunos corredores, pero un deterioro o estancamiento en el bienestar real de la mayoría de los hogares.
Según AtlasIntel, el 70 % califica de mala la situación económica del país y el 72 % evalúa negativamente el mercado laboral. La situación económica de la propia familia es considerada mala por el 55 % (solo el 36 % la ve buena). Las expectativas a seis meses son moderadamente más optimistas: 36 % cree que el país mejorará y 47 % espera mejoría en su entorno familiar. Los principales problemas mencionados (hasta tres opciones) son la corrupción (56 %), la pobreza y el desempleo (33,3 %) y el debilitamiento de la democracia e instituciones (33,2 %).
Más los terremotos del 24 de junio que agravaron la vulnerabilidad preexistente. Evaluaciones de PNUD y FEWS NET estiman daños físicos directos de miles de millones de dólares, cientos de miles de viviendas afectadas o inhabitables y un aumento temporal de la inseguridad alimentaria y el desplazamiento en La Guaira, Caracas y estados vecinos. La presión sobre servicios básicos (electricidad, agua, salud) se intensificó en las zonas golpeadas y se sumó a un sistema eléctrico ya colapsado a nivel nacional.
Por otra parte, la economía muestra más productos y actividad comercial que durante los años de escasez abierta. Pero la oferta no equivale a bienestar. Muchos hogares compran en menor cantidad, sustituyen calidad, postergan salud o educación, recorren distintos comercios buscando precios y combinan salario, remesas, trabajos informales, crédito de cercanía y ayudas familiares.
La recuperación es desigual. Caracas, algunos corredores comerciales, actividades vinculadas al sector privado y hogares con ingresos en dólares viven una mejora relativa. El trabajador público, el jubilado, el pensionado, el empleado informal y las regiones con servicios deteriorados siguen atrapados entre ingresos insuficientes y costos crecientes. La fractura entre una economía dolarizada para pocos y una economía en bolívares para muchos se mantiene como uno de los principales factores de desigualdad.
La prioridad social debe ser recuperar capacidad de vida, no solo consumo visible:
• Sustituir subsidios opacos por transferencias directas, temporales y focalizadas a hogares vulnerables.
• Proteger salarios, pensiones y depósitos frente a inflación y depreciación.
• Recuperar servicios básicos con metas verificables de continuidad, cobertura y calidad.
• Formalizar empleo, reducir costos de contratación y crear incentivos para pequeñas empresas.
• Crear programas urgentes de alimentación, salud y transporte para adultos mayores, niños y hogares de menor ingreso.
• Vincular la futura renta energética a educación, salud, agua y protección social mediante reglas públicas.
La pobreza no se resolverá con dólares en vitrinas ni con consumo concentrado. Se resolverá cuando el trabajo formal permita alimentar a una familia, pagar servicios y planificar el futuro.
En síntesis, las encuestas de 2026 dibujan un perfil social de recuperación desigual y de baja profundidad: más actividad comercial y cierta presencia de dólares en algunos segmentos, pero persistente pobreza de ingresos en alrededor de siete de cada diez hogares (estimaciones UCAB/IIES), colapso de servicios públicos, erosión del poder adquisitivo por inflación y una percepción mayoritaria de que el cambio político de enero aún no se traduce en mejoras tangibles en la vida cotidiana.
Y en el campo social no se puede soslayar el tema de la educación, y el desastre que significó el chavismo;porque desde 2009 –cuando participó únicamente el estado Miranda y no el país en su conjunto- el país que dejó de medirse en las pruebas PISA, cuyos resultados fueron recientemente liberados: ni siquiera figuramos.
En los ciclos posteriores, incluidos PISA 2022 y PISA 2025, Venezuela no presentó datos nacionales; por ello no existe una medida internacional reciente y comparable sobre el desempeño de los adolescentes venezolanos en lectura, matemática y ciencias.
El problema es doble:
• Primero, no se puede diseñar una política de recuperación educativa sin conocer con precisión la magnitud de las pérdidas de aprendizaje, las brechas territoriales, el efecto de la migración docente, la discontinuidad escolar y las diferencias entre educación pública y privada
• Segundo, retirarse de la medición no elimina el deterioro: elimina la posibilidad de cuantificarlo, compararlo y corregirlo
Mientras los resultados regionales de PISA 2025 muestran a América Latina y el Caribe muy por debajo del promedio de la OCDE —con brechas equivalentes a varios años de escolaridad en matemática, ciencias y lectura— Venezuela no tiene siquiera una línea de base actual para saber si está por encima, por debajo o en qué condiciones se encuentra frente a sus vecinos.
La propuesta es directa: Venezuela debe reincorporarse a PISA en el próximo ciclo disponible, pero no esperar el resultado internacional para actuar. Debe iniciar de inmediato una evaluación nacional independiente de aprendizajes en tercer, sexto y último año de bachillerato; publicar sus resultados por estado y nivel socioeconómico; recuperar asistencia, alimentación escolar, infraestructura, conectividad y formación docente; y crear un plan de emergencia de lectura, matemática y ciencias.
La educación no puede seguir siendo una zona sin datos. Un país que aspira a reconstruir industria, petróleo, gas, electricidad, salud y tecnología necesita saber qué están aprendiendo sus jóvenes y qué capacidades tendrá su fuerza laboral dentro de cinco, diez y veinte años.
Perfil económico: Apertura sin piso suficiente
Venezuela tiene recursos, mercado, ubicación y sectores capaces de recuperarse. Pero todavía no tiene un entorno integral de inversión. Hay anuncios importantes de Chevron, Eni, GeoPark, GE Vernova y otros actores; Chevron comunicó una inversión superior a USD 7.000 millones durante cinco años para elevar su producción hacia 600.000 barriles diarios. Sin embargo, anuncios y contratos no equivalen a capital ejecutado, producción incremental, empleo masivo ni mejora inmediata de ingresos.
La economía sigue enfrentando seis restricciones:
• Deuda externa elevada, litigios, laudos, activos expuestos y riesgo de embargo
• Inflación, depreciación, fragilidad fiscal y falta de información monetaria confiable
• Crédito limitado, encaje alto y baja profundidad del sistema financiero
• Presión tributaria y costos administrativos que castigan a la empresa formal
• Competencia importada, logística desigual, baja productividad y capacidad industrial ociosa
• Deterioro de electricidad, agua, combustible, puertos, transporte y telecomunicaciones
La deuda no puede seguir tratándose como problema financiero secundario. Mientras no se auditen obligaciones, acreedores, garantías, jurisdicciones y activos expuestos, cada nuevo flujo petrolero corre el riesgo de ser capturado por litigios o usado como garantía para compromisos apresurados.
La inversión privada necesita saber si un contrato sobrevivirá, si sus ingresos podrán cobrarse y si las reglas fiscales y cambiarias se mantendrán.
La propuesta económica debe seguir una secuencia:
1. Auditoría de deuda, activos externos, empresas estatales, reservas y pasivos monetarios.
2. Protección temporal de activos estratégicos y flujos de inversión contra embargos.
3. Reestructuración de deuda con reducción de valor, períodos de gracia y pagos vinculados a capacidad real de pago.
4. Regla fiscal que impida gastar renta petrolera extraordinaria como ingreso permanente.
5. Publicación de balances del BCV, PDVSA, Corpoelec y principales empresas públicas.
6. Normalización gradual de banca en divisas, pagos, crédito productivo y corresponsalías.
7. Simplificación tributaria, seguridad jurídica y licitaciones competitivas.
8. Política cambiaria con datos públicos y menor discrecionalidad.
La dolarización plena puede ser una opción futura, pero no puede ser la respuesta automática. Primero deben existir disciplina fiscal, reservas auditadas, sistema bancario funcional, protección de salarios y un mandato político legítimo.
Petróleo y electricidad: Sin energía no hay petróleo
El gran error de la narrativa actual (compartida entre el interinato y el gobierno de EEUU) es separar petróleo de electricidad: Son el mismo problema. Una recuperación petrolera seria necesita energía continua para perforar, bombear, tratar crudo, mezclar diluyentes, operar terminales, mantener refinerías, mover equipos y sostener servicios industriales.
Y una recuperación eléctrica sostenible necesita gas, inversión, repuestos, personal, mantenimiento y reglas operativas transparentes.
El acuerdo por 17 campos y 65.000 millones de barriles expresa ambición geopolítica, pero todavía no demuestra viabilidad técnica, financiera ni fiscal… y menos que menos demuestran legitimidad jurídica, ética o política… porque se trata de acuerdos con bandidos.
Por otra parte, las cifras divulgadas son inconsistentes: Caracas habla de un marco de 25 años, mientras Washington ha señalado derechos de desarrollo por 100 años. Tampoco se conocen en detalle el financiamiento, el plan por campo, la certificación de reservas, la fórmula de recuperación de costos, regalías, impuestos, garantías, responsabilidades ambientales, arbitraje o la relación con la deuda externa.
La recuperación petrolera depende de factores que no se resuelven con una concesión:
• Recertificación independiente de reservas y planes de desarrollo por campo
• Taladros, servicios petroleros, personal calificado, mantenimiento y logística
• Diluentes, agua industrial, químicos, almacenamiento, oleoductos y terminales
• Electricidad confiable, generación de respaldo y control de corrosión
• Reglas de inversión, licencias, pagos, seguros, contratos y seguridad jurídica
• Protección de flujos frente a embargos y una estrategia de deuda previa
• Transparencia de beneficiarios finales, costos, exportaciones y renta pública
Por solo nombrar algunas de las decenas de condiciones necesaria que estamos muy lejos de cobrir. Alguien esta semana mencionó la posibilidad de llegar a 15 millones de bpd… bueno… con esa meta, al ritmo de entre 100 y 200 mil bpd de incremento estable y sostenible, demoraremos tanto tiempo (más o menos 70 años), que esta vez sí el petróleo habrá perdido el peso estratégico para ese entonces.
La prioridad estratégica debería ser el gas, pues permite elevar generación eléctrica, reducir uso de diésel, sostener industria, abaratar costos, impulsar petroquímica y crear exportaciones cercanas hacia el Caribe. Sin gas y electricidad, el petróleo será caro, lento y concentrado; con gas y electricidad, puede arrastrar industria, empleo y servicios.
Por eso la propuesta energética es clara:
• Auditar generación, transmisión, distribución, combustible, personal, repuestos, pérdidas y demanda
• Recuperar megavatios firmes y disponibilidad real, no capacidad nominal de centrales
• Priorizar gas para electricidad, industria y hogares antes de comprometerlo principalmente a exportación
• Desarrollar gas costa afuera con reglas claras, ductos, procesamiento, mercado y conexión regional
• Crear una autoridad técnica de energía que separe regulación, operación, planificación y control
• Licitar rehabilitación y expansión con metas de megavatios, continuidad, costos y mantenimiento
• Integrar petróleo, gas, electricidad, agua, transporte y puertos en un plan único de infraestructura
Perfil internacional: Oportunidad con condiciones
La reinserción internacional de Venezuela se acelera, pero ocurre bajo condiciones asimétricas. Estados Unidos controla buena parte de las licencias, sanciones, corresponsalías financieras, activos y arquitectura de inversión. Europa, India, Colombia, Trinidad y Tobago, el Caribe y organismos multilaterales pueden participar, pero Washington conserva capacidad decisiva para abrir o cerrar el ritmo del proceso.
El riesgo es que el país quede atrapado entre dos lógicas: una apertura selectiva para capital alineado con Estados Unidos y un sistema político interno que conserva prácticas de opacidad, discrecionalidad y control. Esa combinación puede atraer negocios de oportunidad, pero difícilmente generará inversión sólida y diversificada de largo plazo.
La oportunidad es mayor si Venezuela logra convertir el interés estadounidense en reglas generales: contratos transparentes, protección de activos, levantamiento gradual de restricciones, cooperación técnica, acceso a financiamiento, energía, infraestructura y apoyo para reestructurar deuda. La relación con Estados Unidos debe ser cooperativa, pero no subordinada: Washington puede facilitar recursos y mercados, pero no reemplazar legitimidad política ni definir unilateralmente el uso de reservas venezolanas.
La propuesta internacional debe centrarse en cuatro frentes:
• Crear un grupo de apoyo internacional para deuda, activos, reconstrucción institucional y financiamiento de infraestructura
• Condicionar licencias y grandes contratos a transparencia, competencia, derechos laborales, protección ambiental y auditoría
• Diversificar socios: Estados Unidos como actor central, pero con Europa, América Latina, Caribe, India y multilaterales
• Vincular cooperación a metas nacionales de empleo, electricidad, gas, agua, salud, educación y seguridad, no solo a producción exportable
Propuesta de próximos pasos y tiempos:
Los próximos doce meses definirán si Venezuela entra en una reconstrucción ordenada o en una estabilización parcial que preserve los problemas de fondo.
Próximos 30 días
• Publicar los contratos y términos económicos de los acuerdos petroleros y energéticos
• Instalar auditorías de deuda, activos, reservas, BCV, PDVSA y Corpoelec
• Definir garantías verificables para presos políticos, partidos, prensa, organizaciones civiles, exiliados y liderazgo opositor
• Establecer un tablero público de transición y recuperación con metas, responsables y plazos
• Proteger activos externos y flujos futuros frente a embargos mientras se ordena la deuda
Entre tres y seis meses:
• Presentar una estrategia de reestructuración de deuda y protección de activos
• Iniciar reducción gradual y prudencial del encaje, ampliar crédito productivo y normalizar pagos en divisas
• Lanzar programa nacional de recuperación eléctrica y gas para industria
• Adjudicar proyectos energéticos e infraestructura mediante reglas competitivas y contratos públicos
• Publicar cronograma electoral, reformas institucionales y mecanismos de observación independiente
• Convertir compromisos de inversión en planes anuales con CAPEX, fuentes de financiamiento, metas físicas y auditoría
Entre seis y 24 meses
• Lograr producción incremental verificable en campos maduros y proyectos de gas prioritarios
• Recuperar capacidad eléctrica firme, mejorar redes y reducir fallas que paralizan hogares y empresas
• Consolidar acuerdos con acreedores, reducir riesgo de embargo y reabrir acceso a financiamiento
• Restaurar competencia política plena y ejecutar elecciones con garantías
• Convertir renta energética en inversión social, infraestructura, empleo y estabilidad macroeconómica
Cierre
Venezuela no está ante una salida automática ni ante un rescate petrolero, sino que está ante una oportunidad condicionada: puede recuperar producción, inversión, instituciones y bienestar, o puede quedar atrapada en un modelo de petróleo administrado desde fuera y poder represivo conservado desde dentro.
La frase que resume el momento sigue siendo la misma que esbocé el agosto de 2025: Los gringos llegaron para quedarse mucho tiempo.
La tarea venezolana es lograr que su presencia sirva para abrir el país, no para sustituir una dependencia por otra; para recuperar instituciones, no para administrar una estabilidad sin democracia; y para transformar petróleo, gas y electricidad en empleo, servicios y libertad.
Contacto: Mail: btripierntn@gmail.com – Instagram: @benjamintripier – X/Twitter: @btripier
El Nacional
La entrada Los gringos llegaron con todo a Venezuela para quedarse, por Benjamín Tripier se publicó primero en Emisora Costa del Sol 93.1 FM.