El doblete sísmico del 24 de junio y las recientes lluvias torrenciales en Caracas avivan la herida de las cientos de familias que aún esperan por una solución habitacional a los desastres naturales. Refugio ‘La Posada de Catia’ en Caracas, Venezuela, el 10 de agosto de 2026.
La eterna espera de los damnificados en Venezuela que viven en refugios y albergues desde hace más de 15 años.
Hace unos años que Magdalena compró una vajilla que soñaba estrenar en la vivienda que pudiera otorgarle el Estado después de haberse quedado sin casa en 2012, cuando se deslizó la tierra en Catia, al oeste de Caracas, a causa de las lluvias, y su hogar se derrumbó junto con los de otras 60 familias. En ese momento fue a parar a un edificio abandonado de la avenida José Ángel Lamas, que ya era refugio de otras familias damnificadas. Algunas de ellas accedieron a una vivienda —incluso en La Guaira, que volvieron a perder después del terremoto—, pero Magdalena nunca pudo salir de ahí. En 2025, después de 13 años, murió en la espera, con su caja de platos aún sin estrenar.
Los refugiados que aún esperan por el otorgamiento de una casa por parte del Estado en Venezuela se han ido acumulando a lo largo de distintas tragedias. La más conocida fue el deslave en Vargas en 1999, que dio inicio a la ocupación de edificios abandonados y dejó el camino abierto para las víctimas que vendrían en los últimos 15 años: habitantes de construcciones no planificadas en barrios populares del oeste de Caracas y La Guaira, que sufrieron la caída de su casa o la declaración de inhabitabilidad a causa de las lluvias de los años que siguieron. Cientos de familias quedaron sin casa y sin una solución permanente.
Moraima, vecina de Magdalena, sube y baja todos los días cuatro pisos de ese mismo edificio —donde permanecen 10 familias refugiadas— a pesar de su artrosis, la inestabilidad en los ligamentos y el déficit de cartílago grado 4 que no le permite flexionar las rodillas. Este padecimiento le obliga a usar bastón, caminar más lento de lo que puede y rogar que no se caiga nada al suelo, pues no puede agacharse. Vive con su hijo Abraham —paciente de autismo severo, que apenas obedece algunas de sus órdenes— y su hermano, que tiene una enfermedad cardíaca y renal. Si vuelve a temblar, corra por las escaleras, le dijo uno de los ingenieros después de evaluar el estado de las columnas tras los terremotos. ¿Pero cómo corro con mi condición?, se pregunta.
Desde entonces, ya la preocupación no es solamente que le asignen una vivienda, sino el estado de la que habita ahora, a la que ella llama espacio humanizado porque no es un apartamento, sino una especie de cubículo al que, durante los últimos 14 años, ha agregado colchones, sábanas que dividen los espacios y algunos electrodomésticos.
Hace unos años a Moraima le llegó la aprobación de un crédito de 8.000 bolívares (unos 10 dólares) para comprar una casa. Pero, a ese precio, solo consiguió ranchos en favelas a los que no puede acceder por su discapacidad. Desde entonces, espera o un crédito más elevado o un lugar más conveniente. Sin embargo, después de varias devaluaciones, además de que el dinero no le llega, el turno en el mercado secundario, que es el nombre del plan de activación de créditos para viviendas de refugiados, funciona casi como una lotería. Quién sabe cuándo le vuelva a tocar.
En la misma espera permanecen 110 familias que han llegado a la Torre Pomarrosa de Catia en los últimos 16 años en condiciones que no solo tienen que ver con desastres naturales. Hay desde afectados por operativos de supuesta seguridad llamados OLP hasta trabajadores del Estado o familias en situación de calle.
Este último es el caso de Yarcelis, una mujer de 41 años y madre de 6 hijos —uno de ellos con autismo y microcefalia—, quien vive desde hace 10 años en la torre con los dos más pequeños y su madre, quien sufre de prolapso.
Yarcelis no trabaja. Se mantiene con la ayuda que le envía su hija mayor y la madrastra de sus hijos, además de la limosna que pide. Yo quisiera irme para donde me den porque imagínate. Con tantas cosas, a veces a uno le da depresión, porque uno a veces no tiene ni pa’comer, aunque uno tenga internet, dice. Sin embargo, no ha intentado salir por sí misma: Siempre he estado esperando, porque aquí dicen que si uno habla o dice algo… Le meten miedo a uno, pues. Son muchas cosas.
La puerta del Pomarrosa se cierra con llave después de las 10 de la noche y nadie puede entrar o salir. Los vecinos comparten baño con otras 20 personas a pesar de que no llega el agua todos los días y tienen prohibido abrir las ventanas. Nos tienen aquí como si fuéramos unas cucarachas, dice Yarcelis.
El día del doblete sísmico, por ejemplo, las familias vivieron las réplicas encerradas. Ellos están viviendo en unos cubículos adscritos a una institución del Estado y tienen que tener una autorización por escrito de nuestra institución para poder salir de noche o recibir visita, porque no son propietarios, explica Marioxis Barrios, funcionaria de la Comisión Presidencial de Refugios Dignos.
El Gobierno del Distrito Capital tiene en esta situación a 398 familias distribuidas entre cinco refugios —para personas damnificadas, en lugares que serían temporales— y cuatro albergues —que son invasiones permitidas por el Estado en edificios abandonados donde otrora funcionaban hoteles, aerolíneas, museos o bancos, y ahora viven personas con casos sociales—. Los albergues están custodiados por las Cuadrillas Defensoras de la Paz (Cupaz) que creó Nicolás Maduro en 2019 para imponer control social y político en las comunidades, por lo que allí no existe la libre expresión.
En el albergue Posada de Catia, los niños que nacieron ahí juegan con una pelota que ya no rebota. Al fondo hay unos tanques de agua que usan también como piscina, y un vecino que tiene dos cochinos, un par de gallinas y unos patos que conviven junto con todos los demás. Cuando me salga la casita, a lo mejor los mataré, dice Raúl, quien vivía en el sector Federico Quiroz de Catia hasta 2010, cuando se le derrumbó su hogar por otra riada.
José, su vecino, llegó por el mismo motivo con su esposa embarazada. De aquí ha salido mucha gente, pero esto se paró el 28 de julio (de 2024) por la vaina de las elecciones. Yo me imagino que en ese momento empezaron a mover otras teclas, dice refiriéndose al fraude electoral que desató una ola de represión sostenida por parte del gobierno.
En 2010 había más de 100 familias en la Posada de Catia y hoy quedan 15, lo que ha permitido que tomen más espacio y vivan un poco más cómodos. No sé con exactitud cuándo va a llegar mi turno, porque hay que entender que esto no puede suceder de la noche a la mañana y, gracias a Dios, no estoy debajo de un puente, dice, sin hacer mucho más. Estamos esperando. La única gestión que voy a hacer es cuando me digan que busque mi casa.
Jessica es la vocera principal del albergue Casa Taller, también en Catia, donde ahora se hospedan 21 familias. Muchas se fueron del país y solo le entregaron vivienda a dos, en los Valles del Tuy, pero yo tengo la intención de que me den vivienda en Caracas, por el trabajo de mi esposo y la enfermedad de mi hija, que tiene parotiditis crónica y sialoadenitis. Además, parece que tengo lupus, entonces irse uno comprometido con la salud a otro estado no es lo ideal.
El lugar tiene un mes sin agua y, aun así, los baños son compartidos entre 12 personas. Sin embargo, Jessica anhela que construyan las viviendas dentro del mismo albergue: Nos han dicho que quieren hacer aquí una Sala de Autogobierno, para que funcionen los Cupaz. Pero aquí cabemos todos, dice.
En julio, el gobierno de Delcy Rodríguez entregó 200 viviendas a damnificados del doblete sísmico, a tan solo tres semanas del suceso. Por eso, los refugiados de edificios como el Pomarrosa y la Casa Taller hicieron su denuncia a través de TikTok, pero la respuesta solo ha sido el anuncio de otro censo a las familias y una advertencia: Se informa que hay refugios y albergues con particularidades donde han realizado videos y llevan a cabo acciones de desacato, los cuales no serán aceptados y serán activados bajo la acción legal.
Los refugios y albergues en Caracas son lugares que muchos ciudadanos no saben que existen. Todos están ubicados en el Municipio Libertador —históricamente dominado por el chavismo— y la mayoría de estos edificios tienen filtraciones importantes y daños postremotos que no han sido atendidos.
Sus habitantes no solo tienen miedo de que no se les dé respuesta, sino de que, si la exigen, sean enviados a vivir en peores condiciones de las que tienen actualmente. Por eso hay cierta anestesia en sus palabras, que hablan de esperanza aun con la mirada perdida de tanta espera. Jessica se lo deja a la fe: Hay que tener paciencia y pedir para que nosotros salgamos beneficiados, porque no tenemos recursos para comprar una vivienda. Tenemos que confiar en Dios: llegará la oportunidad.
Marcy Alejandra Rangel – El País de España
La entrada Los damnificados en Venezuela que viven en refugios gubernamentales desde hace 15 años se publicó primero en Emisora Costa del Sol 93.1 FM.