Las cifras oficiales del balance de gestión educativo de Héctor Rodríguez y la realidad de los salones de clases en Venezuela.
El reciente informe del Ministerio de Educación habla de 6.009.254 estudiantes inscritos (julio 2026), 369.810 egresados y de avances en reducción de déficit docente y formación. Sin embargo, los diagnósticos de centros de investigación y encuestas de hogares revelan que en el país persisten las brechas en asistencia regular, resultados de aprendizaje e infraestructura. Un salón de clases improvisado debajo de un árbol en Maracaibo estado Zulia.
Las disonancias entre las cifras oficiales del balance de gestión educativo y la realidad de las aulas
Los reportes de la Encovi 2025 revelan que solo 29% de las instituciones educativas dotadas con el PAE logran servir almuerzos de manera continua e ininterrumpida todos los días de la semana.
El balance de gestión escolar del período 2025-2026, presentado recientemente por el Ministerio de Educación, dibuja un escenario de recuperación y consolidación de la enseñanza pública en el país. Según los datos del Sistema de Gestión Escolar, la matrícula de alumnos experimentó un alza progresiva en los últimos tres años, pasando de 5.570.942 inscritos en julio de 2024 a 5.936.006 en julio de 2025, hasta alcanzar una cifra cumbre de 6.009.254 estudiantes en julio de 2026, lo que representa un crecimiento acumulado de 7,9% y el egreso simultáneo de 369.810 nuevos bachilleres.
Sin embargo, detrás de la contabilidad gubernamental los diagnósticos de centros de investigación y encuestas de hogares revelan una verdad estructural mucho más preocupante: un sistema fragmentado en el acceso, la permanencia y las condiciones de aprendizaje.
Los datos aportados en mayo por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2025) exponen que la cobertura educativa real de la población escolarizada apenas alcanza 64%, lo que significa que aproximadamente 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes están completamente fuera del sistema educativo formal venezolano, marginados de toda oportunidad formativa.
Hay un tercio de la población de 3 a 5 años que permanece desescolarizada y con ello se está perdiendo de recibir todo el apresto necesario para el desarrollo de los aprendizajes, indicó durante la presentación de los resultados de la encuesta Anitza Freitez, coordinadora de la encuesta y directora general del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES-UCAB).
Aulas abiertas pero vacías: la paradoja de la asistencia irregular y el calendario académico
En las estadísticas oficiales de la cartera educativa se resalta con optimismo que, de un total de 188 días escolares planificados, se cumplieron de manera efectiva 178 jornadas, alcanzando 94,68% del calendario académico establecido para el año lectivo. Adicionalmente, el Ejecutivo estima que el promedio de asistencia mensual de los estudiantes llegó a 82,73%. Aunque estas cifras sugieren un flujo continuo y ordenado de actividades dentro de las escuelas, las investigaciones independientes evidencian que el funcionamiento administrativo no se traduce en permanencia física real en los pupitres.
El monitoreo de la Encovi 2025 advierte que 44% de los estudiantes matriculados asiste a clases de forma irregular, reduciendo su presencia a solo dos o tres días a la semana. Esta inasistencia no es una decisión voluntaria, sino la consecuencia directa de privaciones cotidianas acumuladas.
Tenemos un 60% que asiste regularmente y un 40% que no lo hace. Allí hay un elemento de desigualdad que va ampliando las desventajas que apuntan a la acumulación de condiciones de vulnerabilidad, señaló Freitez.
La investigación advirtió que el rezago escolar continúa aumentando y se ha convertido en una antesala de la exclusión educativa. Entre 2017 y 2025, se triplicó el rezago severo entre niños y adolescentes.
La Encovi ha sido por años la referencia de datos sobre la situación del país frente a la opacidad del gobierno.
Diversos estudios de la plataforma HumVenezuela demuestran que las recurrentes fallas de los servicios públicos básicos en las comunidades y escuelas, como los cortes prolongados de electricidad y la escasez crítica de agua potable, sumados a la falta de transporte eficiente y al empobrecimiento socioeconómico de los hogares, obligan a suspender la rutina de aprendizaje para casi la mitad de la población escolarizada.
“Para evaluar el derecho a la educación se necesita avanzar hacia el concepto de ‘tiempo efectivo de aprendizaje’. Este integra, al menos, cuatro variables: días reales de apertura, presencia efectiva del estudiante, presencia y continuidad del docente y número de horas pedagógicas impartidas. Ninguna de esas dimensiones, considerada aisladamente, permite conocer la exposición real del estudiante a oportunidades de aprendizaje”, explica en su más reciente informe Carlos Trapani, abogado y coordinador general de la organización defensora de derechos de la niñez Cecodap.
El abogado recomienda desarrollar y publicar un indicador nacional de tiempo efectivo de aprendizaje, con desagregación territorial y por nivel educativo. Esto permitiría, señala, identificar dónde la apertura formal del plantel no se está traduciendo en continuidad pedagógica y orientar recursos a las zonas con mayores pérdidas de tiempo escolar.
Alimentación e infraestructura: Toneladas de insumos contra la desatención diaria
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es presentado de forma sistemática por el gobierno como uno de los logros más monumentales en términos logísticos y de protección social. De acuerdo con las cifras oficiales, la distribución de alimentos a través del programa estatal experimentó un incremento sostenido, movilizando 21.762,97 toneladas en el ciclo 2023-2024, aumentando a 54.095,55 toneladas en el lapso 2024-2025 y alcanzando 66.412,91 toneladas en el ciclo 2025-2026, lo cual representa casi el triple del tonelaje inicial en un período de tres años.
Sin embargo, la movilización agregada de alimentos no garantiza que los estudiantes reciban el plato de comida que necesitan para asegurar su nutrición y rendimiento escolar.
Los reportes de la Encovi 2025 revelan que solo 29% de las instituciones educativas dotadas con este programa logran servir almuerzos de manera continua e ininterrumpida todos los días de la semana. Para el resto de las escuelas, la comida llega de manera esporádica e insuficiente, perdiendo así su impacto real como mecanismo de retención estudiantil y de mitigación del hambre en las regiones más vulnerables del país.
En materia de infraestructura física y atención social, el panorama oficial reporta la intervención y reparación de 1.474 planteles educativos en el lapso 2025-2026, una cifra en aparente ascenso respecto a las 1.415 obras del período previo y las 831 ejecutadas en 2023-2024, junto a la edificación de 22 nuevas escuelas que beneficiarían a 4.860 estudiantes.
De igual forma, el Ejecutivo destaca la entrega masiva del Plan Textil Estudiantil con la distribución de 429.408 morrales y más de 4,3 millones de uniformes. A pesar de la visibilidad que se le otorga a estos esfuerzos materiales, la opacidad metodológica sobre qué constituye una “institución atendida” es total, ya que bajo este término se agrupan tanto refacciones menores de pintura como reformas estructurales complejas, omitiendo detallar si los colegios cuentan con los estándares mínimos indispensables de agua potable, saneamiento, electricidad, ventilación y adaptaciones de accesibilidad.
Mientras tanto, la crisis de los servicios básicos persiste en el interior del país, y el doble terremoto registrado el 24 de junio de 2026 deterioró aún más la planta física escolar en múltiples zonas de la geografía nacional, condicionando de manera drástica el inicio y la seguridad del próximo año académico.
El dilema del magisterio y los incentivos paliativos frente a la crisis salarial
La cobertura de cargos docentes es otro de los pilares que el Ministerio de Educación exhibe como un avance clave. El balance oficial indica que el déficit de docentes especialistas se redujo a casi la mitad, pasando de una brecha inicial de 25.393 vacantes en julio de 2025 a 13.834 vacantes sin cubrir en julio de 2026, lo que implica la incorporación o reasignación de 11.559 plazas en solo un año. Del mismo modo, el gobierno resalta el robustecimiento del Plan Nacional de Formación Docente, con una participación que se incrementó 37,64% al pasar de 193.541 educadores capacitados a 266.385 en el ciclo escolar más reciente.
No obstante, estos datos no disipan la crisis laboral y profesional que aqueja al magisterio venezolano. Los reportes gremiales y las evaluaciones territoriales confirman que las precarias condiciones salariales y laborales continúan empujando a los maestros fuera de la carrera docente. La dotación gubernamental de beneficios alternativos, como la entrega de 3.036.338 combos de alimentación y el incremento de atenciones en salud en el Ipasme —que reporta un crecimiento de 23,06% en atenciones integrales (646.437), 11.296 intervenciones quirúrgicas y un alza sustancial en exámenes de laboratorio clínico (757.774)—, representa una ayuda paliativa que no compensa la ausencia de salarios dignos ni garantiza la permanencia estable de profesionales calificados en áreas clave de la enseñanza de nivel medio.
El gobierno dice que el Plan Nacional de Formación Docente se incrementó 37,64%.
La pregunta no debería limitarse a cuántos docentes fueron reincorporados, sino cuántos pueden construir una trayectoria profesional sostenible dentro del sistema. Desde una perspectiva bioética, la dignidad de los trabajadores de la educación no es un elemento accesorio: las condiciones en las que una persona enseña afectan tanto sus derechos como la calidad de las oportunidades educativas de los estudiantes, agrega Trapani.
Advertencias sobre el verdadero impacto de las políticas públicas
Ante esta brecha entre las cifras de los despachos estatales y la realidad en las comunidades, Trapani señala que existe una enorme diferencia entre mejorar circunstancialmente las estadísticas administrativas y lograr una auténtica restitución del derecho a la educación en Venezuela.
El coordinador general de Cecodap advierte que, si bien hay ciertos movimientos de gestión que merecen ser tomados en serio e incorporados al análisis de las políticas públicas, el volumen global de insumos distribuidos no equivale automáticamente a un cambio real en la calidad de vida y aprendizaje de los niños y adolescentes.
El volumen de insumos distribuidos no equivale automáticamente a un cambio real en la calidad de vida y aprendizaje de los niños y adolescentes.
Para el abogado un aumento de matrícula o un conteo de toneladas de comida entregada no sustituyen la urgencia de evaluar si las intervenciones gubernamentales benefician prioritariamente a los sectores más vulnerables de la población escolar o si, por el contrario, los promedios nacionales difundidos en los informes oficiales están sirviendo para camuflar y profundizar las asimetrías territoriales y la exclusión de quienes enfrentan mayores desventajas socioeconómicas, como es el caso de niños con discapacidad, de comunidades rurales e indígenas y adolescentes con responsabilidades de cuidado o trabajo.
Venezuela puede estar mostrando una recuperación parcial de determinados indicadores de gestión educativa sin que exista todavía evidencia suficiente para afirmar una recuperación integral del derecho a la educación. La distinción es decisiva: matrícula no equivale a cobertura universal; días de apertura escolar no equivalen a tiempo efectivo de aprendizaje; toneladas de alimentos no equivalen a alimentación escolar regular; plazas docentes cubiertas no equivalen a una carrera docente sostenible; instituciones ‘atendidas’ no equivalen necesariamente a escuelas plenamente funcionales, y participar en una evaluación no equivale a demostrar aprendizajes, afirma.
El gran vacío del sistema: la evaluación invisible de los aprendizajes escolares
Asimismo, sostiene que el vacío más evidente y estructural que presenta el balance publicado por el Ministerio de Educación es la ausencia de datos e indicadores transparentes sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Aunque el documento oficial indica que un total de 23.356 planteles educativos —equivalente a 80,88% de las instituciones activas— participaron activamente en las evaluaciones programadas sobre contenidos esperados en áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales e identidad, el organismo rector del sector educativo ha mantenido en reserva los resultados obtenidos.
Según el gobierno, más de 23.000 planteles educativos participaron en evaluaciones programadas sobre contenidos esperados.
Desde el derecho a la educación, el reto consiste en avanzar simultáneamente en disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Desde los derechos de la niñez, ello implica colocar en el centro el interés superior, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la asistencia regular, la permanencia y el desarrollo integral. Desde la bioética, obliga además a formular una pregunta distributiva: ¿las mejoras están llegando a quienes enfrentan mayores desventajas o los promedios nacionales están ocultando nuevas formas de exclusión?, explica.
El abogado reitera que ampliar la cobertura, los recursos y la infraestructura no garantiza por sí solo una formación efectiva. Asimismo, sostiene que garantizar el derecho a la educación va más allá de abrir aulas; implica brindar condiciones reales para el desarrollo de competencias, saberes, pensamiento autónomo, ciudadanía y un plan de vida integral.
Carlo Trapani, coordinador general de Cecodap, sostiene que garantizar el derecho a la educación va más allá de abrir aulas.
La falta de datos también impide realizar un diagnóstico veraz que permita determinar la calidad de la enseñanza que se imparte en el país y el nivel real de desarrollo de capacidades cognitivas de la niñez.
El coordinador de Cecodap afirma que el seguimiento de la reconstrucción académica exige medir de forma comparativa los aprendizajes en áreas como lectura, escritura, matemáticas, ciencias y otras competencias esenciales. Para lograr un diagnóstico preciso, detalla, estos datos deben segmentarse por nivel académico, región geográfica, modelo de gestión escolar y factores de equidad, permitiendo además monitorear el avance, los vacíos de conocimiento y el ritmo de regularización de los estudiantes.
Sin embargo, para garantizar que esa oferta educativa se traduzca en aprendizajes efectivos, el especialista también enfatiza la necesidad de institucionalizar una evaluación nacional periódica. Dicha prueba debe contar con una metodología pública y comparable en el tiempo, asegurando la difusión de resultados generales y su aprovechamiento pedagógico. Desde su perspectiva, esta medición no debe servir para castigar a planteles o alumnos, sino para detectar desigualdades, destinar recursos de apoyo y guiar el rumbo de la política pública.
Karla Pérez Castilla – El Nacional
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